Esos derechos humanos ajenos a la Iglesia

El pasado miércoles 5 de febrero el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas emitió un durísimo comunicado sobre la inacción del Vaticano ante los abusos sexuales cometidos por sacerdotes de la Iglesia Católica sobre niños a su cuidado y ocultados sistemáticamente por las autoridades de la misma.

El informe criticaba además la promoción, por parte de la Iglesia, de la discriminación a los homosexuales y de los roles de género rígidos, y su rechazo (con graves consecuencias) al reconocimiento del derecho a la anticoncepción y el aborto. Estas cuestiones quedaron, no obstante, opacadas por el tema de la pederastia sacerdotal, su encubrimiento y las medidas (no) tomadas para prevenirlo, ante el cual las autoridades eclesiásticas convocadas por la ONU a declarar respondieron con evasivas.

En un artículo publicado en el diario argentino Infobae, la periodista Claudia Peiró señala algo airadamente este hecho, haciendo suyas las palabras del vaticanista Sandro Magister al notar que el informe consta de 16 páginas y “a la pedofilia el documento llega en la página 9”. El resto parece, según Peiró, “la agenda de lo que ciertos grupos esperan que haga la Iglesia”, entre los que incluye “grandes ONG de derechos humanos”.

El tono que se puede percibir es de velada indignación, como si la ONU o las “grandes ONG de derechos humanos” no tuvieran derecho alguno a pedirle a una institución poderosa e influyente a lo largo del mundo que deje de infringir los derechos humanos. A la Iglesia se le puede reclamar por el abuso sexual de niños (pero con respeto, eh, y teniendo en cuenta que el papa actual es nuevo e inocente y no sabía nada de todo eso y además ¡es tan humilde…!) pero no por el abuso psicológico que representa decirle a millones de niños y jóvenes, cada día, que si les gusta una persona del mismo sexo tienen una enfermedad o que sus padres del mismo sexo no son una verdadera familia; se le puede reclamar (¡pero es cosa del pasado, mejor olvidémosla pronto!) que reconozca que durante décadas les quitó sus hijos a mujeres solteras o las tuvo virtualmente presas y en condiciones de trabajo esclavo, pero no se le puede reclamar por su actual propaganda en favor del modelo de mujer que sólo es moral si pasa de ser virgen a ser esposa sumisa y madre abnegada, con prescindencia de su salud mental y física; se le puede pedir a la Iglesia, en fin (¡pero amablemente!) que haga algún gesto por sus delitos más horrendos del pasado, pero no que cambie sus políticas que hacen daño hoy. Porque esas políticas, si hablamos de la Iglesia Católica, se llaman “doctrinas”, o “la Tradición”, o “las enseñanzas de la Iglesia”, y como tales son intocables.

Así lo dice Peiró:

Todo el tono del documento recuerda a la forma en que, tras la renuncia de Benedicto XVI y aun antes de la elección de Jorge Bergoglio, diversos analistas y lobistas, por lo general ajenos a la Iglesia, iban marcando la agenda de "modernización" que el nuevo Papa debería encarar.

(El énfasis es mío.) En algún punto de su nota a Peiró se le olvidó explicar por qué los que somos “ajenos a la Iglesia” no podemos “marcar agenda”, o hablando con propiedad, criticar y reclamar cambios. En buena parte del planeta es bastante difícil, si no imposible, ser verdaderamente “ajeno a la Iglesia”, porque la Iglesia gerencia las escuelas donde van nuestros hijos, pulula en los hospitales donde vamos a tratarnos, preside algunos de los eventos más importantes de la vida social, y tiene siempre un asiento libre en la mesa de los políticos que hacen nuestras leyes.

¡Qué más quisieran muchas mujeres, imposibilitadas de acceder a anticonceptivos hormonales y a la posibilidad de interrumpir un embarazo no deseado, ser “ajenas a la Iglesia”! ¡Cuántas personas que sufren terribles dolores por enfermedades terminales quisieran que la Iglesia fuera “ajena” a las leyes que les impiden acabar sus vidas dignamente! Pero la Iglesia se llama a sí misma Católica, que significa Universal, precisamente porque su objetivo es no ser ajena a nadie ni a ningún asunto en el mundo.

Esta pretensión de universalidad es la que pone en colisión a la Iglesia Católica con casi cualquier organización de derechos humanos que se precie de su nombre, ya que el catolicismo institucional ha estado y está en conflicto con casi todos esos derechos. La idea de los “magisterios no superpuestos” (non-overlapping magisteria, NOMA) con que Stephen J. Gould pretendió separar las competencias de la religión y la ciencia para negar su conflicto es tan falaz como su contraparte en el campo de lo político.

La Iglesia hace política. Los organismos de derechos humanos pueden muy bien “hacer doctrina”.

Libertad para impedir

Estoy oficialmente de vacaciones pero no quería dejar olvidada esta noticia. Algunos quizá sepan del gran lío que se le armó a Barack Obama cuando quiso que se aprobara su paquete de salud pública (rápidamente bautizado Obamacare). Una parte de la oposición se centró específicamente en la obligación legal, de parte de todos los empleadores, de ofrecer a sus empleados un seguro que cubriese servicios de salud reproductiva.

Al contrario de lo que sus detractores más alucinados proclaman, Obama no es un criptocomunista decidido a instaurar una dictadura cuasi-soviética en su país, y la ley incluía un compromiso por el cual quedan exentas de esta obligación las organizaciones religiosas en sentido estricto. Vale decir: si un templo de una religión que se opone a la anticoncepción o al aborto tiene empleados, el empleador puede ampararse en este hecho para no ofrecer un plan de salud que incluya esas prácticas.

Manifestantes católicos pidiendo libertad para poder privar de sus derechos a otras personas.

En un mundo donde las religiones se dedicaran a enseñar o predicar doctrinas y servir como puntos de reunión o de ritos compartidos, eso debería haber bastado. Pero ocurre que las grandes religiones nunca son realmente eso; son organizaciones que edifican estructuras de poder muy similares a las corporaciones empresarias. La Iglesia Católica, particularmente, regentea un sinnúmero de escuelas, universidades, institutos de investigación e incluso hospitales, además de muchas ONGs y fachadas varias anotadas como “sin fines de lucro”. Las parroquias en sí son una pequeñísima parte de su estructura; la exención legal no les bastaba. ¿Se imaginan a una escuela católica pagándole a sus maestras un plan de salud con el cual tuvieran acceso a la píldora?

Las ONGs católicas, entonces, solicitaron ser exceptuadas de ese punto del Obamacare. Y lo lograron: en la víspera de Año Nuevo, la jueza de la Corte Suprema Sonia Sotomayor les otorgó una suspensión temporal (hasta que la Corte escuche y decida sobre el caso, lo cual puede tomar tiempo). Lo único que tiene que hacer una ONG religiosa para negarle a sus empleados el acceso a la salud reproductiva a su costa es llenar un formulario. El formulario autoriza a la empresa de seguros de salud a prestar el servicio por su cuenta, sin que el empleador pague ni se entere siquiera.

Hasta aquí, una historia más de la ruindad de la Iglesia Católica. ¡Pero hay más! Enterados de la medida de Sotomayor, unas adorables monjitas han presentado una demanda… contra el llenado del formulario que les permite quedar exentas de la ley. Completar el formulario, dicen, es una violación de su libertad religiosa, porque firmarlo equivale a facilitar que se provean anticonceptivos.

Desde el punto de vista de las monjas, tienen razón, claro, aunque cabe preguntarse por qué no van más lejos: idealmente, deberían dejar de pagar impuestos al gobierno de Obama, o trabajar ellas mismas en vez de tomar empleados formalmente, o tomar sólo empleados y empleadas que no vayan a necesitar jamás servicios de salud reproductiva (mujeres postmenopáusicas y poco más, supongo), o ir a hacer su tarea a un lugar más respetuoso de su “libertad religiosa” (hay muchísimos lugares así, aunque afortunadamente no tantos). Mantener estrictamente la moral católica de todo un grupo de personas mientras se monta una organización legal en un país moderno es, como se dice en Estados Unidos, pretender quedarse con la torta y a la vez comérsela.

En último término, la razón por la cual las ONGs católicas no quieren llenar el dichoso formulario no pasa por su “libertad religiosa”, sino por el objetivo real, que siempre ha sido claro, de quitarle a todas las personas posibles el acceso a la salud reproductiva. Si una organización puede negarse a ofrecer un seguro de salud con cobertura de anticoncepción y aborto y además no tiene que llenar un formulario autorizando a las aseguradoras a ofrecer estos servicios por su cuenta, el resultado es que el empleado no puede acceder a ellos ni como parte del seguro de su empleador ni por fuera de éste: sólo puede hacerlo privadamente, abonando los costos completos, que pueden ser prohibitivos (el costo de la salud en Estados Unidos es el más caro del mundo por lejos).

