Abortofobia y zapatitos de bebé

«Un nuevo “delito” está a punto de ser inventado: la “abortofobia”», leo en un portal de noticias cuyo lema reza “Buscando la Verdad” (así con mayúsculas). La bajada del tremebundo titular se indigna: «Francia condena a un ciudadano de 84 años por dar un par de zapatitos de bebé a una mujer embarazada». El portal se llama Aleteia, es católico y la noticia me llega vía InfoCatólica. Ah, suspira el lector, eso explica todo.

Como los católicos mienten pero no inventan tanto (obispos defensores de pederastas aparte), trato de desentrañar qué hay de cierto. Resulta que un tal Xavier Dor, activista “pro-vida” que a sus 84 años no se ha cansado aún de joder la vida al prójimo, fue declarado culpable de interferir con la decisión de una mujer de interrumpir su embarazo. Dor irrumpió, según parece, en una clínica donde se practican abortos, donde nada tenía que hacer, para “ofrecer” sus ideas sobre el aborto (reforzadas con un par de zapatitos alusivos al ”bebé”, que probablemente no era más que un embrión del tamaño de una castaña de cajú) a quienes se encontraban esperando su turno. La ley que lo condenó castiga precisamente esta clase de presión psicológica sobre mujeres que con frecuencia se encuentran muy vulnerables a la presión en ese preciso momento. Roberta Sciamplicotti, la cronista, lo explica así:

El paladín de los derechos de los abortistas parece ser Francia, donde la ley Weil, de 1975, creó el “delito” de obstrucción del aborto”. Quien comete ese “delito”, el de obstaculizar el aborto, puede ser considerado un “abortofóbico”.

Naturalmente, la última frase es de su cosecha, al igual que las comillas en torno a la palabra “delito”. Lo que la ley penaliza es delito, sin comillas.

Una nueva medida legal propuesta en Francia, contraria a quien está contra el aborto, incluye dos artículos de extraordinaria gravedad: el primero altera la ley actual, que ya permite el aborto para las mujeres “en situación de dificultad”. (…) Aún así, el texto será alterado y la nueva ley dirá que el aborto está permitido para las mujeres “que no desean llevar a cabo el embarazo a término”. (…)

La segunda alteración en la legislación francesa prohíbe obstaculizar el aborto no sólo físicamente, lo que ya estaba en vigor, sino también psicológicamente. La lectura de los trabajos preparatorios revela que la intención del legislador es prohibir que en los hospitales las mujeres sean informadas sobre las alternativas al aborto; prohibir, también, que los voluntarios de los centros de apoyo a la vida circulen por los hospitales; y prohibir, incluso, aun fuera o en la proximidades de los hospitales que haya protestas o divulgación de informaciones pro-vida a las mujeres.

Es seguro que la ley no propone “prohibir que en los hospitales las mujeres sean informadas sobre las alternativas al aborto”. La única alternativa al aborto es el curso natural de la gestación y eventualmente el parto, y las mujeres ya la conocen.

Es debatible si en un estado de derecho se puede prohibir la protesta o la divulgación de “informaciones” (pasemos por alto la exactitud de esa información y el interés detrás de su divulgación) en torno a determinados lugares, sin infringir inadmisiblemente las libertades ciudadanas. Mucho menos debatible es que en el interior de un hospital se prohíba la circulación de personas dedicadas a convencer a las pacientes de que la labor del hospital es inmoral y criminal, proclamando que la intervención que la paciente desea realizarse tiene efectos secundarios terribles o buscando que renuncien a ella con promesas de asistencia material (para dar un ejemplo). Si las “informaciones” que los “pro-vida” reparten en sus giras por hospitales y en sus protestas callejeras es la misma que circula en sus sitios web y en sus materiales para consumo interno, uno debe preguntarse si el legislador no debería ser incluso más duro en la prohibición.

¿Y quién es Xavier Dor, el pobre anciano multado por dar un simple par de zapatitos a una mujer que quería asesinar a su bebé? Dice la Wikipedia en francés que Xavier Dor es uno de los iniciadores de los “comandos anti-aborto” y que al mando de su organización SOS Touts-Petits solía irrumpir, hace años, en hospitales y clínicas (incluyendo áreas restringidas de los mismos), para montar un espectáculo piadoso, rezando en voz alta hasta que la policía se lo llevaba. Los susodichos “comandos” estuvieron muy activos entre 1987 y 1995, y obtuvieron explícito apoyo de la jerarquía de la Iglesia Católica, que se preocupó de remarcar su carácter “no violento”.

Violento o no violento, y aunque sea un ancianito con un par de zapatitos de bebé, Xavier Dor es la clase de persona que la ley debe mantener alejada de decisiones que no le conciernen. Cuando más pronto dejemos de tolerar a los intolerantes como estas pandillas de luchadores contra los derechos de los demás, mejor.

Libertad para impedir

Estoy oficialmente de vacaciones pero no quería dejar olvidada esta noticia. Algunos quizá sepan del gran lío que se le armó a Barack Obama cuando quiso que se aprobara su paquete de salud pública (rápidamente bautizado Obamacare). Una parte de la oposición se centró específicamente en la obligación legal, de parte de todos los empleadores, de ofrecer a sus empleados un seguro que cubriese servicios de salud reproductiva.

Al contrario de lo que sus detractores más alucinados proclaman, Obama no es un criptocomunista decidido a instaurar una dictadura cuasi-soviética en su país, y la ley incluía un compromiso por el cual quedan exentas de esta obligación las organizaciones religiosas en sentido estricto. Vale decir: si un templo de una religión que se opone a la anticoncepción o al aborto tiene empleados, el empleador puede ampararse en este hecho para no ofrecer un plan de salud que incluya esas prácticas.

Manifestantes católicos pidiendo libertad para poder privar de sus derechos a otras personas.

En un mundo donde las religiones se dedicaran a enseñar o predicar doctrinas y servir como puntos de reunión o de ritos compartidos, eso debería haber bastado. Pero ocurre que las grandes religiones nunca son realmente eso; son organizaciones que edifican estructuras de poder muy similares a las corporaciones empresarias. La Iglesia Católica, particularmente, regentea un sinnúmero de escuelas, universidades, institutos de investigación e incluso hospitales, además de muchas ONGs y fachadas varias anotadas como “sin fines de lucro”. Las parroquias en sí son una pequeñísima parte de su estructura; la exención legal no les bastaba. ¿Se imaginan a una escuela católica pagándole a sus maestras un plan de salud con el cual tuvieran acceso a la píldora?

Las ONGs católicas, entonces, solicitaron ser exceptuadas de ese punto del Obamacare. Y lo lograron: en la víspera de Año Nuevo, la jueza de la Corte Suprema Sonia Sotomayor les otorgó una suspensión temporal (hasta que la Corte escuche y decida sobre el caso, lo cual puede tomar tiempo). Lo único que tiene que hacer una ONG religiosa para negarle a sus empleados el acceso a la salud reproductiva a su costa es llenar un formulario. El formulario autoriza a la empresa de seguros de salud a prestar el servicio por su cuenta, sin que el empleador pague ni se entere siquiera.

Hasta aquí, una historia más de la ruindad de la Iglesia Católica. ¡Pero hay más! Enterados de la medida de Sotomayor, unas adorables monjitas han presentado una demanda… contra el llenado del formulario que les permite quedar exentas de la ley. Completar el formulario, dicen, es una violación de su libertad religiosa, porque firmarlo equivale a facilitar que se provean anticonceptivos.

Desde el punto de vista de las monjas, tienen razón, claro, aunque cabe preguntarse por qué no van más lejos: idealmente, deberían dejar de pagar impuestos al gobierno de Obama, o trabajar ellas mismas en vez de tomar empleados formalmente, o tomar sólo empleados y empleadas que no vayan a necesitar jamás servicios de salud reproductiva (mujeres postmenopáusicas y poco más, supongo), o ir a hacer su tarea a un lugar más respetuoso de su “libertad religiosa” (hay muchísimos lugares así, aunque afortunadamente no tantos). Mantener estrictamente la moral católica de todo un grupo de personas mientras se monta una organización legal en un país moderno es, como se dice en Estados Unidos, pretender quedarse con la torta y a la vez comérsela.

En último término, la razón por la cual las ONGs católicas no quieren llenar el dichoso formulario no pasa por su “libertad religiosa”, sino por el objetivo real, que siempre ha sido claro, de quitarle a todas las personas posibles el acceso a la salud reproductiva. Si una organización puede negarse a ofrecer un seguro de salud con cobertura de anticoncepción y aborto y además no tiene que llenar un formulario autorizando a las aseguradoras a ofrecer estos servicios por su cuenta, el resultado es que el empleado no puede acceder a ellos ni como parte del seguro de su empleador ni por fuera de éste: sólo puede hacerlo privadamente, abonando los costos completos, que pueden ser prohibitivos (el costo de la salud en Estados Unidos es el más caro del mundo por lejos).

Ofrecer una mano y terminar dando hasta el codo: tal es el resultado de conceder a las organizaciones religiosas privilegios que no merecen.

