Alerta 86: Censura en la universidad

Paola Raffetta es Licenciada en Estudios Orientales y, hasta marzo de este año, enseñaba en la Escuela de Estudios Orientales "Rev. Padre Ismael Quiles S.J." de la Universidad del Salvador (de ideario católico jesuítico). La licenciada no es católica; de hecho, participó en la campaña de apostasía colectiva llevada a cabo en nuestro país, y apareció citada en una nota periodística explicando sus razones para apostatar, fundamentadas en sus muchos desacuerdos con la Iglesia Católica.

El primer día de abril la Lic. Raffetta recibió de su escuela una notificación de despido, o más bien, una notificación de que "no está propuesta como docente para el año académico 2009", basada en el Estatuto Académico de la USAL, que en su artículo 39 explicita que los docentes tendrán como deber "No difundir ni adherir a concepciones que se opongan a la doctrina católica".

Raffetta adhirió a un estatuto que explícitamente le prohibía emitir ciertas opiniones, y luego violó ese estatuto de forma flagrante: eso es indiscutible. Lo que sí es discutible, y merece un debate, es por qué existen (por qué permitimos que existan) instituciones educativas que por un lado reivindican la libertad académica y por el otro incluyen en sus estatutos cláusulas explícitas de censura.

Es cierto que la USAL es privada, es decir, que los alumnos pagan por recibir clases en ella, y que presumiblemente conocen y adhieren al ideario de la universidad. Es decir, pagan por que les enseñen de cierta manera y no de otra. Que en condiciones normales uno tiene derecho a recibir aquello por lo que pagó es indiscutible. Debatamos, entonces, si esta idea de impartir conocimiento como un simple "servicio" (que se puede comprar y vender) debe ser aceptada como tal y tener la legitimación que significa la venerable institución occidental de la universidad.

No hablo de la diferencia entre quien tiene dinero para pagar y quien no, que es un tema aparte, sino de la ética y la conveniencia social de tener instituciones aceptadas como fuentes de saber que tengan un perfil confesional o ideológico cerrado hasta este punto. En otras palabras, ¿está bien que como sociedad nos parezca bien pagar para no oír críticas a nuestras creencias? A muy pocos les gustaría, seguramente, ir a una clase de historia donde se negase el Holocausto o a una de biología donde se enseñase el Génesis como origen de los seres vivos, pero exceptuando tales extremos, ¿pagaríamos para tener profesores que piensen igual que nosotros, que no desafíen nuestras concepciones infundadas, que se abstengan cautelosamente de ponernos la realidad frente a los ojos?

Consideremos, también, el alcance del estatuto universitario. Que yo sepa, la Lic. Raffetta no emitió mensajes anticatólicos en sus clases. El estatuto ¿se debe interpretar como válido en todo lugar y circunstancia, o solamente dentro de la universidad? La primera posibilidad no puede estar muy lejos de lo ilegal. La prohibición de oponerse a la doctrina católica, ¿vale también para conversaciones privadas? No sabemos, pero podemos imaginar lo que hubiera ocurrido si la Lic. Raffetta hubiese comentado sus ideas ante alumnos o profesores intolerantes de su escuela. ¿Vale el estatuto para opiniones emitidas en un blog o en la radio, aunque no se asocie de ninguna manera a la persona que las emite con la universidad en la que trabaja? Aparentemente, para la USAL, sí.

La supresión de las ideas contrarias sin tener en cuenta la diferencia entre el ámbito privado y el público, el personal y el institucional, es un ingrediente clave del totalitarismo. No sé si Paola Raffetta estaba consciente de eso cuando decidió trabajar para la USAL; quiza pensó que una opinión como la suya, expresada en un diario, podía volverla muy impopular, pero no sería causal de despido.

Permitir que un empleador prohíba a un empleado que emita opiniones contrarias a suyas, en su tiempo libre y a título personal, no es ético y no debería ser legal. Permitir que se llame "universidades" a instituciones donde una parte de la realidad es suprimida y las opiniones impopulares son censuradas es un error para una sociedad democrática. A ver si esto nos despierta: aquí nomás hay muchos lugares donde, en lugar de abrirles la mente a las personas que buscan educación, se las encierra en una burbuja y se les tapan los oídos.

(Gracias a Ateo Militante por alertarme sobre esta noticia.)