Ofrecer una mano y terminar dando hasta el codo: tal es el resultado de conceder a las organizaciones religiosas privilegios que no merecen.

La laicidad es un problema para el psiquiatra

Quiero terminar aquí con mi serie de posts sobre la laicidad inicialmente motivados por la ridícula idea de que hay una ola de “cristianofobia” en Occidente, según el sacerdote chileno Raúl Hasbún, que la ve venir en su país de la mano de las medidas del programa de gobierno de la presidente electa Michelle Bachelet.

El cura venía hablando de un par de medidas laicistas tomadas en Europa, y seguía:

También en EE.UU. surgen o se incrementan restricciones a la libertad religiosa en espacios o acontecimientos públicos, no obstante la expresa referencia de los Padres fundadores al Dios bíblico y cristiano.

Como ya dijimos, y como sabe cualquiera que estudie un poco la historia religioso-política de los inicios de Estados Unidos, los Padres Fundadores eran cristianos para la tribuna, en su mayoría deístas. Creyentes, pero cristianos bíblicamente ortodoxos, y convencidos de la necesidad de separar el funcionamiento del estado de las doctrinas religiosas. De cualquier manera, las dos proposiciones contrastadas por Hasbún no se siguen una de otra: ninguna sociedad es estática ni le debe respeto eterno a las doctrinas de sus pioneros.

¿La coartada? Tutelar el respeto a la libertad religiosa de los que no creen, o creen en un Dios diferente. Paradojalmente, con esta coartada se coarta la libertad religiosa de la abrumadora mayoría de los que creen en Cristo o en el Dios de la Biblia: “guarden su fe para su casa o sus sacristías”.

Antes de hablar de esta “coartada” (una coartada es una excusa para cubrirse de un crimen; ¿cree Hasbún que la tolerancia de las religiones minoritarias y del ateísmo son crímenes?), recordemos desde qué ideología piensa Hasbún en la libertad.

El concepto de “libertad religiosa” era ajeno a la Iglesia Católica hasta, por lo menos, fines del siglo XIX. A diferencia de nuestra ley secular, la del dios cristiano no diferencia entre pensamientos y acciones, ya que, siendo omnisciente, puede leer los primeros tanto como (pre)ver las segundas; por lo tanto, para la Iglesia no existe la libertad para creer de manera incorrecta. Tal cosa sería como aducir libertad para cometer un delito. Lo que tenemos es el libre albedrío para actuar mal, pero para la doctrina católica, eso es un mal uso de una libertad, que es una facultad dada por Dios que se orienta, propiamente, a la obediencia a Su voluntad. (En términos orwellianos: la libertad es esclavitud y el resultado de emplear mal la libertad de pensamiento es thoughtcrime, un crimen mental.)

Todo esto viene a cuenta de que, cuando un sacerdote habla de “libertad religiosa”, lo que sigue es sofisma: puro engaño y confusión destinado a justificar la imposición del catolicismo (en nombre de su libertad) por sobre otras creencias.

Lamentablemente para Hasbún, hay algo en lo que puede tener razón. El cristianismo es una fe evangélica. No existe un cristianismo “privado”, que se practique sólo en casa o en la iglesia. Siendo honestos, muy pocos de nosotros aceptaríamos practicar nuestras convicciones bajo un régimen tan estricto. Sin embargo, la mayoría sí aceptamos que forzar nuestra ideología sobre los demás, en un espacio que es de todos, es incorrecto. Casi cualquiera criticaría duramente a un maestro de escuela que llegara a clase y pusiera sobre el escritorio una bandera con la hoz y el martillo, o que antes de comenzar rezara y obligara a sus alumnos a rezarle a un retrato de Sun-Myung Moon. Hasbún estaría de acuerdo, pero la comparación con su caso le parecería insultante, porque todos sabemos que el comunismo es una mera ideología y el reverendo Moon un sectario farsante, mientras que (¡obviamente!) la Iglesia Católica es la custodia de la Única Religión Verdadera® y además los católicos son mayoría, cosa que “democráticamente” les da el derecho de olvidarse de las creencias de la minoría.

El catolicismo actual prácticamente requiere expresiones públicas, ostentosas, de fe: procesiones, exhibición de íconos, fiestas populares, Jornadas Mundiales de la Juventud, misas multitudinarias. Nada de esto está amenazada por la introducción de leyes laicistas como las que propone Bachelet o por fallos judiciales como los estadounidenses, en tanto se trata de usos legítimos del espacio público, más allá de la cuestión incidental y contingente del apoyo estatal (ya que cuando hay que pagar por transporte, alojamiento y seguridad de cientos de miles de peregrinos la Iglesia siempre recuerda súbitamente que es pobre y no puede costearse tales gastos).

Otra cuestión es la intromisión de la fe en la vida de terceros en lugares públicos custodiados por el estado: por ejemplo, resulta inadmisible la presencia de imágenes sagradas, espacios de culto exclusivos y sacerdotes o religiosas en los hospitales públicos, en las cortes o juzgados, en las escuelas estatales. Si el estado es laico, debe permanecer escrupulosamente neutral. Aquí no hay blancos y negros absolutos, sino un amplio espectro de grises, pero en él no cabe un estado de “laicidad positiva” como el propuesto por Sarkozy, que es un estado complaciente con la religión. Un estado que no da privilegios a ninguna religión por sobre otra, pero distingue la religión por sobre otras formas de expresión ideológica, es un estado confesional (pluriconfesional, multicultural), no un estado laico.

Hasbún termina calificando de “problema de siquiatría” al apoyo a la laicidad. Creo que la historia ya ha demostrado que los problemas de mezclar poder estatal y poder religioso (o pseudorreligioso, basado en postulados dogmáticos y en la obediencia ciega a una fe) superan ampliamente los dilemas que se plantean al legislador al intentar garantizar la libertad religiosa de todos los ciudadanos sin dar privilegios a ninguno. Si estamos locos por no querer que ciertas doctrinas funestas e irracionales se metan en nuestras leyes y que sus símbolos “marquen territorio” invadiendo el espacio público, nuestra locura es más cuerda que la cordura de Hasbún.

La laicidad del estado vs. las “raíces cristianas”

Algo más sobre aquel tema de la “cristianofobia” que el cura chileno Raúl Hasbún denunciaba, apuntando a ciertas medidas laicistas del plan de gobierno de Michelle Bachelet. Más bien, algo sobre por qué Hasbún arguye (y quizá cree) que la laicidad es irracional.

Hoy tiende a configurarse, en los mundos que se dicen “desarrollados”, una fobia contra el ejercicio público de la fe cristiana. Lo irracional y anormal de esta fobia radica en que surge precisamente en culturas que tienen, en el cristianismo, su raíz y sustento fundacional.

Hasbún ya explicó antes lo que es una fobia de una manera que deja en claro que no entiende, o no quiere entender, lo que es una fobia. La exhibición pública de la religión —como cualquier exhibición pública— puede causar disgusto en algunas personas o puede disparar en ellas ciertos prejuicios, pero es poco probable que sea una verdadera fobia. (En este sentido, claro está, deberíamos moderar severamente el uso de la palabra “homofobia”. Una persona que odia a los homosexuales no tiene una fobia.) Por ejemplo, a mí me provocó cierta vez una gran pena teñida de asco ver niños marchando en una procesión antiabortista con un sacerdote al frente; eso no significa que yo tenga fobia a los curas ni a los católicos antiabortistas, ya que puedo muy bien acercarme a ellos, hablarles y hasta discutir, si viniera al caso.

Pero lo que Hasbún quiere decir es que no tiene sentido (o sea, no tiene razón lógica) que las personas de una cultura con raíces cristianas rechacen la exhibición pública de la fe cristiana. Implícitamente, además, Hasbún proclama que atacar al cristianismo es atacar las mismas bases de la civilización (su “sustento fundacional”). Aquí no puedo dejar de recordar que la palabra “fundamentalismo” significa precisamente aquella actitud que defiende Hasbún, vale decir, la de volver a los valores “básicos”, supuestamente originales, de la religión.

Ahora bien, ¿por qué estamos obligados a conformarnos con nuestras “raíces”? ¿Por qué no —siguiendo la metáfora vegetal— permitir que nuestra cultura eche ramas, florezca, se cruce con otras y fructifique produciendo algo mejor? ¿Por qué es mejor la endogamia cultural, el cierre total a esa hibridación de civilizaciones que ha sido la marca de las naciones y los imperios más prósperos?