Una mujer contra los obispos

Por primera vez una mujer demandó judicialmente a la Conferencia de Obispos de Estados Unidos por su imposición del dogma antiabortista por sobre la salud de los pacientes.

La mujer, Tamesha Means, estaba embarazada de 18 semanas cuando sufrió una ruptura prematura de membranas y recurrió de urgencia a Mercy Health Partners, un establecimiento sanitario que se identifica como católico. El embarazo estaba virtualmente perdido y Means sufría un terrible dolor, pero los médicos, en cumplimiento de las directivas de la Iglesia, se negaron a provocarle un aborto. Volvió más tarde y fue rechazada nuevamente. La tercera vez, ya con una infección y mientras en el hospital se preparaban para enviarla a su casa nuevamente, Means abortó espontáneamente; sólo entonces le dieron la atención debida. El hospital no se negó a realizar un aborto: ni siquiera se lo mencionaron.

No se trató de un caso de objeción de conciencia. Si la legislación lo permite (puesto que no es un derecho sino una excepción) un profesional médico puede negarse a realizar un aborto, pero debe informar a la paciente para permitirle que busque a otro profesional que sí lo haga. En el contexto de una institución de salud, la misma es responsable de contar con un profesional que esté dispuesto a hacerlo, o de derivar a la paciente a otro hospital.

Pero aquí no se ofreció información ni alternativas. El hospital Mercy Health Partners es católico, frase un poco absurda (¿cómo puede tener fe religiosa una institución, cuando la fe es un asunto personal?) que se resume en que las leyes y la ética normales no se aplican, sino las directivas de un grupo de hombres célibes sin conocimiento alguno del tema, elegidos a dedo por un monarca absolutista extranjero. Las Directivas Éticas y Religiosas para los Servicios Católicos de Cuidado de la Salud, documento de los obispos estadounidenses que “sus” hospitales deben respetar, prohíben el aborto bajo cualquier circunstancia. Esto incluye, aunque no lo dice específicamente, el riesgo de vida de la mujer embarazada.

Una vez más queda probado que los hospitales católicos no son seguros para las mujeres, y que permitir que las leyes cedan lugar a la doctrina religiosa en la vida pública es una claudicación inadmisible por parte de los legisladores.

Dar derechos al embrión es quitárselos a la mujer

En mi artículo anterior escribí sobre lo que implica definir por ley que la existencia de la persona humana comienza con la concepción. Lo hice motivado por el reciente éxito del lobby antimujeres católico en su interferencia con el proyecto de ley del nuevo Código Civil argentino, mediante la cual lograron reafirmar la cláusula de “persona desde la concepción”, desechar una modificación que habría permitido la fecundación asistida e imponer al Congreso el dictado de una ley de protección del embrión no implantado. (El Código no ha sido aprobado aún y no lo será hasta el año que viene al menos, pero las posibilidades de que se modifiquen estos puntos son remotas, dada la beatería de los líderes parlamentarios y el unánime terror de gobierno y oposición a molestar al Papa.)

El artículo 19 del Código Civil argentino ya hablaba de “persona desde la concepción”, pero era un punto poco recordado, perdido entre miles de otras disposiciones legales igualmente arcaicas y obsoletas. Dejarlo como está en una reforma, sin embargo, implica una reafirmación y una demostración de fuerza de los católicos. Ya hablé de algunas de las consecuencias que podrían derivarse de transformar en ley la noción metafísica, espiritualista, de que con la unión de un óvulo y un espermatozoide aparece automáticamente una entidad llamada “persona humana” que tiene todos los derechos de una persona de verdad.

Algún lector quizá crea que con algunos ejemplos (mujer embarazada condenada por perder un embarazo al chocar el auto que conduce, etc.) no intenté más que una reducción al absurdo. El propósito de este artículo es demostrar que no fue así.

Hay varios estados de Estados Unidos donde los conservadores religiosos, con más poder que en Argentina y con una estructura legal diferente (más poder local, menor injerencia federal), han logrado imponer leyes de protección de los embriones e incluso leyes que dictaminan que existe una persona humana desde la concepción. (La jurisprudencia que permite el aborto en Estados Unidos no lo expresa como un derecho; expresa que el estado sólo puede intervenir en el primer trimestre de la gestación para proteger la salud de la mujer, y luego de este plazo, sólo puede regular la interrupción del embarazo si admite expeciones para preservar la salud de la mujer. Esto deja la puerta abierta a leyes que, sin prohibir el aborto, lo limitan severamente por otros medios.) Hace unos días, coincidentemente con los entretelones del Código Civil argentino, me encontré leyendo un reporte sobre las consecuencias de esas leyes sobre la libertad de las mujeres.

Se trata de un trabajo de National Advocates for Pregnant Women (NAACP), una organización estadounidense que “busca proteger los derechos y la dignidad humana de todas las mujeres, particularmente las embarazadas y las madres y aquéllas que son más vulnerables”. El estudio

identifica cientos de casos criminales y civiles involucrando los arrestos, detenciones y privaciones equivalentes de libertad física de mujeres embarazadas que ocurrieron entre 1973 y 2005, luego de producida la decisión Roe vs. Wade.

Roe vs. Wade fue el caso que, tras un fallo de la Corte Suprema, permitió que las mujeres abortaran sin ser perseguidas penalmente.

En cada uno de los 413 casos, el embarazo fue un elemento necesario y las consecuencias incluyeron: arrestos; encarcelamiento; prolongación de sentencias de prisión o detención; detenciones en hospitales, instituciones psiquiátricas y programas de tratamiento de la drogadicción; intervenciones médicas forzadas, incluyendo cirugías. Los datos mostraron que las autoridades estatales han usado medidas legales post-Roe incluyendo leyes de feticidio y leyes antiabortistas que reconocen derechos particulares a los cigotos, embriones y fetos como base para privar a mujeres embarazadas (sea que buscasen interrumpir el embarazo o llevarlo a término) de su libertad física. Estos hallazgos marcan claramente que si se ponen en efecto lo que se llama medidas de “personería”, no sólo serán arrestadas más mujeres que abortan, sino que tales medidas crearían las bases legales para privar a todas las mujeres embarazadas de su status de personas de pleno derecho.

El estudio documenta 413 casos distribuidos en casi todo Estados Unidos a lo largo de 32 años, advirtiendo que seguramente sean muchos más, y sin incluir otros 250 casos documentados desde 2005 a la fecha de publicación (enero de 2013). Algunos ejemplos:

• Una mujer embarazada se cayó por una escalera. Fue arrestada acusada de intentar matar al feto.
• Una adicta a los opiáceos fue a un hospital a pedir ayuda para tratarse de su adicción. Al descubrir que estaba embarazada, se la forzó a internarse en una clínica psiquiátrica.
• Hay varios casos de mujeres forzadas a someterse a exámenes ginecológicos invasivos o incluso a una cesárea, en teoría para proteger al feto.

Las mujeres más propensas a sufrir estos ataques a su libertad son las más pobres; en buena parte de los casos las denuncias provienen de personal sanitario en violación de su deber de confidencialidad.

Esto no puede dejar de sonar conocido a los argentinos. En nuestro país es sabido que con dinero se puede abortar con seguridad y sin consecuencias penales, y que las mujeres pobres son las que menores chances tienen de ejercer sus derechos reproductivos. También sabemos que en cualquier hospital uno puede encontrarse con médicos o enfermeros devotos que consideran que su religión está por encima de la ley y que, ante una mujer que busca ejercer sus derechos, correrán a denunciarlo para entorpecerlo. Peor aún, los hospitales públicos están infestados de monjas y curas, incluso como personal pago (capellanes), que meten la nariz donde nadie los llama. Hay, en resumen, una gran cantidad de personajes dedicados con pasión a vigilar que las mujeres gesten y den a luz sus hijos cuando y como ellos desean.

Un embrión no es una persona de ninguna manera que nuestro sentido común pueda reconocer, y no debe serlo según la ley, por más que se apele a los tratados internacionales que Argentina ha suscripto y que parecieran obligarla a ello. Esto dice el comunicado de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) sobre el tema:

Respecto del comienzo de la existencia de la persona humana “desde la concepción”, resulta alarmante que se mantenga una disposición obsoleta redactada en el siglo pasado y que incluye un término (“concepción”) sumamente vago que carece de un significado biológico preciso. Esta norma no recepta los avances científicos en la materia ni la jurisprudencia más reciente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Artavia Murillo”. Allí, la Corte Interamericana concluyó que el embrión no puede ser entendido como persona a los efectos del artículo 4.1 (derechos a la vida) de la Convención Americana de Derechos Humanos y que la protección del derecho a la vida no es absoluta, sino que es gradual e incremental según su desarrollo.

¿Le importará algo de todo esto a nuestros políticos? La mayoría de ellos no parecen muy inteligentes, ni educados, ni interesados en estar al día con la jurisprudencia relativa a lo que deben votar como legisladores.

Lo que implica la “persona humana desde la concepción”

Hace unos días, la mayoría legislativa kirchnerista entregó la cabeza del nuevo Código Civil argentino en una bandeja a la Iglesia Católica, en la persona de su campeona “pro vida” la senadora Liliana Negre de Alonso, como expliqué en mi artículo anterior.

