A110: La lucha contra los derechos

No hay mucho que agregar a lo que ya sabemos (porque se ha tratado aquí el tema una docena de veces), pero no quería dejar pasar este artículo, Cruzados con la puerta cerrada, que publica Página/12.

Una organización ultracatólica quiso impedir en la ciudad de Buenos Aires la reglamentación sobre abortos no punibles. Otra pretendió evitar en Tucumán la aplicación del Programa de Salud Sexual. Ambas causas fueron rechazadas. La estrategia regional de los grupos “antiderechos”.

Las organizaciones citadas son la Asociación Pro Familia, la representante argentina de Vida Humana Internacional (sección hispana de Human Life International), y el Movimiento Familia y Vida.

Pro Familia estaba tratando de obstaculizar la aplicación del artículo 86 del Código Penal Argentino, que reglamenta los abortos no punibles. En 2007 el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires emitió un protocolo de atención de estos abortos, que frecuentemente se ven retrasados o impedidos por quienes ponen su religión por delante de la ley. Pro Familia primero lo impugnó y luego presentó una demanda judicial, que fue desestimada. Antes habían tratado de bloquear la distribución de la "píldora del día después" (que los sitios católicos como Vida Humana Internacional califican consistente y mentirosamente como abortiva), y antes de eso, impugnaron la postulación de Carmen Argibay a la Corte Suprema de Justicia por su ateísmo confeso y su postura en favor del derecho al aborto.

Entretanto, Familia y Vida perdió su batalla contra el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (PNSSyPR). En 2002 habían pedido que se suspendiera, dejando sin consejería y métodos anticonceptivos a miles de mujeres y madres jóvenes y pobres en todo el país, pero un juzgado en Tucumán no lo permitió. En la ciudad de Córdoba hay otras cinco causas similares, entre ellas tres presentadas por asociaciones católicas, cada una conducida por un sacerdote. En Mendoza y Tierra del Fuego hay sendas causas judiciales, una de ellas iniciada por un asesor de menores en representación de los "niños por nacer".

En una entrevista la abogada chilena Lidia Casas Becerra decía sobre el tema:

"Se ha litigado muchísimo en la región en los últimos años, no sólo en la Argentina, contra la anticoncepción de emergencia y también contra todos los demás métodos, con excepción del de Billings aceptado por el Vaticano. Los argumentos viajan de un país a otro."

"Hay un patrón de presentaciones judiciales contra la salud sexual y reproductiva en el continente […] Esta estrategia de judicialización ha ido permeando en toda América latina. Hay una oposición fundamentalmente católica, súper activa, que utiliza los tribunales como el gran foro de discusión en materia de autonomía sexual."

Como todos sabemos, los tribunales no se forman por consenso popular ni son dictadores de verdades, ni siquiera de "justicia". La estrategia católica contra los derechos reproductivos y sexuales se asienta en la influencia que posee en los sectores conservadores que pueblan la mayoría de las sedes judiciales de América Latina, y en una campaña permanente de distorsión y desinformación (caracterizar anticonceptivos como abortivos, llamar niños o bebés a embriones y fetos apenas desarrollados, etc.). Como sus "verdades" doctrinales no son compartidas por la población (y de hecho son científicamente indemostrables), pasan directamente al litigio y la obstrucción judicial. Allí suelen tener éxito, al menos temporal, aunque los tiempos ciertamente han cambiado.