Y pasando a las metáforas arquitectónicas ahora: si el cristianismo es de hecho el sustento de nuestra civilización y nuestra identidad, ¿cómo podemos abandonarlo? Y si lo abandonamos, ¿por qué no se desmorona toda nuestra sociedad? Naturalmente, ésta es la advertencia pseudoprofética de todos los conservadores, religiosos o no, de la historia: si dejamos de lado nuestros valores (nuestros prejuicios, nuestro provincianismo, nuestro dogma…) veremos cómo la sociedad se derrumba. Eso decían los paganos que acusaban a los cristianos de “ateísmo” por no adorar a los dioses “correctos”. Y es precisamente la razón por la cual Sócrates, corruptor de los jóvenes atenienses (porque les hacía cuestionar las supersticiones de la ciudad), fue obligado a beber la cicuta.

Mucho más cercanamente, esa misma predicción apocalíptica era emitida por los que favorecían la esclavitud, los privilegios de la nobleza y otras formas de estratificación social, contra un igualitarismo que supuestamente llevaría a una mezcolanza corrosiva del orden; es la misma que vociferaban los que defendían la segregación racial, despertando miedos de cruces entre personas “superiores” e “inferiores”; la misma que hoy mismo se escucha en los países musulmanes contra la igualdad entre hombres y mujeres; la misma que en Argentina oímos cuando el estado tomó el lugar de la Iglesia en la educación, la misma que proclamó que los matrimonios civiles —oficiados por el estado en vez de la Única Iglesia Verdadera— acarrearían la destrucción de la familia, y que repitió lo mismo cuando se abolió la distinción entre hijos legítimos e ilegítimos, cuando se legalizó el divorcio y cuando se eliminó la distinción de sexo de los cónyuges en el matrimonio. (La incapacidad de los conservadores y los fundamentalistas para aprender de sus fallos predictivos es notoria.)

Hasbún pasa revista a los pocos casos de “cristianofobia” que puede encontrar incluso con su definición ad hoc e interesada:

Ya la Unión Europea buscó suprimir de su Constitución toda referencia a su alma cristiana, y su Corte intentó prohibir a Italia el uso del crucifijo en salas de clase. En vano: Italia unánime se irguió, reclamando su derecho a usar libremente aquellos símbolos y tradiciones que pertenecen, sin fronteras, a su patrimonio histórico-cultural. También en EE.UU. surgen o se incrementan restricciones a la libertad religiosa en espacios o acontecimientos públicos, no obstante la expresa referencia de los Padres fundadores al Dios bíblico y cristiano.

Abundan las metonimias y las metáforas fuera de lugar. “La Unión Europea” no buscó de hecho nada; los representantes de los pueblos europeos votaron, en un ejercicio democrático que pudo no conformar a muchos, pero la democracia es así. Europa no tiene alma; si la mitología cristiana fuese cierta, podría decirse que los ciudadanos europeos tienen, cada uno, un alma, cada alma diferente de las demás y libre de elegir. El “alma” de Europa no es en realidad más que el bagaje de siglos de religión única impuesta por la fuerza, a costa de la derrota militar, expulsión, supresión pública o conversión forzada de judíos, musulmanes, cristianos de sectas rivales y “herejes”, más el crecimiento vegetativo de una población cristiana ignorante bajo la férula de papas con ejércitos, obispos-príncipes, reyes por derecho divino y una casta clerical. Todo esto hasta hace relativamente poco: hasta que los estados seculares prevalecieron, la educación fue quitada de las garras de la Iglesia, aumentó el estándar de vida y otras condiciones socioeconómicas fueron, mal que mal y con grandes vaivenes, haciendo visiblemente innecesario, a los ojos de la gente, el someterse a parásitos con mitra o sotana para tener alguna esperanza de vivir mejor. La secularización de Europa es el proceso natural de una civilización que descubrió, tras siglos de tropiezos, que puede tener una religión o varias, y cambiarlas, rechazarlas o reinterpretarlas, sin que el mundo se venga abajo.

El mismo proceso ocurre en casi todas partes; incluso en Estados Unidos, donde el “libre mercado” religioso facilita tanto la aparición de fanatismos religiosos de todo tipo como su desaparición por reciclaje o hibridación. (Sobre los Padres Fundadores, Hasbún recoge la propaganda pseudohistórica de los fundamentalistas evangélicos; la mayoría de los susodichos Padres eran deístas y piadosos de la boca para afuera, como está bien documentado en cartas y documentos privados.)

Esto se ha hecho muy largo y todavía me quedan cosas en el tintero, por lo cual dejo el final de mi comentario para un tercer post.

Alucinemos: “cristianofobia” en Chile

Hoy les traigo una pieza de sofistería repelente de Raúl Hasbún, sacerdote, publicada en Humanitas, la revista de antropología y cultura cristiana de la Pontificia Universidad Católica de Chile (y luego reimpresa por InfoCatólica, de donde la tomé). Su tema es la “cristianofobia”.

Hasbún comienza con una observación tan carente de caridad como groseramente incorrecta sobre la gente que sufre lo que la psiquiatría define como fobias:

Quienes sufren de estas patologías obsesivas suelen negarlas o justificarlas apelando a coartadas biensonantes, tales como estadísticas (amañadas), experiencias (imaginadas) o citas (extrapoladas). Admitir lo irracional y anormal de sus miedos les significaría quedar mal posicionados antes sus pares y ante sí mismos.

Y luego presenta a su criatura:

Hoy tiende a configurarse, en los mundos que se dicen “desarrollados”, una fobia contra el ejercicio público de la fe cristiana. Lo irracional y anormal de esta fobia radica en que surge precisamente en culturas que tienen, en el cristianismo, su raíz y sustento fundacional.

Se dice en tono ligero que la mayoría siempre es cuerda; que si sólo una persona ve ciertas cosas, es que son una alucinación, pero si la mayoría las ve, entonces son la realidad. En psiquiatría se considera que una creencia (por muy implausible que sea) no es patológica si es común a la comunidad donde habita el individuo. Se trata de una cuestión filosófica largamente debatida. Lo que quiero señalar aquí es que si tantos individuos de los países desarrollados se oponen a lo que Hasbún llama “el ejercicio público de la fe cristiana”, quizá no se trata de una fobia —irracional y anormal— sino de un nuevo consenso de creencias o de una renovada percepción de la realidad.

El primer caso es la hipótesis más fácil de asumir: el Zeitgeist ha cambiado y a la gente le desagrada la exhibición del comportamiento cristiano; en rigor, están en todo su derecho, tal como estuvieron en su derecho los paganos que eligieron convertirse al cristianismo hace dos milenios, rechazando la fe de sus padres, incluso cuando dicha fe fuese “la raíz y sustento fundacional” de la sociedad y el estado en que vivían (a los primeros cristianos del Imperio Romano se les acusó y persiguió no por el contenido de su fe, sino por negarse a reconocer la dignidad divina del César, símbolo de unidad del Imperio).

La segunda hipótesis es la que Hasbún ni siquiera podría pensar en asumir: que no se trata de un mero cambio de ideología (una apostasía masiva, una “desconversión” generalizada) sino que muchas personas han percibido que el cristianismo es factualmente falso y/o que sus doctrinas producen daños concretos. O más bien, el cristianismo organizado, sectario, políticamente influyente, de la Iglesia Católica (para empezar), ya que hay muchos cristianos que practican su religión sin joder al prójimo.

Pero de hecho, toda la argumentación de Hasbún se refiere a un asunto político: la probable pérdida de ciertos privilegios simbólicos, mínimos, que se operarán en Chile una vez que asuma como presidenta, por segunda vez, Michelle Bachelet, en reemplazo del untuosamente católico Sebastián Piñera. Bachelet, en su programa de gobierno, ha prometido una nueva constitución donde se reafirmará la laicidad del estado, lo cual ha hecho poner los pelos de punta a los chupacirios. Para Hasbún, eliminar invocaciones e imágenes religiosas del ámbito formal estatal es expresión de su fobia inventada:

Esta cristianofobia quiere ahora asentarse en Chile como reivindicación e ícono de una “nueva mayoría”. No más juramentos ni Biblia ni crucifijos ni imágenes de María ni invocación del nombre de Dios en los espacios o actuaciones estatales.

¡Qué terrible, no poder presumir de la propia fe en público!

¿Qué teme, la “nueva mayoría”, de la fe cristiana y bíblica profesada por el 90% de la población? ¿Por qué arrinconan y encapsulan esa energía que cautela, como ninguna, la dignidad del ser humano y la paz social?