Comencé entonces diciendo que el proyecto de ley de Código Civil implicaba un retroceso específicamente en los derechos de las mujeres, aunque no me explayé demasiado sobre el tema. Debería ser obvio que reafirmar que “la persona humana existe desde la concepción” es un ataque contra las mujeres, pero quizá no lo sea para todos o no se comprendan en plenitud los efectos de una declaración legal de esa naturaleza.

La postura cristiana conservadora frente al aborto siempre me ha parecido un fingimiento. Oponerse al aborto, como oponerse a la homosexualidad o a los anticonceptivos, puede transformarse fácilmente en una consigna, una bandera ideológica y una marca identitaria: el santo y seña por el cual los conservadores se reconocen y el grito con el cual marchan juntos a la batalla más allá de (y sin tener que pensar en) diferencias de detalle que los separen. Pero imaginemos, por un momento, que hay personas que realmente creen que “la persona humana comienza con la concepción”, que esa “persona” recién concebida es tan persona como ella misma y que están dispuestos a seguir esa idea hasta sus últimas consecuencias.

Y ahora imaginemos que la persona-desde-la-concepción es ley, y que uno de esos creyentes consecuentes es el encargado de hacer cumplir la ley.

De pronto, cada cosa que pueda poner en peligro a un óvulo fecundado es una amenaza contra una persona. Un cigoto es una cosa muy frágil; de hecho, diferentes estimaciones dicen que entre un 30% y un 70% de los cigotos son abortados espontáneamente, muchos antes de implantarse en el útero y casi siempre sin que la mujer siquiera lo note, por cosas tan sencillas como un cachito de cromosoma de más o de menos. Pero eso es “natural”, así que no cuenta, nos dicen los “pro vidas”. Tal criterio es ilógico, como el lector podrá comprobar si reflexiona unos segundos: en nuestra sociedad no sólo hay leyes contra el asesinato sino también leyes que obligan a colocar pararrayos en los edificios altos, leyes que nos fuerzan a vacunar a nuestros hijos y campañas para incentivarnos a comer comida sana; presiones e influencias, en fin, que buscan protegernos de la “naturaleza”. Si la naturaleza aborta a la mitad de los embriones, estamos ante un nivel de letalidad que deja chiquitas a la viruela, la polio, el sarampión, la difteria y el tétanos; y sin embargo, no vemos a ningún “pro vida” haciendo campaña desesperadamente en favor de la investigación científica que permita salvar a esas millones de personas. Si un cigoto es una persona, en el tiempo que te llevó leer este párrafo han muerto miles de personas indefensas y a nadie le importa.

En el anteproyecto de Código Civil había una previsión específica para la fecundación asistida. Esa previsión se quitó a instancias de la Iglesia, incorporándose en cambio una promesa de reglamentar la “protección del embrión no implantado” por medio de una ley especial. Este cambio, aplicado como un parche entre gallos y medianoche, motivó la indignación de más de uno:

“Es gravísimo —alertó el jefe del bloque de diputados radicales Ricardo Gil Lavedra—. ¿Qué significa esto? ¿Que al que se le cae por error una probeta incurre en aborto? No tenemos sancionado nada serio sobre preservación de los embriones y estamos diciendo que son personas”, exclamó.

Gil Lavedra no se equivoca, aunque tampoco lo ve muy claro. En la práctica, cumplir el Código Civil tal como se lo propone implica el fin de la fecundación asistida legal, ya que incluso las técnicas más modernas implican la producción y manipulación de embriones.

En nuestro ordenamiento legal, si uno causa daño a otra persona por negligencia, le caben penas menores que si lo hace buscando causar daño adrede, pero penas al fin. Una mujer embarazada que no busca abortar pero que se comporta de manera que podría dañar al nascituro, ¿no entra en la misma categoría?

De pronto, una mujer que pierde su embarazo en un accidente automovilístico causado por su mala conducción es penada de la misma manera que si en ese accidente hubiese muerto su hijo de cinco años sentado en el asiento del acompañante sin arnés ni cinturón de seguridad (y es penada incluso aunque ella misma no supiese aún que estaba embarazada). Una mujer que llega a la guardia de un hospital con un aborto espontáneo en curso es acusada de haber intentado un aborto provocado. Una mujer que fuma o bebe alcohol queda embarazada y su esposo o un juez la hace internar en una clínica de rehabilitación hasta el final de la gestión, para que no consuma drogas que pueden dañar al nascituro (con el mismo criterio con que la justicia le impide a los padres darle drogas adictivas a sus hijos menores de edad).

¡Y hay más! Un trabajador en una clínica de fertilidad, como imaginaba el diputado, deja caer una probeta con un embrión que iba a ser implantado, y la receptora frustrada lo acusa de homicidio. En esa misma clínica de fertilidad, un corte de energía generalizado y prolongado hace que se descongelen y malogren miles de embriones preservados en frío: ¡una masacre causada por no contar con generadores de energía autónomos y redundantes!

Estos casos no son totalmente hipotéticos. Ya existe en Argentina un precedente de acusación de “doble homicidio” por el asesinato de una mujer embarazada. Si parece que nadie presta atención al Código Civil es porque de hecho en Argentina son muy pocas las leyes que verdaderamente se cumplen (aunque en este caso deberíamos dar gracias). En un próximo artículo les voy a contar sobre lo que ocurre en Estados Unidos, donde hace tiempo que, siendo legal el aborto, existen sin embargo muchos casos donde las leyes impulsadas por conservadores religiosos, y hechas cumplir al pie de la letra, han quitado derechos a las mujeres para concedérselos a los nascituros.

El Código Civil argentino, entregado a la Iglesia Católica

Argentina tendrá pronto un nuevo Código Civil y todo indica que, en varios sentidos, el mismo implicará un retroceso, específicamente en los derechos de las mujeres.

El Código Civil que tenemos data de fines del siglo XIX y ha tenido modificaciones pero no, hasta ahora, de manera integral. El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, propuso hace años hacerla, y desde entonces el gobierno, la oposición, los jueces, expertos independientes y muchas organizaciones no gubernamentales han estado debatiendo. El proyecto de Lorenzetti enriquecido con estas deliberaciones incluía legislar sobre fertilización asistida y maternidad subrogada (“alquiler de vientres”), entre otros temas que encendieron las alertas de ciertos entrometidos profesionales cuya ocupación habitual es decirle a los demás cómo su dios quiere que nos reproduzcamos.

Aunque nunca se habló del derecho al aborto como algo que podría incluirse en el nuevo Código (al menos, nunca pasó de un reclamo de algunas organizaciones), la Iglesia Católica hizo un gran escándalo con lo demás, intentando mostrarlo como un primer paso en esa nefanda dirección. En realidad no fue más que un marcado de territorio, habitual en estos casos.

La senadora Liliana Negre de Alonso y el presidente
de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez

El artículo 19 del viejo Código Civil ya consideraba que la persona humana comenzaba su existencia “con la concepción en el seno materno”. El kirchnerismo (mayoría absoluta en el Congreso) quería darle lugar al reclamo de cierta minoría intensa a favor de la fecundación asistida, que tiene el inconveniente (técnico) de que produce embriones de sobra, que luego hay que desechar o bien conservar sine die. La lógica y la jurisprudencia dictaban que había que eliminar la arcaica e inutilizable definición de “persona desde la concepción”; la política cortoplacista, acomodaticia y chapucera determinó que se quitara lo del “seno materno” y se agregara una frase a los efectos de que, sólo en el caso de tratarse de un embrión producido por fertilización asistida, la existencia de la persona comenzaría no con la concepción sino con la implantación en el útero. Este artículo esquizofrénico, conteniendo dos definiciones mutuamente contradictorias de “persona”, hubiera terminado infamando el nuevo Código Civil si no hubiera sido porque la Iglesia Católica redobló la apuesta y, a través de uno de sus legisladores a control remoto más confiables (la senadora Liliana Negre de Alonso), interpuso una queja en favor de los pobres e indefensos embriones, condenados a vivir en peligro hasta haber logrado parasitar exitosamente a un contenedor femenino.

Negre de Alonso pertenece al sector habitualmente caracterizado como de derecha o conservador dentro del peronismo. El kirchnerismo está mayormente formado, en teoría, por el ala opuesta. Sin embargo, como bien sabemos los argentinos e infructuosamente hemos tratado de explicar durante décadas, el peronismo es una religión plagada de misterios, a los cuales habrá que sumar, en los libros de historia del futuro, el que el kirchnerista presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, acordase con Negre de Alonso (en representación del fascismo católico) modificar nuevamente el artículo 19 de manera de quitar la definición de “persona desde la implantación” y asegurar la “protección del embrión no implantado”.

Si el artículo 19 original, como otras disposiciones arcaicas del Código, no se cumplía en la práctica excepto en lo que se refiere a la prohibición del aborto, este nuevo énfasis parece orientado a que sí se cumpla, con lo cual podría ocurrir, como planteó el diputado radical Ricardo Gil Lavedra, que dejar caer una probeta con un embrión sea penado como un aborto provocado. (No es absurdo que esto pueda ocurrir, como mostraré en un artículo por venir.)

