Las instituciones religiosas no existen en un vacío; todas ellas, incluso las más cerradas (como las sectas), tienen que adecuar su estilo de discriminación y fomento de la intolerancia al medio social en que están arraigadas, de la misma manera que adaptan sus prédicas y sus rituales. Así es que podemos observar actitudes bastante distintas entre obispos, y especialmente entre los obispos de distintos países. (Mientras que, por un lado, al menos un obispo europeo ha expresado dudas sobre la conveniencia de prohibir el uso de anticonceptivos, sabemos que al menos un obispo africano no está seguro de que sea inmoral condenar a muerte a los homosexuales.) Los jerarcas eclesiásticos de países progresistas, donde reinan —mal que mal— ciertos derechos humanos básicos, se ven compelidos a no hablar demasiado en contra de esos derechos; aquéllos que reinan sobre países más pobres, más atrasados y con feligreses de escasa instrucción (es decir, casi todo el mundo), no tienen empacho en exponer las doctrinas oficiales en toda su barbarie.Ésta la explicación de que una persona sin autoridad moral alguna, el cardenal Nicolás López Rodríguez, arzobispo de Santo Domingo, pueda decir y diga ante periodistas que los derechos sexuales y reproductivos son un “invento” de gente sin principios ni moral, una “tontería” y una idea “foránea” que los dominicanos no deben adoptar. Todo ello, en respuesta a una simple campaña destinada a que los ciudadanos, especialmente los jóvenes, sepan que ni curas ni pastores ni ningún otro santurrón tiene derecho a ordenarles qué hacer o dejar de hacer con sus cuerpos.
Profamilia es una ONG con sede en la República Dominicana que se dedica a los servicios de salud sexual y reproductiva. Hace poco lanzó una campaña de concientización sobre la educación sexual, el acceso a la anticoncepción, el aborto y la denuncia del acoso sexual como derechos humanos. Se trata de cuatro spots publicitarios muy cortos, sencillos y no excesivamente controvertidos; el que corresponde al aborto —el tema más sensible de todos— simplemente explica que obligarle a una mujer a “mantener un embarazo producto de una violación, incesto o cuando la vida de la mujer está en peligro es una violación al derecho a una vida digna”, afirmación que legalmente se deriva de tratados internacionales que la República Dominicana ha firmado, más allá de ser una cuestión de sentido moral común para cualquier persona decente.
La Iglesia Católica no se limitó, como en otros países, a señalar que no está de acuerdo con la campaña o que su contenido es inmoral o a lanzar mensajes de advertencia sobre la disolución de la moral: presentó un recurso de amparo, una injunción legal, para que los spots fueran prohibidos. Vale decir, la Iglesia no sólo bloquea la educación sexual de los niños (incluyendo la concientización para saber detectar y denunciar acosos sexuales) por parte del estado que tiene la obligación de darla, sino que también pretende prohibir las campañas privadas que la fomenten y eliminar el tema, en lo posible, del discurso público. De ahí la acción legal y la descalificación del cardenal López Rodríguez.
Afortunadamente, por esta vez, la Iglesia no lleva las de ganar. Prohibir la campaña de Profamilia arriesgaría la posibilidad de juicios contra el estado dominicano, puesto que violaría varios tratados internacionales. Es, efectivamente, un derecho de todo ser humano recibir educación sexual, incluyendo la información necesaria para saber cuándo alguien está pisoteando tus derechos sexuales y reproductivos, sea tu pareja, tus padres, tus empleadores, el Estado… o la Iglesia. Le queda a los obispos su púlpito, desde el cual podrán —como es su derecho— seguir lanzando sus anatemas ante el rebaño que desee oírlas.