Quizá habría que devolverle a Hasbún pregunta por pregunta. ¿Qué teme su mayoría del 90% de unas pocas regulaciones estatales que no pasarán de lo simbólico? ¿Su fe es tan débil que requiere que el estado la imponga sobre los demás, sobre esa minoría de creyentes de otras religiones y de ateos, agnósticos e indiferentes?

Los temores que expresa Hasbún sobre la posible prohibición de las procesiones o de la invocación de Dios en los hospitales son infundados; de hecho, son tan traídos de los pelos que es imposible tomarlos con buena fe. Esto es terrorismo retórico sin más: una especialidad católica dentro del amplio campo de la autovictimización que la Iglesia domina como pocas instituciones. Considerando cómo han hecho creer a casi todo el mundo que fueron perseguidos y martirizados durante siglos, no es extraño que intenten hacer creer a los católicos chilenos que la malvada socialista Bachelet les mandará la policía si se atreven a salir de procesión.

La realidad es que la Iglesia chilena seguirá teniendo todos los privilegios de siempre; las parroquias seguirán difundiendo la sumisión y la obediencia, los obispos seguirán teniendo espacios mediáticos para proclamar el odio a las mujeres y a los homosexuales, los colegios privados católicos seguirán (de)formando alumnos, y sólo —si acaso, si de verdad Bachelet puede cumplir con su programa— se evitará, de vez en cuando, que un político se llene la boca jurando en público por Dios y los Evangelios o que un funcionario invoque a la divinidad en un acto oficial. Sospecho que la mayoría de los católicos de a pie no notará la diferencia.

Quizá sea eso lo que impulsa a Hasbún a exagerar: su conocimiento de que su mentado 90% no es una mayoría de devotos fanáticos y que, a fin de cuentas, a muchos de sus fieles poco les importa que la Iglesia tenga influencia sobre el estado, un asunto que sólo preocupa a los jerarcas que viven de ese poder. En un estado laico, una religión que no se impone por la fuerza tiene poco que temer.

Una mujer contra los obispos

Por primera vez una mujer demandó judicialmente a la Conferencia de Obispos de Estados Unidos por su imposición del dogma antiabortista por sobre la salud de los pacientes.

La mujer, Tamesha Means, estaba embarazada de 18 semanas cuando sufrió una ruptura prematura de membranas y recurrió de urgencia a Mercy Health Partners, un establecimiento sanitario que se identifica como católico. El embarazo estaba virtualmente perdido y Means sufría un terrible dolor, pero los médicos, en cumplimiento de las directivas de la Iglesia, se negaron a provocarle un aborto. Volvió más tarde y fue rechazada nuevamente. La tercera vez, ya con una infección y mientras en el hospital se preparaban para enviarla a su casa nuevamente, Means abortó espontáneamente; sólo entonces le dieron la atención debida. El hospital no se negó a realizar un aborto: ni siquiera se lo mencionaron.

No se trató de un caso de objeción de conciencia. Si la legislación lo permite (puesto que no es un derecho sino una excepción) un profesional médico puede negarse a realizar un aborto, pero debe informar a la paciente para permitirle que busque a otro profesional que sí lo haga. En el contexto de una institución de salud, la misma es responsable de contar con un profesional que esté dispuesto a hacerlo, o de derivar a la paciente a otro hospital.

Pero aquí no se ofreció información ni alternativas. El hospital Mercy Health Partners es católico, frase un poco absurda (¿cómo puede tener fe religiosa una institución, cuando la fe es un asunto personal?) que se resume en que las leyes y la ética normales no se aplican, sino las directivas de un grupo de hombres célibes sin conocimiento alguno del tema, elegidos a dedo por un monarca absolutista extranjero. Las Directivas Éticas y Religiosas para los Servicios Católicos de Cuidado de la Salud, documento de los obispos estadounidenses que “sus” hospitales deben respetar, prohíben el aborto bajo cualquier circunstancia. Esto incluye, aunque no lo dice específicamente, el riesgo de vida de la mujer embarazada.

Una vez más queda probado que los hospitales católicos no son seguros para las mujeres, y que permitir que las leyes cedan lugar a la doctrina religiosa en la vida pública es una claudicación inadmisible por parte de los legisladores.

El Código Civil, la moneda papal y el cura antidrogas

El Senado argentino dio finalmente media sanción al proyecto de ley de Código Civil con las concesiones que la Iglesia Católica había pedido. El “nuevo” Código, que ahora tendrá que pasar por la Cámara de Diputados, sigue siendo un producto cabal del siglo XIX. O quizá no: los legisladores decimonónicos que promovieron la educación laica y legalizaron el matrimonio civil —medidas, ambas, que la Iglesia anatematizó y condenó como seguras destructoras de la sociedad— se habrían asombrado bastante.

Imagino que nuestros liberales de 1880 también se habrían sorprendido por la reciente aprobación casi unánime de un proyecto de ley para acuñar una moneda conmemorativa del ascenso al trono del Papa Francisco. Se dice que la Cámara de Diputados es tradicionalmente menos conservadora que el Senado, lo cual se explica por su diferente proporción de legisladores de las provincias pequeñas y alejadas del cosmopolitismo porteño. Si es así, no se notó para nada esta vez. Es probable que no se trate de conservadurismo sino de mero oportunismo, farandulismo o indiferencia.

A favor de la moneda del autócrata vaticano votaron 177 diputados, incluidos peronistas “de izquierda”, “progresistas” y “socialistas”; hubo tres votos negativos, uno de ellos del socialista mudado al kirchnerismo Jorge Rivas, y una abstención. La composición de la Cámara es algo diferente de la que en 2010 votó a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo, pero con seguridad hay unos cuantos legisladores que en ese momento fueron parte del “plan del Padre de la Mentira” (palabras de Jorge Mario Bergoglio) y que ahora son favorables a la monedita.

La diputada Marcela Rodríguez fue, hasta donde sé, la única que explicó en detalle su voto en contra, explayándose sobre la laicidad estatal con un escrito dirigido al presidente de la Cámara, que entre muchos otros puntos se adelanta a las previsibles excusas de que la moneda franciscana representa un homenaje a valores o ideas compartidas, prescindiendo de la religión. Lo hace a través de una cita de Roberto Saba, que se refiere a los símbolos religiosos, pero que se puede extrapolar fácilmente al asunto de la moneda. El Papa Francisco no es sólo un argentino notable que exalta la humildad y la compasión; como papa, es un símbolo del poder de la Iglesia Católica, de absolutismo político y moral, y sus valores son valores católicos, que como todos sabemos permanecen dentro de muy estrictos límites dogmáticos.

Lo de la moneda fue el broche de oro de una semana de acelerado retroceso hacia el chupacirismo estatal que incluyó no sólo el asunto del Código Civil sino el nombramiento de un Jefe de Gabinete genuflexo y miembro del Opus Dei, la confirmación (poco comentada) de un Ministro de Salud también vinculado a la secta católica, y el inédito nombramiento de un sacerdote “progre”, amigo de la familia presidencial y del susodicho Jefe de Gabinete, al frente del SEDRONAR, la agencia estatal de lucha contra la drogadicción y el narcotráfico.

Juan Carlos Molina, el sacerdote en cuestión, no tiene otra calificación profesional que la de dirigir un par de ONGs subsidiadas de manera discrecional y bastante turbia por sus referentes políticos, cuya labor sin duda meritoria representa un ejemplo más de la privatización y el consiguiente abandono de la responsabilidad del estado sobre la prevención y el control de la adicción a drogas, comparable a la de la tercerización del cuidado de los presos a manos de pastores evangélicos que ocurre en pabellones enteros de varias cárceles argentinas con total anuencia de las autoridades.

Por lo demás, la forma de expresarse de Molina (al menos en Twitter) es casi una caricatura del cura voluntarista, siempre alegre y propenso al uso de citas bíblicas bobas. Esperemos que Fabio Alberti esté prestando atención. En el clima de babosidad pro-sotana que se vive hoy en Argentina, me consuelo recordando que alguna vez pudimos ver en nuestra TV esta magistral síntesis de la superficialidad clerical.

El Código Civil argentino, entregado a la Iglesia Católica

Argentina tendrá pronto un nuevo Código Civil y todo indica que, en varios sentidos, el mismo implicará un retroceso, específicamente en los derechos de las mujeres.

El Código Civil que tenemos data de fines del siglo XIX y ha tenido modificaciones pero no, hasta ahora, de manera integral. El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, propuso hace años hacerla, y desde entonces el gobierno, la oposición, los jueces, expertos independientes y muchas organizaciones no gubernamentales han estado debatiendo. El proyecto de Lorenzetti enriquecido con estas deliberaciones incluía legislar sobre fertilización asistida y maternidad subrogada (“alquiler de vientres”), entre otros temas que encendieron las alertas de ciertos entrometidos profesionales cuya ocupación habitual es decirle a los demás cómo su dios quiere que nos reproduzcamos.