Mientras se realizaban estas componendas, la sanción del Código seguía en sus idas y vueltas. El Frente para la Victoria (kirchnerismo) decidió primero y de pronto que el Código debía estar aprobado antes de la renovación parlamentaria del 10 de diciembre, le gustase o no a la oposición; luego de la concesión a la Iglesia, de manera igualmente sorpresiva se comunicó que buscarían darle media sanción en el Senado pero dejar el resto del trámite para el año que viene. Negre de Alonso volvió sobre sus pasos y dijo que el proyecto “no conforma a ninguno”, cosa que probablemente es cierta; el kirchnerismo cuenta con un elemento progresista (con puntos de contacto con feministas y anticlericales) que no está muy feliz con lo ocurrido, y a la oposición —dejando de lado a los chupacirios y empleados del episcopado— le molestan otros elementos preocupantes, aunque no, desgraciadamente, la permanencia sin cambios de los artículos que dan a la Iglesia privilegios como el de ser considerada “persona jurídica pública”, es decir, una institución a la par de organismos estatales y de los países extranjeros, condición que no comparte con ninguna otra religión.

Los ciudadanos seguimos esperando que nuestros representantes, o al menos la mayoría de ellos, encuentren la independencia mental y la valentía necesaria para volverse hacia los lobbistas de Dios y comunicarles que sus reclamos y opiniones ya no van a ser considerados.

Ecografías obligatorias antes de abortar

En mi post anterior hablé sobre la modesta proposición de que todas las mujeres embarazadas que deseen abortar sean obligadas a realizarse y recibir la imagen de una ecografía del feto. En este caso se trataba de una idea del diputado español Carlos Salvador, pero desde luego no es algo que se le haya ocurrido primero a Salvador. Varios estados estadounidenses ya obligan a las mujeres a esta invasión de su privacidad groseramente contraria a la ética de la medicina (puesto que es básico, de mínima, que un profesional médico no puede obligar a una paciente a someterse a un tratamiento que ésta no desea).

La versión más extrema de esta imposición antiabortista es la ley de Texas, por la cual la mujer que desee abortar debe realizarse la ecografía y permitir que el médico registre el sonido del corazón del feto al latir; la mujer no está obligada a ver ni escuchar pero el médico debe describirle tanto la imagen como el sonido en voz alta y darle los detalles del desarrollo fetal. Después de eso debe esperar 24 horas antes de poder interrumpir el embarazo, si así lo desea, con lo cual al chantaje emocional se le suma, en el caso de pacientes de escasos recursos que deben viajar desde lejos, un obstáculo económico.

En ciertos casos el efecto emocional puede ser devastador. Por ejemplo, una mujer que recibe en un chequeo de rutina la noticia de que su futuro hijo nacerá con graves deformidades (que lo obligarán a una vida de idas y vueltas constantes por hospitales) y decide abortar, tiene que escuchar —otra vez, antes del aborto— el latido del corazón y la descripción detallada del feto deforme.

Un detalle que quizá se le pasó por alto a Carlos Salvador, que de seguro es totalmente ignorante en lo que respecta a las etapas del desarrollo fetal o las capacidades técnicas de los equipos de ecografía, pero que sin duda muchos activistas “pro-vida” conocen, es que hasta las 12 semanas de gestación el feto es generalmente demasiado pequeño para que su imagen se capte bien en una ecografía abdominal (del tipo que estamos acostumbrados a ver, en las que se pasa el transductor sobre el abdomen untado con gel). Para cumplir con una ley como la que Salvador propone, en esos casos (que son la mayoría), se debería realizar una ecografía transvaginal, insertando una sonda especial dentro de la vagina, lo cual representa una violación desde el momento en que la mujer no desea esa penetración y se ve obligada a someterse a ella.

Lo peor es que estas leyes ni siquiera funcionan, según los datos que hasta ahora se tienen, para lo que sus proponentes en teoría querían que funcionaran. Según los profesionales entrevistados, la inmensa mayoría de las mujeres no cambian de idea sobre el embarazo que desean interrumpir. A algunas quizá no les afecte mucho; otras sufren la experiencia de la ecografía forzada pero siguen adelante a pesar de todo. Quizá los “pro-vida” se conformen con ese sufrimiento, con esa culpa reavivada siquiera brevemente. Nunca me ha quedado claro que disminuir los abortos sea el verdadero objetivo de los “pro-vida”, que casi sin excepción se oponen también a las cosas que pueden evitar que muchas mujeres lleguen a necesitar un aborto: el acceso a la anticoncepción y la educación sexual.

“Con toda la información relevante” sobre el aborto

El diputado español Carlos Salvador quiere que sea obligatorio por ley realizar y entregarle a la mujer que desea abortar durante las primeras 14 semanas de gestación una ecografía del nascituro. Según el órgano cavernario InfoCatólica, Salvador afirma que

«parece oportuno» plantear la entrega de una imagen del no nacido a través de una ecografía que muestre la «realidad vital y humana de su existencia» y que, unida al resto de la documentación, sirva a la madre y, en su caso, al padre, para poder tomar una decisión «con toda la información relevante a su alcance y sin censuras».

Esta definición es bastante jugosa. Para empezar llama “el no nacido” al embrión o feto, dándose por descontado el tácito “niño”. Esto es como llamar a una bellota un ”roble no brotado” y es el primer indicador de que el diputado quizá no tenga los intereses de la mujer como prioridad, porque ¿quién va a estar del lado de una mujer que quiere matar a un ser humano no nacido?

Seguidamente habla de la “realidad vital y humana” de la existencia del nascituro, asumiendo aparentemente que las mujeres no creen en la existencia de un ser humano en desarrollo dentro de su útero a menos que se les muestre una ecografía del mismo. Habrá tales casos, seguramente, pero se trata de trastornos psicológicos que con seguridad se deben tratar de otra manera.

Más reveladoramente, habla de “en su caso, el padre”. Nuevamente asume el diputado que el contribuyente masculino de la mitad de los genes de un embrión tiene algún derecho a decidir sobre ese embrión en una etapa de la gestación en la que no es más que un parásito del cuerpo de la mujer, dependiente totalmente del mismo y a la vez sumamente oneroso en su mantenimiento.

Finalmente habla de “censuras”. ¿Se le ha estado ocultando algo a las mujeres, con respecto a su reproducción? Si una mujer llega a un embarazo no deseado es bastante probable que haya sido por haber sido mal informada sobre la anticoncepción o por haberse sometido a mandatos de género que la destinan a la maternidad, casualmente dos de las cosas que con más asiduidad promueven tanto los partidos conservadores católicos como la iglesia con la cual están típicamente aliados. Las mujeres que cuentan con “información relevante y sin censuras” tienen muchas más chances de evitar recurrir al aborto quirúrgico que las que son privadas de esa información por políticas ridículas como las de promoción exclusiva de la abstinencia.

Afortunadamente, la propuesta del diputado Salvador no ha encontrado eco en sus colegas, aunque difícilmente sea éste su final.

Más sobre esto en un próximo post.

Dudas sobre el síndrome post-aborto

El órgano de desinformación y propaganda InfoCatólica cita un artículo de la plataforma nacionalcatólica HazteOír sobre la discusión que se dio en el Simposio de Salud Mental y Aborto del XVII Congreso Nacional de Psiquiatría de España, celebrado en Sevilla.

Los psiquiatras no llegan a un acuerdo sobre las consecuencias del aborto provocado

(…) Existen estudios a favor y en contra de la existencia del síndrome postaborto. Las diferentes conclusiones se deben a la variabilidad de las muestras, el diseño de los estudios, el control de las patologías psiquiátricas previas o subyacentes, el periodo de seguimiento tras el aborto y la participación en ellos de las mujeres que abortan.

Si fuéramos a creer a los “pro-vida” impulsores del mito del “síndrome post-aborto” (SPA), prácticamente todas las mujeres que abortan padecerían un conjunto de patologías psiquiátricas de distinto tipo y gravedad, de manera inmediata o a largo plazo (la ambigüedad en estos casos facilita el engaño). Muy por el contrario, la psiquiatra citada por los “pro-vida” acepta que hay estudios a favor y en contra de la existencia del SPA y que, en el caso del estrés postraumático (uno de los componentes postulados del mismo), los estudios que están a favor de la existencia del SPA “indican que podría afectar al 10% del total de mujeres que abortan”.

Se hace notar, además, que los problemas psiquiátricos luego de un aborto tienden a ocurrir en pacientes con patologías previas. Esto no es nada sorprendente, pero complica el análisis de los datos (por aquello de no caer en el post hoc ergo propter hoc).