Aunque nunca se habló del derecho al aborto como algo que podría incluirse en el nuevo Código (al menos, nunca pasó de un reclamo de algunas organizaciones), la Iglesia Católica hizo un gran escándalo con lo demás, intentando mostrarlo como un primer paso en esa nefanda dirección. En realidad no fue más que un marcado de territorio, habitual en estos casos.

La senadora Liliana Negre de Alonso y el presidente
de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez

El artículo 19 del viejo Código Civil ya consideraba que la persona humana comenzaba su existencia “con la concepción en el seno materno”. El kirchnerismo (mayoría absoluta en el Congreso) quería darle lugar al reclamo de cierta minoría intensa a favor de la fecundación asistida, que tiene el inconveniente (técnico) de que produce embriones de sobra, que luego hay que desechar o bien conservar sine die. La lógica y la jurisprudencia dictaban que había que eliminar la arcaica e inutilizable definición de “persona desde la concepción”; la política cortoplacista, acomodaticia y chapucera determinó que se quitara lo del “seno materno” y se agregara una frase a los efectos de que, sólo en el caso de tratarse de un embrión producido por fertilización asistida, la existencia de la persona comenzaría no con la concepción sino con la implantación en el útero. Este artículo esquizofrénico, conteniendo dos definiciones mutuamente contradictorias de “persona”, hubiera terminado infamando el nuevo Código Civil si no hubiera sido porque la Iglesia Católica redobló la apuesta y, a través de uno de sus legisladores a control remoto más confiables (la senadora Liliana Negre de Alonso), interpuso una queja en favor de los pobres e indefensos embriones, condenados a vivir en peligro hasta haber logrado parasitar exitosamente a un contenedor femenino.

Negre de Alonso pertenece al sector habitualmente caracterizado como de derecha o conservador dentro del peronismo. El kirchnerismo está mayormente formado, en teoría, por el ala opuesta. Sin embargo, como bien sabemos los argentinos e infructuosamente hemos tratado de explicar durante décadas, el peronismo es una religión plagada de misterios, a los cuales habrá que sumar, en los libros de historia del futuro, el que el kirchnerista presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, acordase con Negre de Alonso (en representación del fascismo católico) modificar nuevamente el artículo 19 de manera de quitar la definición de “persona desde la implantación” y asegurar la “protección del embrión no implantado”.

Si el artículo 19 original, como otras disposiciones arcaicas del Código, no se cumplía en la práctica excepto en lo que se refiere a la prohibición del aborto, este nuevo énfasis parece orientado a que sí se cumpla, con lo cual podría ocurrir, como planteó el diputado radical Ricardo Gil Lavedra, que dejar caer una probeta con un embrión sea penado como un aborto provocado. (No es absurdo que esto pueda ocurrir, como mostraré en un artículo por venir.)

Mientras se realizaban estas componendas, la sanción del Código seguía en sus idas y vueltas. El Frente para la Victoria (kirchnerismo) decidió primero y de pronto que el Código debía estar aprobado antes de la renovación parlamentaria del 10 de diciembre, le gustase o no a la oposición; luego de la concesión a la Iglesia, de manera igualmente sorpresiva se comunicó que buscarían darle media sanción en el Senado pero dejar el resto del trámite para el año que viene. Negre de Alonso volvió sobre sus pasos y dijo que el proyecto “no conforma a ninguno”, cosa que probablemente es cierta; el kirchnerismo cuenta con un elemento progresista (con puntos de contacto con feministas y anticlericales) que no está muy feliz con lo ocurrido, y a la oposición —dejando de lado a los chupacirios y empleados del episcopado— le molestan otros elementos preocupantes, aunque no, desgraciadamente, la permanencia sin cambios de los artículos que dan a la Iglesia privilegios como el de ser considerada “persona jurídica pública”, es decir, una institución a la par de organismos estatales y de los países extranjeros, condición que no comparte con ninguna otra religión.

Los ciudadanos seguimos esperando que nuestros representantes, o al menos la mayoría de ellos, encuentren la independencia mental y la valentía necesaria para volverse hacia los lobbistas de Dios y comunicarles que sus reclamos y opiniones ya no van a ser considerados.

La Biblia es ficción, pero mucho cuidado al decirlo

“Estudiante sufre bullying por un profesor a quien le dijo que la Biblia no es ficción”, leo en el habitualmente patético sitio evangélico NoticiaCristiana.com, y como el tema parece serio, continúo leyendo.

Resulta que un profesor pidió a sus alumnos, como tarea, leer durante media hora cada día un libro de no ficción y luego traer el libro a clase. Y este alumno, sea por ignorancia o por mala leche, leyó la Biblia. Ahora bien, hay partes de la Biblia que son históricas (aunque sean muy pocas), pero las más significativas y las que más probablemente haya leído el alumno, que son el Génesis, el Éxodo y los Evangelios, son casi totalmente ficticias (para empezar, de los Evangelios ni siquiera se puede asegurar que el protagonista haya existido). El profesor, naturalmente, le hizo saber al alumno que la Biblia no califica como libro de no ficción.

La forma en que se lo hizo saber, sin embargo, fue bastante desagradable, si hemos de creer lo que reportan las noticias cristianas: en vez de explicarle amablemente que sus creencias no pueden trocar lo mitológico en real, el profesor vio la Biblia, constató que el alumno creía que era un libro de no ficción y luego se lo comunicó airadamente al resto de la clase. Una persona en situación de autoridad que expone al ridículo a otra que no puede defenderse a su misma altura está haciendo bullying. Desde luego tenemos que tomar el reporte con pinzas dado que la autovictimización es una especialidad de los cristianos y este incidente menor sirvió rápidamente para engrosar las listas de sitios como Persecution.org, además de llamar la atención de un grupo de buitres… eh, perdón, de abogados cristianos.

Dice otro aspirante a mártir:

Para Robert Tyler, presidente y consejero general de los Defensores de la Fe y la Libertad, el comportamiento del profesor es inaceptable porque viola las leyes del Estado, y es necesario tomar medidas para reducir la agresión en relación con la fe cristiana.

“Éste fue un ejemplo de la creciente hostilidad hacia el cristianismo, que se ve en las aulas de las escuelas públicas, por lo que creemos que tenemos que tomar una posición. Creemos que las acciones de este maestro violan la Cláusula de Establecimiento, que obliga al Estado a permanecer neutral en materia de religión”, dice Tyler.

La neutralidad del estado consiste, precisamente, en no adoptar ni rechazar explícitamente ninguna creencia religiosa. Parece claro que admitir la proposición “la Biblia es un libro de no ficción” es de todo menos neutral. El alumno tiene derecho a creerlo y a expresarlo; el profesor no puede admitirlo, porque le daría al alumno un privilegio en base a su religión. Por lo demás, basta imaginar lo que habría ocurrido si, siendo todo lo demás igual, el alumno hubiese traído a clase un ejemplar del Corán.

El profesor en cuestión debería aprender a lidiar con alumnos mal educados de una manera más correcta. El alumno no tiene la culpa de ser víctima del lavado de cerebro de algún pastor o hijo de padres ignorantes que le enseñaron que la Biblia contiene hechos históricos. Lamentablemente, la mejor manera de tratar con esta falta de educación sería explicar en detalle por qué la Biblia es una fantasía de clase B, cosa que está vedada a los profesores de las escuelas públicas, y con buenas razones. La neutralidad es difícil.

Los obispos estadounidenses y el shutdown

Una semana antes del cierre (shutdown) del gobierno estadounidense, la Conferencia Episcopal, es decir los obispos católicos de dicho país, hacían lobby para promover el cierre.

¿Por qué les podía interesar a los obispos que el gobierno tuviera que parar todo menos sus funciones básicas? Resulta que los obispos católicos están mal con Obama, porque el presidente promulgó una regulación que obliga a todas las instituciones a ofrecer, como parte de su seguro médico para empleados, la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva. El último acto del lobby católico fue presionar a legisladores republicanos ultraconservadores para exigir que incluyeran, dentro de las medidas a tomar por el gobierno para evitar el shutdown, un proyecto redactado a instancias de la Conferencia Episcopal, que les daría el derecho a las instituciones católicas de ser eximidas del deber de ofrecer anticonceptivos (entre otras cosas) a sus empleados.

Que la Iglesia Católica haga lobby es habitual y no está mal. Lo que sale de lo habitual es que la Iglesia ofrezca al ala más dura de los conservadores un argumento más para negarse a aprobar el presupuesto, a sabiendas de que un shutdown impactaría de lleno en la salud pública y la asistencia social. Estos legisladores no son sólo conservadores en cuanto a su oposición al aborto o la anticoncepción; son también fanáticos promotores de la destrucción del estado como proveedor de salud y asistencia económica para los que menos tienen.

Como dice un comentarista:

Una cosa es pedir ser exceptuado de una ley que uno no quiere seguir, mientras el resto de la nación continúa funcionando. Otra cosa totalmente distinta es exigir que el gobierno deje de funcionar porque a uno le disgusta cómo funciona la ley. En este sentido, la táctica de los obispos es idéntica a la del senador Ted Cruz (…). Excepto que, a diferencia de Ted Cruz, los obispos hablan de parte de una iglesia que proclama que el gobierno tiene la responsabilidad de “proteger la vida y la dignidad humana, ocuparse de la gente pobre y vulnerable en el país y el extranjero y promover el bien común universal”. A causa del cierre del gobierno, madres y niños corren riesgo de perder sus franquicias del WIC (programa de nutrición para mujeres, bebés y niños). Muchos de los programas Head Start han cortado sus servicios educativos para niños de bajos ingresos, y se ha cortado el flujo de fondos federales a muchos programas contra la violencia doméstica.

La Iglesia Católica, en otras palabras, prefiere que el gobierno cierre y millones de personas que dependen de la asistencia del mismo pasen hambre o pierdan su acceso a la salud, con tal de que Obama se vea obligado a retirar las leyes que les molestan a los obispos.

Y eso no es todo. Si el gobierno de Estados Unidos no sale del shutdown pronto, arriesga caer en default de su deuda, lo cual traería una recesión severísima. Los obispos no se han preocupado por esto: sólo le han dado a los promotores del shutdown un argumento más para mantener cerrado el gobierno.

La Iglesia de Mendoza, sorprendida porque se aplica la ley

La semana pasada escribí bastante sobre la laicidad educativa y sobre la decisión de una jueza de Mendoza de prohibir las celebraciones católicas en las escuelas públicas de esa provincia. Sobre este último tema, como imaginará el lector, se discutió bastante, dado que muchos creyentes no están acostumbrados a que se desafíe el privilegio cultural del que han disfrutado desde siempre. De hecho, ni siquiera lo registran como un privilegio.

Claramente esta ceguera no es exclusiva de los devotos ignorantes que comentan airadamente en los diarios con el Bloq Mayús activado. Sus líderes oficiales parecen creer que el estado debe consultarlos antes de tomar decisiones y quedan –o se fingen— perplejos cuando esto no ocurre.

Como una “medida sorpresiva” y “contraria a los valores más trascendentes del hombre, de la cultura y de la historia” calificó la Iglesia en San Rafael la medida de la jueza María Eugenia Ibaceta…

El hermano marista Eugenio Magdaleno, recientemente designado Delegado Episcopal de Educación Católica de la diócesis de San Rafael, fue el vocero que eligió monseñor Eduardo María Taussig, Obispo de San Rafael, para fijar la posición de la Iglesia local en relación con la medida judicial.

“Esta medida nos sorprendió, porque se anunció de un día para otro. Es un tema que no puede resolverse entre gallos y medianoche; merece, realmente, un estudio de nivel y jerarquía…”

Consultado respecto de la posibilidad de que el obispado sanrafaelino apele la orden de la jueza, Magdaleno respondió: “Esa es una instancia superior que debe resolver monseñor Taussig con el arzobispo de Mendoza y otras organizaciones que se hayan sentido afectadas. Esto debe resolverse tras un análisis y un diálogo profundo en el que se discuta qué modelo de país queremos, sin sorprender a nadie”.

Dado que es inconstitucional incluir fiestas católicas en el calendario escolar oficial de una provincia cuya constitución es explícitamente laica, difícilmente se puede justificar la sorpresa de la Iglesia. Uno adivina, más bien, que lo sorpresivo fue el hecho de que una jueza se atreviera a hacer cumplir la ley, a contramano del poder eclesiástico local y de las presiones y críticas que sufriría.

La prohibición de adoctrinar religiosamente a los alumnos de las escuelas públicas, de obligarlos a rezar a la Virgen María o a los santos (o a excusarse de hacerlo), de participar en rituales religiosos de consagración u homenaje a figuras de la mitología católica, ¿realmente puede decirse que se decidió “entre gallos y medianoche”? La constitución provincial de Mendoza fue reformada por última vez en 1916; su artículo n° 212, inciso 1, dice:

La educación será laica, gratuita y obligatoria, en las condiciones y bajo las penas que la ley establezca.

Quizá los constituyentes de 1916 no realizaron un “estudio de nivel y jerarquía”, pero sin duda deben haber debatido bastante antes de incluir una declaración de laicidad educativa en la ley fundamental de la provincia hace casi un siglo. ¿Cuál es la sorpresa aquí?

Y en todo caso, ¿por qué no puede resolverse con una simple decisión judicial algo que es sencillísimo de entender e implementar? No es como si se estuviera rediseñando toda la educación estatal. La medida tomada es administrativa, objetivamente insignificante. ¿Insinúa el vocero del arzobispado que las decisiones del poder judicial deben someterse a debate previo con la Iglesia Católica?

Ni qué decir tiene que el estado no es un poder sin límites y que las decisiones complejas y controvertidas deben ser tomadas con precaución y previa información al público. Pero aquí se trató de una acción de amparo, es decir, una medida judicial de excepción: la jueza Ibaceta, a pedido de un grupo de ciudadanos afectados, hizo cumplir un derecho cuyo garante natural se rehusaba distraídamente a cumplir.

Desde luego que debería haber un “diálogo profundo”, pero el mismo debe darse una vez que la ley se esté cumpliendo, no como condición para que la ley se cumpla.

El debate de la educación laica (parte 4)

Continúo aquí con el tema de mi post anterior, y termino con mi comentario acerca del debate sobre la educación laica que se dio en la provincia de Mendoza y que fuera reproducido por el diario MDZ, poco antes de que se declarara la inconstitucionalidad de la inclusión de dos celebraciones católicas en el calendario escolar.

Ya mencioné cómo el obispo auxiliar de Mendoza, Sergio Buenanueva, intentó cambiar el eje de la discusión redefiniendo laicidad como libertad religiosa, a la manera sofística típica de su gremio.

El otro argumento que utilizó Buenanueva para introducir la religión en la escuela pública es el también típico recurso a la importancia del “hecho religioso”. Es cierto que los niños viven en una cultura predominantemente religiosa y que suelen tener preguntas o inquietudes con respecto a temas religiosos (o temas de los que la religión pretende ocuparse, como el fin de la enfermedad o la muerte o la supervivencia del alma), preguntas que una escuela laica de laicidad “negativa” no responde. Pero ¿es necesario? ¿Hasta qué punto puede o debe la escuela responder esas preguntas, siendo que debe evitar por todos los medios responder de manera distinta a la de la religión de los padres, para no violar sus derechos?

Es posible pensar en una escuela que incorpore el “hecho religioso” de manera estrictamente antropológica, objetiva, neutral, pero en la práctica esto es inviable en Argentina. Cualquier cosa más allá, por otro lado, implicaría una intromisión del estado que ningún padre debería tolerar, aunque aquí llegamos a un punto donde simplemente tratamos con diferentes visiones. La Iglesia Católica considera que la educación religiosa es patrimonio de los padres y que el estado tiene la obligación de aceptar que éstos la deleguen en él. Los laicistas estamos en desacuerdo. Que el estado acepte esta imposición abre la puerta al adoctrinamiento encubierto y a otros abusos, y en el caso particular del catolicismo argentino, es de una desfachatez absoluta dado el inmenso poder económico de la Iglesia, que cuenta con instituciones de sobra para instruir a los hijos de los fieles, las cuales reciben además generosísimos subsidios de los estados nacional y provinciales.

El debate de la educación laica (parte 3)

Continúo con el tema de mi post anterior, donde hablaba del debate entre dos laicistas y el obispo auxiliar de Mendoza, Sergio Buenanueva. Éste último intentó transformar la definición de laicidad en una promoción estatal igualitaria del pluralismo religioso.

¿Tiene valor lo que apunta Buenanueva cuando habla de reconocer y fomentar la diversidad religiosa como forma de laicidad positiva? La pluralidad ¿es buena en sí? Pienso que no. El respeto mutuo entre personas de diferentes creencias es deseable, pero la pluralidad en un ámbito como la escuela no es deseable a nivel de la gestión, de los programas educativos, de los calendarios oficiales, porque una institución escolar debe educar a todos por igual y con un plan consistente, que sea amplio pero no disperso. No se puede respetar la pluralidad hasta el punto de dictar diferentes programas para alumnos de diferentes religiones, como de hecho debería hacerse si lleváramos la (supuesta) idea del obispo hasta sus últimas consecuencias.