Así que, por una vez, los falseadores profesionales han escrito un resumen aparentemente correcto de la situación. Naturalmente, ni ellos ni sus seguidores tomarán nota, y continuarán repitiendo con toda seguridad la mentira que inventaron (tal es el calificativo que merece el afirmar contundentemente una proposición cuando uno no sabe realmente si tal proposición es cierta, a sabiendas de que la audiencia le creerá). El fin superior de la doctrina católica sobre el aborto, que es aterrorizar a las mujeres para que sigan sin reclamar control sobre sus cuerpos, no tolera argumentos matizados, y si la ciencia no apoya lo que la doctrina proclama, será la ciencia la que piadosamente tendrá que callar.

Gatopardismo papal

Hace unos días Jorge Bergoglio, alias el Papa Francisco, concedió a Antonio Spadaro, director de la revista jesuita La Civiltà Cattolica, una larga entrevista, que fue publicada en múltiples medios católicos. Los medios seculares tomaron las partes más jugosas de la entrevista y las difundieron, en general intentando mostrar las manifestaciones del papa como una revisión para bien o un progreso en la actitud de la Iglesia hacia sus blancos preferidos (las mujeres y los homosexuales).

En realidad, como los mismos comentaristas católicos se han empeñado en aclarar, el papa no dijo nada nuevo y de hecho reafirmó las posturas tradicionales de la Iglesia. Nada va a cambiar porque nada puede cambiar; el aborto sigue siendo un asesinato, tener sexo sin buscar hijos es ser anti-vida, y la homosexualidad es una especie de enfermedad cuyas víctimas merecen compasión.

El primer error que cometen los medios es suponer que el papa está hablando para toda la humanidad. Muy lejos de eso, el Papa le habla a los católicos (él dice “cristianos”, pero buena parte de los cristianos del planeta no considera que esos dos términos se solapen), y específicamente a los católicos de nombre y a los católicos devotos pero apartados de la Iglesia y que quieren —por alguna razón que se me escapa­— seguir sintiéndose parte de una iglesia que los rechaza con un mensaje expulsivo, condenatorio, basados en una moral absurda. Así lo expresa el entrevistador:

…aquellos cristianos que viven situaciones irregulares para la Iglesia, o diversas situaciones complejas; cristianos que, de un modo o de otro, mantienen heridas abiertas. Pienso en los divorciados vueltos a casar, en parejas homosexuales y en otras situaciones difíciles.

Es quizá sintomático el que no se comprenda muy bien si las “heridas” y las “situaciones difíciles” son padecimientos de las personas en cuestión o conflictos entre el modo de vida de esas personas y la Iglesia. Hay una infinidad de cristianos divorciados y vueltos a casar y de cristianos homosexuales en pareja que viven perfectamente felices, o al menos, tan bien o mal como cualquiera.

Sobre cómo llegar a esas personas (claramente la preocupación de cierto sector de la Iglesia, que ve cómo se han ido vaciando los bancos de la misa y las bolsas de la colecta), Francisco dice:

Tenemos que anunciar el Evangelio en todas partes, predicando la buena noticia del Reino y curando, también con nuestra predicación, todo tipo de herida y cualquier enfermedad. En Buenos Aires recibía cartas de personas homosexuales que son verdaderos ‘heridos sociales’, porque me dicen que sienten que la Iglesia siempre les ha condenado.

¿“Sienten” que la Iglesia los condena? El Papa, cuando era su gemelo malvado Jorge Mario Bergoglio, llamó al proyecto para permitir matrimonios entre personas del mismo sexo un plan del demonio. Y ése es uno de los calificativos más sutiles de los jerarcas de la Iglesia hacia los homosexuales.

La religión tiene derecho de expresar sus propias opiniones al servicio de las personas, pero Dios en la creación nos ha hecho libres: no es posible una injerencia espiritual en la vida personal.

Esto es cierto (menos lo de Dios, que no existe), pero sólo en cierto sentido. Las opiniones de los demás nos afectan, y es sabido que recibir opiniones negativas constantes nos puede afectar gravemente a nivel psicológico. Por no hablar de la influencia indirecta que tienen esas opiniones cuando son tomadas por verdades por otras personas. El mensaje de la Iglesia, repetido y amplificado por medios acríticos y por una cultura conservadora e hipócrita, afecta a los blancos elegidos por la Iglesia.

Sigue el papa:

Una vez una persona, para provocarme, me preguntó si yo aprobaba la homosexualidad. Yo entonces le respondí con otra pregunta: ‘Dime, Dios, cuando mira a una persona homosexual, ¿aprueba su existencia con afecto o la rechaza y la condena?’.

¿Cómo saberlo? Dios, si existe, no da muestras de aprobar o rechazar a nadie; sólo habla por personas que se dicen sus elegidos.

En esta vida Dios acompaña a las personas y es nuestro deber acompañarlas a partir de su condición. Hay que acompañar con misericordia. Cuando sucede así, el Espíritu Santo inspira al sacerdote la palabra oportuna.

¿“Su condición”? ¿“Con misericordia”? ¿Cómo puede interpretar eso alguien, si no es deduciendo que la Iglesia o Dios (que es lo mismo en la práctica) lo consideran un enfermo digno de lástima? ¿Hay que culpar al Espíritu Santo de no inspirar a los sacerdotes, o de inspirarles mal, cuando tratan a los homosexuales y transexuales como perversos, a las mujeres que abortaron como a asesinas, y así, generalmente desde la seguridad y la autoridad del púlpito?

Luego Francisco pasa a hablar de la confesión, que es la forma en que el sacerdote “acompaña” a quienes no cumplen con las reglas de Dios (la Iglesia). Lo hace con un ejemplo:

Estoy pensando en la situación de una mujer que tiene a sus espaldas el fracaso de un matrimonio en el que se dio también un aborto. Después de aquello esta mujer se ha vuelto a casar y ahora vive en paz con cinco hijos. El aborto le pesa enormemente y está sinceramente arrepentida. Le encantaría retomar la vida cristiana. ¿Qué hace el confesor?

La relación entre el sacerdote y los demás se plantea enteramente en términos de culpa y de la facultad del sacerdote de perdonar esa culpa. El sacerdote, y por extensión la Iglesia/Dios, sólo puede “acompañar” a una persona si ésta se admite pecadora y arrepentida. Si una persona, para vivir como desea y llegar a la felicidad, procede contra las prohibiciones católicas, la Iglesia sólo acepta recibirla si abyectamente se arrodilla y confiesa que sus deseos fueron incorrectos, se arrepiente de haber buscado esa felicidad y promete volver a hacer lo que la Iglesia/Dios manda en vez de lo que realmente quiere.

Finalmente llegamos a la frase que más llamó la atención de los medios:

No podemos seguir insistiendo solo en cuestiones referentes al aborto, al matrimonio homosexual o al uso de anticonceptivos. Es imposible. Yo he hablado mucho de estas cuestiones y he recibido reproches por ello. Pero si se habla de estas cosas hay que hacerlo en un contexto. Por lo demás, ya conocemos la opinión de la Iglesia y yo soy hijo de la Iglesia, pero no es necesario estar hablando de estas cosas sin cesar.

De aquí podemos derivar dos interpretaciones: la más piadosa y la más realista. La interpretación piadosa es que Francisco está pidiendo a su Iglesia que no se la pase señalando pecados, y que cambie el enfoque: del ataque a la bienvenida, de la moralización severa a la misericordia.

La interpretación más realista es que Francisco ha entendido que la Iglesia va a seguir perdiendo popularidad y fieles si todas sus intervenciones públicas se refieren directa o indirectamente a su fijación contra el sexo no reproductivo, actividad que no por ser dogmáticamente pecaminosa deja de ser el pecado más frecuente de la inmensa mayoría de sus feligreses y de los seres humanos en general, además de uno de los más placenteros.

Quienes seguimos a la prensa católica sabemos que, excluyendo las noticias de índole administrativa (eventos, designaciones de funcionarios, documentos papales), la mayor parte de lo que emana de allí y que constituye aparentemente la tarea diaria y exclusiva de obispos y cardenales es un compendio de amenazas y advertencias contra el aborto, los preservativos, la homosexualidad, la educación sexual y los anticonceptivos, es decir, en el fondo, contra toda forma de sexo que no esté destinada a producir futuros pequeños católicos sino a hacer meramente feliz a quien lo practica. Francisco, por convicción o por conveniencia, sabe que este mensaje no hace sino alienar a gran parte de la población.

Decía magistralmente George H. Smith en Atheism: The Case Against God:

“A cambio de la obediencia, el cristianismo promete la salvación en una vida futura; pero para poder lograr obediencia a través de esta promesa, el cristianismo debe convencer a los hombres de que necesitan salvación, que hay algo de lo que deben salvarse. El cristianismo no tiene nada que ofrecer a un hombre feliz que vive en un universo natural e inteligible. Si el cristianismo quiere ganar una base sólida para la motivación, debe declarar la guerra al placer terrenal y a la felicidad, y éste, históricamente, ha sido precisamente su modo de acción. A los ojos del cristianismo, el hombre es un pecador, está inerme ante Dios y es potencialmente combustible para los fuegos del infierno. Así como el cristianismo debe destruir la razón antes de poder adelantar la fe, de la misma manera debe destruir la felicidad antes de poder adelantar la salvación.”