El pluralismo es deseable a nivel sociocultural por la misma razón que es deseable viajar o aprender otro idioma: abre la cabeza de las personas a la diferencia, evita la insularidad, inmuniza contra la intolerancia. Pero el estado sólo tiene el deber de respetar la pluralidad existente, es decir, la coexistencia pacífica de distintas ideas y creencias. Obligar a personas de una religión o ideología a participar en actividades propias de otra no es pluralismo sino todo lo contrario.

La libertad religiosa consiste en poder creer y profesar libremente una religión o no creer en ninguna. No se viola esta libertad por prohibir una celebración religiosa en una escuela pública, de la misma manera que no se viola la libertad de expresión de una persona cuando se le prohíbe ponerse a cantar a los gritos en los pasillos de un hospital. Todas las libertades tienen límites, dados por criterios de razonabilidad y oportunidad. Los laicistas creemos que no es razonable que se le permita a una religión particular invadir el salón de clases.

Continuará…

El debate de la educación laica (parte 2)

Hablaba hace un par de días del debate sobre la laicidad de la educación que se desarrolló en Mendoza y en las páginas del diario MDZ entre dos militantes laicistas y el obispo auxiliar de la capital provincial, Sergio Buenanueva. El mismo fue previo a la noticia, que publiqué, sobre la prohibición (por causa de inconstitucionalidad) de la introducción de fiestas católicas en el calendario educativo mendocino.

El planteo del obispo es desgraciadamente típico: proclama que apoya la laicidad, pero redefine el concepto a su conveniencia, básicamente como todo lo contrario de lo que quiere decir realmente. Laicidad “a la católica” es que el estado se ponga a la misma altura que la Iglesia, y que mutua y graciosamente se reconozcan como partícipes de la sociedad civil (mientras la Iglesia discretamente sigue predicando que sus leyes son superiores a las del estado).

Esta clase de “laicidad” es libertad religiosa, entendida como apertura a toda expresión religiosa en el espacio público, pero ignora (y esto se lo dicen los laicistas) que en la práctica, cuando hay una sola religión mayoritaria y culturalmente dominante que además tiene privilegios legales, esa expresión religiosa “abierta” es única, se transforma en coercitiva y estigmatiza a las minorías que se ven obligadas a desmarcarse de ella. El obispo intenta que esto no se note hablando de “laicidad positiva”, de diálogo, pluralismo, la riqueza de la diversidad, etc. Para respetar las creencias distintas propone lo que en último término devendría una escuela pluriconfesional, donde todo tenga cabida y los chicos tengan que ser separados según las actividades religiosas que sus padres aprueben.

La laicidad de verdad (y esto es mi opinión) es “negativa”, en el sentido no emocional de la palabra: es quitar las manos y rehusarse, desde el estado, a intervenir a favor o en contra de una religión. Ocurre que este aspecto negativo-pasivo debe ir acompañado, en la práctica, de un aspecto negativo-activo: retirar privilegios, bloquear la intromisión religiosa oficial (sin afectar las libertades individuales), vigilar y castigar los intentos de violar la neutralidad religiosa. Esto es así porque ninguna religión organizada funciona a su gusto sin algún grado de coerción estatal o de los privados sobre el estado, y la quita de privilegios no le cae bien a quien se ha acostumbrado a ellos.

El debate sobre la definición de laicidad no se daba cuando la religión católica tenía fuerzas para imponerse; si se da ahora, si tenemos a un obispo proclamando su supuesta defensa de la separación entre Iglesia y estado, es porque las cosas han cambiado y la Iglesia no tiene más ese poder omnímodo.

Continuará…

Por qué es importante reclamar por un estado laico (parte 3)

Como les vengo contando, el próximo sábado (14 de septiembre) se realizará en la ciudad de Mar del Plata la Marcha Nacional por un Estado Laico. En mis últimos artículos he querido explicar mi apoyo a la misma, mencionando la necesidad de terminar con los privilegios legales y económicos de la Iglesia Católica y en particular el fomento estatal de la educación confesional. Aquí termino con un punto algo más delicado.

La Marcha por un Estado Laico convoca también a luchar por un país “con memoria, verdad y justicia”, lema que quizá resulte extraño por ajeno o demasiado genérico a quienes no conozcan la historia argentina. Lo cierto es que la presencia abrumadora, opresiva, de la Iglesia Católica en las instituciones oficiales, y los privilegios de los que goza, han formado desde siempre un escudo contra los esfuerzos de quienes buscan revelar sus fallas, sus componendas con el poder político y sus complicidades criminales. La Iglesia, en parte merced a sus privilegios, ha penetrado en la academia, influye en la justicia y la política, y se protege así de investigaciones que podrían dañar su imagen e incluso llevar a sus dirigentes a la cárcel.

Todas las dictaduras que han gobernado este país (y han sido unas cuantas) han contado con el apoyo de la Iglesia Católica; la última, que fue la más sangrienta, tuvo además a la Iglesia como justificadora, como confesora y como cómplice de torturas, desapariciones forzadas y adopciones ilegales de niños. Mucho de lo que los jerarcas eclesiásticos sabían se lo han ido llevado a la tumba mientras la justicia, temerosa o aliada, miraba hacia otro lado. Cuando Jorge Mario Bergoglio, a la sazón arzobispo de Buenos Aires, fue llamado a declarar como testigo en una causa judicial por robo de bebés, el hoy fingidamente humilde papa de la Iglesia Católica se negó a ir al juzgado, alegando un privilegio con resabios de nobleza, y debió tomársele declaración en su despacho episcopal. La pérdida real y simbólica de privilegios de la Iglesia que acarrearía un estado laico pondría a los que aún pueden hablar en plano de igualdad con ciudadanos comunes (ya no a Bergoglio, lamentablemente, puesto que su condición de jefe de un estado extranjero lo hace diplomáticamente invulnerable).

No puedo estar en Mar del Plata este sábado 14, pero quienes puedan hacerlo, harían bien en ir, o en su defecto, en difundir este evento.

El debate de la educación laica (parte 1)

La decisión judicial de prohibir las celebraciones católicas en las escuelas públicas de la provincia de Mendoza, que se conoció el 5 de septiembre pasado, no brotó de la nada. Como ya mencioné, el debate sobre el rol de la religión en el estado se venía dando desde antes, a partir de la presentación de un proyecto de ley de educación provincial. Un diario de la capital (MDZ Online) dio lugar en sus páginas a dos militantes laicistas: Marcelo Puertas, presidente de la Agrupación Civil 20 de Septiembre, y Federico Mare, del colectivo La Hidra del Mil Cabezas, que ha publicado cuadernillos con opiniones de pensadores en favor de la laicidad educativa; y a un representante de la Iglesia Católica: el obispo auxiliar de Mendoza, Sergio Buenanueva.

El debate oral fue transcripto en tres entregas (1, 2, 3), que me propongo resumir, agregando mis opiniones.

El planteo de F. Mare fue que la laicidad es una forma del respeto a las minorías. Implícitamente, es respetar el derecho de los padres a que sus hijos no sean adoctrinados o forzados a participar en actividades de una religión que no es la que ellos eligieron. El hecho de que estas actividades sean (oficialmente) optativas no es excusa, ya que optar implica declarar las creencias privadas y eso es una violación a la privacidad; nadie debería ser obligado a declarar sus creencias religiosas en un ámbito neutral como la escuela. Esta opción marca a los niños como diferentes del resto, como anómalos o extraños (y ya sabemos con qué facilidad estas extrañezas reales o supuestas llevan al bullying). De todas formas creo que Mare no explicó satisfactoriamente con qué argumento sostendría su apoyo a la laicidad si el catolicismo fuera una minoría.

Implícitamente, también, laicidad es llevar la religión al espacio privado, o más bien, al espacio no estatal. Se puede pensar en una laicidad muy restrictiva donde se prohíbe usar el espacio público para cualquier manifestación religiosa, pero eso no es de lo que se habla en Argentina actualmente cuando se habla de laicidad, sino de algo tan mínimo y de sentido común como no meter santos y vírgenes en un calendario educativo oficial.

Continuará…

Por qué es importante reclamar por un estado laico (parte 2)

Como les contaba en un post anterior, el sábado 14 se realizará en la ciudad de Mar del Plata la primera Marcha Nacional por un Estado Laico. Les decía que el mayor obstáculo para lograr ese ideal es terminar con los privilegios legales de la Iglesia Católica, en particular el de “sostenimiento” de la misma mencionado en el artículo 2° de nuestra Constitución Nacional.