Es posible que este discurso más moderado que Francisco saca a relucir disimule la táctica de crear culpa para luego vender salvación a cambio de obediencia, y en algunos casos alivie a aquellas personas que ya hayan asumido la culpa con tanto fervor que no puedan dejarla de lado de otra manera que recibiendo el “acompañamiento” interesado de la Iglesia. Pero la diferencia es de forma, no de fondo, igual que la diferencia entre el popular y campechano Francisco y su poco carismático predecesor.

Para no ver el drama del aborto ilegal ni en fotos

La organización anti-derechos ArgentinosAlerta ha convocado para hoy una protesta contra la exposición fotográfica 11 semanas, 23 horas, 59 minutos, que Amnistía Internacional organiza en el Palais de Glace en Buenos Aires como una manera de visibilizar el problema de los abortos ilegales. Lo reporta ACI Prensa, que llama a AI “organización abortista” (ignorando el inmenso trabajo por los derechos humanos que Amnistía realiza) y que a su vez no menciona que ArgentinosAlerta es de hecho y muy obviamente una fachada de la Iglesia Católica, de tinte nacionalista y reaccionario (coloquialmente se diría que son un grupo de fachos, pero este blog es muy serio, ojo).

ACI también hace notar que “el Palais de Glace es un museo que depende de la Secretaría de Cultura de la Nación” y “admitió anteriormente la exposición anti católica de León Ferrari” (aquí se omite nuevamente mencionar el ataque de un grupo de católicos, instigados por el arzobispo de Buenos Aires Jorge Bergoglio, a una exposición de Ferrari, en la que los fanáticos agredieron al público y destruyeron varias obras).

La convocatoria es a llevar “pancartas y cacerolas”. Sería interesante, en vista de que esta gente tiende a ponerse violenta (y más cuando están envalentonados, como ahora, por la reciente apoteosis de uno de los suyos), que hubiese un cordón policial o algún tipo de seguridad especialmente destinada al evento. Bien sabemos que la defensa de la vida de los embriones y los fetos inviables contra la voluntad de sus malvadas madres es una causa que inflama pasiones.

Más seriamente: yo no puedo ir a esta muestra, pero sería bueno que quienes puedan lo hagan, especialmente hoy sábado por la tarde, para mostrar a la falange misógina que se congregará frente al Palais de Glace que son una minoría repudiada por la gente decente y pensante. Sería mucho pedir, supongo, que alguno deje su pancarta o cacerola, entre a ver la muestra y comprenda el mensaje:

Que existan mujeres que mueren o se enferman gravemente por temor a acudir a servicios de salud tras haberse sometido a un aborto en condiciones inseguras y clandestinas obliga a repensar la política que queremos para la Argentina. Las mujeres jamás deben ser sometidas a procesos penales ni obligadas a poner en riesgo su vida o su salud, cuando necesiten interrumpir su embarazo.

Pienso que un motivo profundo de estas protestas organizadas es precisamente la supresión de las ideas (en este caso, traducidas en imágenes) que puedan resultar subversivas para las frágiles creencias de los fanáticos. No es extraño que mucha gente que no sale de un círculo social pequeño y autocomplaciente, como una parroquia o una ONG católica, sólo sepa repetir consignas antiabortistas, ignorando el rostro humano sufriente de las mujeres que abortan en condiciones inseguras porque no les queda otra alternativa. Pero ver ese rostro y esas condiciones hace más difícil seguir repitiendo sin pensar. El primer objetivo de una protesta como ésta es que sus participantes, con su fervor reafirmado y vigilado por sus correligionarios, no cedan a la tentación de entrar y ver. Contra eso no cabe más que mostrarles que la amenaza aparente no es tal, y que sólo sus odios pueden resultar dañados.

Aborto y riesgo de suicidio según la católica mentirosa Alejandra Diener

El viernes pasado nuestra fachada católica pseudocientífica favorita, Sexo Seguro, emitió uno de esos raros tuits relativos a una cuestión específica y actual (@sexoseguro es básicamente un bot que hace un loop infinito sobre una serie de tuits ya programados, sin responder jamás a nadie ni citar tampoco a otros).

Muy bien argumentada la respuesta de @AleDiener a un inconforme sobre el aborto http://www.animalpolitico.com/blogueros-blog… … …

@AleDiener es Alejandra Diener, Maestra en Ciencia de la Familia por la Universidad Anáhuac y licenciada en Economía por la Universidad Iberoamericana. (La Anáhuac es parte de la maquinaria formateadora de cerebros y recaudadora de fondos de la Legión de Cristo, la orden del pederasta y abusador sexual serial e incestuoso Marcial Maciel. La Iberoamericana es propiedad de la Compañía de Jesús. Este paso exclusivo por el sistema educativo católico explica bastante lo que sigue.) Diener le contesta a alguien que la cuestionó por su postura contra el derecho al aborto, aunque sin citar sus objeciones.

La respuesta es una breve recorrida por algunos lugares comunes, fundamentalmente la idea de que la mujer embarazada en crisis no necesita abortar sino asistencia de otra clase. Esto puede ser cierto pero requiere de una evaluación caso por caso y, como fuere, no hay mucho que evaluar si —como han logrado los jerarcas a los que Diener responde­— la ley ya ha clausurado todos los caminos alternativos. Una mujer embarazada en Latinoamérica, salvo en casos muy puntuales y en lugares muy específicos y teniendo suerte de no toparse con “pro vidas” metiches, no tiene más remedio que gestar y parir, aunque eso le signifique la ruina económica, psicológica, física o todas ellas juntas.

Después (y aquí quería llegar) Diener dictamina:

El aborto está generando un verdadero problema de salud pública, ya que la mujer que aborta padece trastornos mentales que las lleva incluso hasta el suicidio (Association between parity and risk of suicide among parous women. Chun-Yuh Yang PhD MPH www.cmaj.ca), mujeres que no puedan hacerse cargo de sus familias o que ni siquiera puedan continuar con sus vidas a causa del trastorno ocasionado por este drama de la eliminación de un ser humano en su vientre.

Generalmente los antimujeres hablan del síndrome post-aborto, entidad inexistente inventada por ellos y que no reconoce ninguna organización médica o psicológica importante en el mundo. Diener pasa de largo y directamente cita un estudio realizado en Taiwán; el título en castellano sería “Asociación entre la paridad y el riesgo de suicidio en mujeres que han tenido hijos” (paridad es la cantidad de hijos que ha tenido una mujer).

El estudio es amplísimo; ése es su único mérito indiscutible. Documenta la vida de 1,3 millones de mujeres a lo largo de casi tres décadas y correlaciona la cantidad de hijos que tuvieron con su riesgo de suicidio. Los autores hallaron que el riesgo de suicidio de una mujer disminuye al aumentar su número de hijos. Reconocen, sin embargo, que ciertas variables son imposibles de controlar, y que la correlación puede esconder muchas causalidades. Por ejemplo: la depresión se asocia a una mayor tendencia al suicidio, pero padecer de depresión también puede afectar la decisión de tener hijos; una tendencia suicida puede verse afectada por la presencia de una red de soporte familiar provista por los hijos, si la mujer siente que tener una familia le aporta valor a su vida.

En ninguna parte del estudio se menciona siquiera la palabra “aborto” ni se habla de anticoncepción o planificación familiar explícita. Alejandra Diener, por lo tanto, miente descaradamente (considerar la posibilidad de que no haya entendido el estudio es un insulto a su inteligencia tanto como la nuestra), y miente a sabiendas de que la inmensa mayoría de sus lectores jamás buscará el estudio por internet (no se provee un link) ni lo leerá ni lo entenderá (aunque las conclusiones son claras, está en inglés y el texto es bastante técnico). ¿Éste es el modelo de profesional que forman las carreras universitarias católicas?

Lo que hay detrás de los “centros para mujeres embarazadas en crisis”

Hace unos días la página de Facebook Yo apoyo la ley de despenalización del aborto en la Argentina puso en su muro una nota de Jaclyn Munson, escritora, investigadora y activista por los derechos de la mujer, sobre una de las tácticas que el movimiento antiabortista en Estados Unidos utiliza en su guerra contra las mujeres. La nota se titula I Went to a Crisis Pregnancy Center and What I Saw Will Shock You y trata de la experiencia personal de Munson en un “centro para mujeres embarazadas en crisis”, nombre que reciben los establecimientos, generalmente fachadas de grupos religiosos, donde terminan por falta de mejor lugar muchas mujeres jóvenes y preocupadas o desesperadas por un embarazo no planeado. La gente de Yo apoyo… pedía una traducción al castellano y yo se la ofrecí. La comparto aquí para ustedes.

Fui a un centro de embarazo en crisis y lo que vi te impresionará

Cuando era chica quería ser Alicia, de Alicia en el País de las Maravillas, y escapar a otro mundo, caer por el agujero del conejo hacia una tierra de fantasía donde podría combatir a la Reina de Corazones para devolverle la dignidad al País de las Maravillas. Era demasiado joven para entender que la historia de Lewis Carroll tenía un subtexto más oscuro y que el País de las Maravillas no era lo que parecía. Años más tarde, mantengo la curiosidad de Alicia acerca del mundo que me rodea, y decidí investigar un centro para embarazadas en crisis (CEC) que está actualmente en el foco de una investigación del FBI. Lo que encontré fue más perturbador de lo que imaginaba.

El CEC que visité se llama EMC FrontLine, opera en la actualidad en 12 puntos de la ciudad de New York y se enorgullece de estar “en el frente de la batalla por la vida en la capital estadounidense del aborto”. Su presidente Chris Slattery y sus clínicas, acusados de brindar información médicamente falsa a sus clientes sobre el aborto y la anticoncepción, están hoy en el fodo de una investigación del Grupo de Tareas Conjunto para el Terrorismo Local del FBI.

Decidí concertar una cita en la clínica que Frontline tiene en el South Bronx para conocer algo más sobre su forma de operar. Entré a la clínica, que es vecina a un salón de tatuajes (desagradable), y fui guiada por dos mujeres (que nunca se presentaron por su nombre) hasta una habitación pequeña con un televisor, un reproductor de DVD, pinturas del Arca de Noé y dos cajas gigantes de muñecos de fetos. Fetos grandes, fetos chicos, ¡algo para todos!

Una mujer se sentó y comenzó a preguntarme información personal: nombre, edad, domicilio, si estaba bautizada, con quién vivía, si tenía novio, mi estado civil; lo habitual.

“¿Cómo se llama él?”, preguntó. Después de pedirle que aclarara a quién se refería exactamente, dijo: “El hombre con quien tuviste relaciones.” Le dije que no quería decirle y ella insistió.

“Tenés que decirme. Necesito esa información por si quiero seguir tu caso”, me rogó. Le di un nombre falso y seguimos adelante. Comenzó a hacerme más preguntas personales sobre el padre ficticio del bebé: qué quiere él que haga con el bebé, por cuánto tiempo lo he conocido, cómo es nuestra relación. Cuando le dije que él quería que abortara, su respuesta fue la que esperaba: franca y alineada con la postura pro-vida de la clínica.

“Oh, no, eso no es bueno”, dijo, sacudiendo la cabeza y con los ojos muy abiertos.

Me guiaron a un baño sucio decorado con más imágenes de mujeres y niños, donde me indicaron que tenía que darles una muestra de orina. Así que ahí estaba, meando en un vasito, sabiendo que no estaba embarazada, tomando notas mientras me sentaba en el inodoro y sintiendo asco ante la idea de que mi cartera estaba apoyada en un piso que se veía como si nunca le hubieran pasado un trapo.

Salí del baño luego de dejar el vasito en un estante y comencé a ir hacia la habitación donde había estado antes. La misma mujer que me había pedido la información personal me llamó y me señaló el vasito con orina mientras me alcanzaba un gotero.

“Poné cinco gotitas acá”, me ordenó, mientras me señalaba un test de embarazo. Procedí a testear mi propia orina, en un pasillo abierto, con otras dos mujeres mirando, apoyadas en las paredes.

Antes de determinar mi estado de embarazo, vi una película de 25 minutos sobre las consecuencias del aborto. El narrador (un hombre) describió posibles efectos adversos, incluyendo cómo el daño colateral de un aborto puede llevar a que mis intestinos fueran succionados a través de mi vagina, y de cómo “la mayoría de las mujeres” que sufren “complicaciones de la sangre” “mueren”. Entre las insinuaciones redundantes sobre la muerte y el desmembramiento animado de un feto a término no hubo ninguna mención del hecho de que los abortos son un procedimiento médico común y seguro que rara vez produce complicaciones serias.

Luego de que terminara el video y la mujer me dijera que no estaba embarazada, me preguntó cómo me había hecho sentir el video; mintiendo descaradamente le dije que me parecía que el aborto no es seguro.

“Sí. Es muy difícil porque esta cosita dentro tuyo está viva, y ¿quién sos para decidir quién vive y quién muere?”, dijo, estirando la mano para agarrar una caja de terciopelo. La abrió y comenzó a leer de una tarjeta que había dentro.

“Éste es un feto a las siete semanas. Y éste es un feto a las diez semanas. Y pueden sentir dolor”, recitó, mientras ponía sobre la mesa dos figuras de fetos.

En ese momento una mujer mayor entró en la habitación. Se presentó (fue la única empleada que lo hizo) y se inclinó sobre la mesa frente a mí.

“Voy a hacerte una pregunta muy personal y no quiero que respondas. Sos una mujer joven, linda, inteligente. ¿Por qué te entregás sexualmente?”, preguntó, inclinando la cabeza a un lado.

Hmmm, ¿porque el sexo es divertido? Lo de tratarme de prostituta para avergonzarme fue realmente como el moño encima del paquete. No quería que le respondiera sino que me quedara ahí sentada mientras me sermoneaban por tener sexo antes del matrimonio.

Al salir de la clínica las mujeres me dieron textos pro-vida que me suplicaban cuestionar “la salida fácil”. No sé si fue el calor o mi experiencia en EMC, pero sentía náuseas mientras me subía al tren que iba al centro. No había asientos libres y me quedé parada tomada de un barral, pensando en lo que había presenciado. Eché una mirada hacia arriba y noté un anuncio de Choices Clinic, la primera clínica de abortos de la ciudad que brinda acceso seguro a abortos y también a cuidado ginecológico y prenatal.

“Cuando llegue a casa escribiré un libro sobre este lugar… si alguna vez llego a casa”, dice Alicia mientras recorre sin rumbo el País de las Maravillas. Si bien mi historia no vale una novela, es importante que las jóvenes y mujeres conozcan la verdad sobre este centro de embarazos en crisis. El País de las Maravillas no era nunca lo que parecía, y tampoco lo es Frontline.

Irlanda permite el aborto en caso de riesgo de vida para la mujer

Luego de años de reclamos y de muchas muertes evitables, como la de Savita Halappanavar, la Dáil Éireann (cámara baja del parlamento irlandés) aprobó el 11 de julio una nueva ley que permite explícitamente el aborto en los casos en que la vida de la mujer corra peligro, incluyendo la amenaza cierta de suicidio por parte de la misma en caso de no poder interrumpir el embarazo.

La ley es sumamente restrictiva (de hecho, se llama “Ley de Protección de la Vida Durante el Embarazo”) y en absoluto satisfactoria para las miles de mujeres que cada año se encuentran con un embarazo no deseado pero no corren riesgo de vida, pero representa un adelanto importantísimo en un país donde la Iglesia Católica sigue fuerte en su imposición del odio a las mujeres y el rechazo total a los derechos reproductivos. (En su cobertura de la noticia, Ophelia Benson comenta irónicamente que el legislador laborista Aodhán Ó Ríordáin “agradece a los que apoyaron el proyecto y expresa su alegría de que Irlanda haya entrado en la década de 1950”.) El debate sobre si es permisible salvar la vida de una mujer por medio de un aborto fue resuelto afirmativamente hace tiempo incluso en los países musulmanes, donde los obstáculos al aborto son socioculturales y logísticos más que legales.

Naturalmente, los amantes de los fetos están enojadísimos. ¿Cómo se atreve el parlamento de un país que les pertenece a legislar en favor de los contenedores que Dios creó para que gestaran a Sus bebés? La falta de empatía de los “pro-vida” roza lo psicopático.

La portavoz del grupo pro-vida Youth Defence, Clare Molloy, calificó de "barbárica" la ley del aborto aprobada el 11 de julio por el Parlamento de Irlanda, que permitirá a mujeres acabar con la vida de su bebé si presentan un supuesto riesgo de suicidio.

Youth Defence es un conglomerado de fanáticos católicos con vínculos con la extrema derecha, incluyendo el grupo neofascista Irlanda Nacionalista (cuyos miembros estuvieron tomando nombres y publicando fotos de manifestantes pro-derechos, o como ellos les llaman, la “basura de izquierda”) y fachadas neonazis como el Movimiento Derecha Democrática irlandés y el Partido Nacional Democrático alemán. Es esta clase de gente la que minimiza como “supuesto riesgo de suicidio” el horror de una mujer embarazada luego de una violación o que es psicológicamente incapaz de lidiar con un embarazo inesperado.

La vocera de Youth Defence denunció que esta ley "permite el asesinato directo de un bebé físicamente saludable, llevado por una madre físicamente saludable, y lo permite durante los nueve meses de embarazo".

Es posible mentir más que esto, pero realmente no se me ocurre cómo. La ley sencillamente no permite eso. En general, si la vida de la mujer corre riesgo debido al embarazo y el feto es potencialmente viable fuera del útero, se induce el parto y se intenta que el bebé sobreviva. No se “aborta” a un feto a los nueve meses. Existe una zona gris, en torno al comienzo del tercer trimestre, en que algunas legislaciones permiten el aborto aun cuando el feto sea potencialmente viable. Tales casos son rarísimos pero, como en todos los casos, los profesionales médicos y la paciente deben entenderse entre sí a la luz de la ley. La “ventaja” de contar con una doctrina religiosa inflexible es que no es necesario pensar, ponderar alternativas, interpretar la ley o interrogar las propias convicciones morales: basta con negarse automáticamente, sin compasión, a lo que el dogma prohíbe.