Económicamente, el sostenimiento de la Iglesia Católica implica el pago por parte del estado de estipendios a los obispos en actividad y eméritos, como así también a los capellanes, y asignaciones monetarias a los seminarios (según leyes y decretos sancionados por gobiernos ilegales de facto). El impacto fiscal es insignificante, no así el simbólico, dado que no sólo el estado subsidia a una religión, sino que además trata a los funcionarios eclesiásticos con un rango equivalente al de funcionarios del estado, lo cual resulta bastante irónico, considerando que técnicamente los obispos responden políticamente a un estado extranjero. Esta dudosa doble lealtad, que se manifiesta con toda claridad en la presencia de banderas vaticanas a la misma altura que las argentinas en iglesias y catedrales, no parece molestar a la muy patriótica y nacionalista derecha pro-Iglesia.

Si de dinero se trata, mucho mayor e inadmisible en un estado laico es el subsidio estatal a las escuelas confesionales. Hay que aclarar aquí que los estados nacionales y provinciales subsidian a las escuelas privadas, tanto las no confesionales como las de ideario religioso, sin distinción: es decir, no se trata de un privilegio de la Iglesia Católica ni de un subsidio a la religión en sí. De hecho, los subsidios son entregados en concepto de un porcentaje (que puede ser del 100%) de los salarios de los maestros. Es dudoso que muchas escuelas confesionales pudieran funcionar, de todas maneras, si no estuviera cubierto ese componente (el principal) de su gasto total. Dado el pésimo estado de la enseñanza pública (estatal), cabe pensar en mejores destinos para esa cantidad de dinero —ésta sí considerable— que financiar indirectamente clases de catequesis.

Con respecto a la escuela estatal encontramos también la necesidad de laicidad en varias provincias de nuestro país, donde, a contramano del espíritu de las leyes nacionales, se dictan clases de religión católica, además de realizarse ritos de esa religión, o se introducen materiales de estudio católicos. El que este adoctrinamiento sea optativo (como lo es en teoría) no aminora la gravedad del asunto. Los alumnos no tienen por qué enfrentarse a la disyuntiva entre asistir a una clase de catecismo y permanecer, como parias o anomalías, en un salón apartado, perdiendo el tiempo u ocupándolo con una asignatura alternativa (en el mejor de los casos). Que la escuela pública sea aconfesional no coarta la libertad de los niños ni de los padres, que pueden a discreción enviar a sus hijos a estudiar catecismo fuera del horario lectivo en una iglesia u escuela parroquial cercana sin costo alguno, si es que ellos mismos no son capaces de explicarles a sus hijos lo que creen.

Continuará…

Mendoza: celebraciones católicas inconstitucionales en las escuelas

Hace pocos días, en Mendoza, Argentina, una jueza prohibió la celebración de dos festividades religiosas católicas en las escuelas públicas (estatales) de la provincia, por contradecir el principio constitucional de laicidad.

Para más detalles: la jueza María Eugenia Ibaceta declaró inconstitucional una resolución de la Dirección General de Escuelas (DGE) por la cual se incluían en el calendario escolar las conmemoraciones del Día de Santiago Apóstol, santo patrono de Mendoza (25 de julio), y de la Virgen del Carmen de Cuyo (8 de septiembre), que vienen celebrándose tradicionalmente desde hace tiempo aun cuando la constitución provincial declara que las escuelas públicas deben ser laicas. El fallo judicial fue en respuesta a una acción de amparo presentada por la Asociación Civil Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) filial San Rafael.

De forma bastante interesante, la jueza no se limitó a prohibir la celebración en abstracto (dejando así huecos legales) sino que detalló qué cosas violarían el principio de laicidad:

… clases alusivas, (…) carteleras, entrevistas, proyección de videos, actividades diversas en las que participen alumnos, docentes y miembros de la comunidad o personalidades relevantes del medio.

El debate por la laicidad educativa lleva un cierto tiempo desarrollándose en Mendoza, pero como suele suceder con este tipo de noticias, más aún si ocurren en “el interior” (es decir, cualquier lugar que no sea el área metropolitana de Buenos Aires), ningún diario nacional lo registró. De hecho, yo sólo me enteré porque sigo el diario mendocino MDZ en Facebook. La medida contra las conmemoraciones católicas salió luego publicada en varios otros diarios de la provincia, como es natural, pero antes de eso MDZ había dedicado ya tres artículos (1, 2, 3) a transcribir una extensa charla entre dos ateos laicistas y un sacerdote católico, donde cada uno expresó su visión sobre el tema, atrayendo variados comentarios de los lectores.

Ni qué decir tiene que la noticia de la prohibición de las fiestas católicas en las escuelas públicas provocó también una reacción importante. Los tópicos ignorantes y las hipérboles abundaron; no encontré ni un solo argumento sensato o atendible en favor de mantener las celebraciones. Muchos antilaicistas parecen dar por sentado que la Constitución Nacional obliga al estado a inyectar la religión católica en todos los ámbitos y que ni la jueza ni quienes defendemos el laicismo la hemos leído con atención. (La Constitución argentina obliga al “sostenimiento” de la Iglesia, lo cual se interpreta como sostén económico y se cumple gracias a un par de decretos y leyes sancionados en la última dictadura.)

Otros se indignan por la ruptura con la tradición, como si haber hecho siempre algo fuera argumento suficiente para seguir haciéndolo sin importar ninguna razón. (Tradicionalmente en Argentina tampoco era posible casarse si no era por iglesia y con un miembro de la misma religión, pero afortunadamente esa tradición fue abolida por la ley de matrimonio civil.) Otros aún recurren al remanido y nunca satisfactorio argumento de las prioridades: que los laicistas y la jueza pierden tiempo en estupideces mientras los niños pobres no comen, las escuelas se caen a pedazos o cualquier otra cosa más importante; o bien, su variante: que los laicistas podrían dedicarse a algo útil (darle de comer a los niños pobres, arreglar las paredes de las escuelas, terminar con la corrupción de los políticos o detener la guerra en Siria) en vez de empeñarse en quitarle a los católicos sus preciosas celebraciones.

La medida de la jueza vale sólo para este año. Habrá que ver si el gobierno mendocino hace lo que debe y endereza su camino el año que viene, evitando directamente la inclusión de conmemoraciones sectarias en el cronograma educativo, donde no corresponden, y dejando que los fieles celebren lo que deseen, cuando lo deseen, en el ámbito privado o en espacios públicos donde cuenten con la debida autorización.

Por qué es importante reclamar por un estado laico (parte 1)

El sábado 14 de septiembre se realizará en la ciudad de Mar del Plata (provincia de Buenos Aires, Argentina) la primera Marcha Nacional por un Estado Laico. Cuando recibí la nota de prensa me limité a copiar el poster de difusión de la marcha, pero ahora me gustaría explicar por qué adhiero a la marcha y por qué deberíamos, de hecho, adherir todos a la idea de que es mejor vivir en una Argentina laica.

La imposición de una religión de estado, una religión oficial, incluso una “religión por defecto”, generalmente se apoya en la (real o supuesta) mayoría numérica de los creyentes de dicha religión. Tal es el caso de Argentina. Pretende seguirse de un criterio democrático, en el cual las mayorías son las que deciden. Pero este privilegio con justificación numérica no es parte de la definición de democracia (y algunos dirían que es un ejemplo de falsa democracia). Los derechos de las minorías no pueden ser pisoteados por las mayorías. Más aún, una democracia debería poner un cuidado extraordinario en la preservación de los derechos de las minorías, precisamente porque son numéricamente débiles, con todo lo que eso suele conllevar. Los ejemplos sobran, pero los más claros (y relevantes al caso) pueden observarse en la actual persecución que experimentan los cristianos en varios países de mayoría religiosa musulmana.

En Argentina, el catolicismo funciona casi como una religión de estado, aunque más por arrastre histórico que otra cosa. Así, por ejemplo, los funcionarios católicos tienen un lugar explícito y privilegiado en el protocolo de las ceremonias oficiales. Estas rémoras coloniales son de relativamente sencilla remoción. Mucho más grave es que se le reconoce a la Iglesia el carácter de persona pública, lo cual legalmente implica ponerla a la misma altura que una institución estatal. El artículo 2° de la Constitución Nacional representa el alejamiento más extremo del ideal de estado laico, incluso aunque los juristas lo consideren limitado al sostenimiento económico de la Iglesia por parte del estado, porque a diferencia de otras leyes y reglamentos, sólo una reforma constitucional podría eliminarlo, lo cual es políticamente inviable en un plazo indefinido.

Continuará…

Marcha Nacional por un Estado Laico