Que hoy se siga hablando de una intención suicida como algo que no es parte de la salud física de una persona es simplemente resultado de la ignorancia y del dualismo mente-cuerpo que impregna nuestra cultura. Los estados psicológicos tienen su sustento en el cuerpo. Si una mujer embarazada amenaza con suicidarse y los psiquiatras determinan que la amenaza es cierta, estamos ante una persona con un problema de salud que pone en riesgo su vida tanto como cualquier enfermedad orgánica.

Al menos en Irlanda esta clase de trámite legislativo tiene un efecto saludable: los promotores del odio han salido todos de abajo de las piedras. El arzobispo Eamon Martin advirtió a los parlamentarios que apoyar la ley era votar “en cooperación con el demonio”. El primer ministro Enda Kenny recibió por correo cartas escritas en sangre y fetos de plástico. Durante el debate, varios miembros del partido conservador irlandés Fine Gael prefirieron renunciar antes que votar, junto con los laboristas, a favor de no dejar morir a las mujeres. Y como era de esperarse, el cardenal Sean Brady habló de una amenaza a la “libertad de expresión del pensamiento religioso”.

Que le digan eso a Savita Halappanavar, que murió mientras sus médicos, en completa libertad para hacer lo que debían hacer, le negaban asistencia porque Irlanda “es un país católico”.

No a los fundamentalistas anti-derechos en Salta

Una buena noticia para las mujeres, una mala para los “pro vida”.

Por amplia mayoría, el Concejo Deliberante de Salta le puso freno al fundamentalismo religioso que buscaba declarar a la capital provincial como “ciudad pro vida” y pretendía imponer además una serie de medidas violatorias de los derechos de las mujeres, como la prohibición del uso, distribución, difusión o promoción en todas las dependencias de la municipalidad local de la llamada “píldora del día después”, que previene embarazos no deseados, y la suspensión de los protocolos de atención de los abortos no punibles. (…)

El proyecto de Tunini fijaba una asignación económica para incentivar a las víctimas de una violación, que resultan embarazadas, a continuar con esa gestación, convirtiéndolas en una mera incubadora, tal como informó este diario en marzo. Buscaba la aplicación, como principio rector en todas las políticas públicas municipales, “garantizar el derecho humano a la vida a todos sus habitantes, desde la concepción y hasta su fin, por causas naturales”.

Preguntas acuciantes para las elecciones legislativas argentinas

Hay elecciones legislativas en Argentina en octubre y la Iglesia Católica, siempre preocupada por el país (¡pero sin mezclarse en política ni pretender decirle a nadie a quién votar, no señor!), tiene el irrefrenable deber de meter la cuchara.

La Comisión de Pastoral Social de la arquidiócesis de Córdoba (Argentina) publicó una carta abierta a los candidatos para las próximas elecciones legislativas en donde se hace una serie de cuestionamientos sobre temas esenciales como la defensa de la vida, la educación y el trabajo, en vistas a los comicios del mes de octubre.

Las preguntas son de hecho bastante pertinentes, pero está claro que hay una sola que a la Iglesia le interesa ver respondida, y que es la razón por lo cual existen las demás.

¿Cuál es su posición frente a la defensa de la vida desde su concepción hasta la muerte natural?

Esta pregunta es muy pertinente, a qué negarlo, pero formulada así resulta engañosa y manipuladora. Quienes realizan encuestas profesionalmente tienen claro que las personas responden a veces de maneras muy diferentes a la misma pregunta realizada en términos ligeramente distintos. Una formulación más clara dividiría esa primera pregunta en dos:

1. ¿Está de acuerdo con dejar morir o enfermar gravemente a una mujer embarazada cuando el tratamiento para salvarla implique realizar un aborto?
2. ¿Considera usted que su cuerpo y su vida son suyos o que son préstamos de nuestro dios que usted debe cuidar hasta que éste se los reclame?

Quizá porque ningún candidato ha mostrado jamás signos de pensar en el tema, la Iglesia omite preguntar por un tema que en otro contexto le resultaría de suma importancia. Mi pregunta, si yo estuviese en su lugar, diría:

¿Considera usted que el estado argentino debe seguir favoreciendo económica y políticamente, tanto de manera oficial como informal, a la Iglesia Católica Apostólica Romana, hasta el punto de pagar los sueldos de sus funcionarios y los de miles de maestros que trabajan en escuelas donde se practica la adoctrinación religiosa?

Estoy pensando en enviarle estas preguntas nuevas y reformuladas a la Arquidiócesis de Córdoba, pero algo me dice que no tendrán interés en ellas.

Los derechos sexuales son un invento de gente sin principios

Las instituciones religiosas no existen en un vacío; todas ellas, incluso las más cerradas (como las sectas), tienen que adecuar su estilo de discriminación y fomento de la intolerancia al medio social en que están arraigadas, de la misma manera que adaptan sus prédicas y sus rituales. Así es que podemos observar actitudes bastante distintas entre obispos, y especialmente entre los obispos de distintos países. (Mientras que, por un lado, al menos un obispo europeo ha expresado dudas sobre la conveniencia de prohibir el uso de anticonceptivos, sabemos que al menos un obispo africano no está seguro de que sea inmoral condenar a muerte a los homosexuales.) Los jerarcas eclesiásticos de países progresistas, donde reinan —mal que mal— ciertos derechos humanos básicos, se ven compelidos a no hablar demasiado en contra de esos derechos; aquéllos que reinan sobre países más pobres, más atrasados y con feligreses de escasa instrucción (es decir, casi todo el mundo), no tienen empacho en exponer las doctrinas oficiales en toda su barbarie.

Ésta la explicación de que una persona sin autoridad moral alguna, el cardenal Nicolás López Rodríguez, arzobispo de Santo Domingo, pueda decir y diga ante periodistas que los derechos sexuales y reproductivos son un “invento” de gente sin principios ni moral, una “tontería” y una idea “foránea” que los dominicanos no deben adoptar. Todo ello, en respuesta a una simple campaña destinada a que los ciudadanos, especialmente los jóvenes, sepan que ni curas ni pastores ni ningún otro santurrón tiene derecho a ordenarles qué hacer o dejar de hacer con sus cuerpos.

Profamilia es una ONG con sede en la República Dominicana que se dedica a los servicios de salud sexual y reproductiva. Hace poco lanzó una campaña de concientización sobre la educación sexual, el acceso a la anticoncepción, el aborto y la denuncia del acoso sexual como derechos humanos. Se trata de cuatro spots publicitarios muy cortos, sencillos y no excesivamente controvertidos; el que corresponde al aborto —el tema más sensible de todos— simplemente explica que obligarle a una mujer a “mantener un embarazo producto de una violación, incesto o cuando la vida de la mujer está en peligro es una violación al derecho a una vida digna”, afirmación que legalmente se deriva de tratados internacionales que la República Dominicana ha firmado, más allá de ser una cuestión de sentido moral común para cualquier persona decente.



La Iglesia Católica no se limitó, como en otros países, a señalar que no está de acuerdo con la campaña o que su contenido es inmoral o a lanzar mensajes de advertencia sobre la disolución de la moral: presentó un recurso de amparo, una injunción legal, para que los spots fueran prohibidos. Vale decir, la Iglesia no sólo bloquea la educación sexual de los niños (incluyendo la concientización para saber detectar y denunciar acosos sexuales) por parte del estado que tiene la obligación de darla, sino que también pretende prohibir las campañas privadas que la fomenten y eliminar el tema, en lo posible, del discurso público. De ahí la acción legal y la descalificación del cardenal López Rodríguez.

Afortunadamente, por esta vez, la Iglesia no lleva las de ganar. Prohibir la campaña de Profamilia arriesgaría la posibilidad de juicios contra el estado dominicano, puesto que violaría varios tratados internacionales. Es, efectivamente, un derecho de todo ser humano recibir educación sexual, incluyendo la información necesaria para saber cuándo alguien está pisoteando tus derechos sexuales y reproductivos, sea tu pareja, tus padres, tus empleadores, el Estado… o la Iglesia. Le queda a los obispos su púlpito, desde el cual podrán —como es su derecho— seguir lanzando sus anatemas ante el rebaño que desee oírlas.

Los médicos irlandeses prefieren dejar morir a las mujeres

Como recordará el lector, hace unos meses salió el luz el desdichado caso de Savita Halappanavar, una mujer india que fue dejada morir de septicemia en un hospital en Irlanda. Como habitualmente ocurre, la razón por la que profesionales médicos entrenados permitieron esto sin hacer nada fue la religión: para tratarla apropiadamente deberían haber provocado el aborto del feto que Halappanavar llevaba, y que ya era inviable. “Éste es un país católico”, le dijeron por toda explicación cuando lo pidió (el hospital no era católico sino laico; Halappanavar no era católica sino hinduista).

La muerte de Savita ocasionó un gran revuelo, como es lógico, y un reclamo para que Irlanda se dé una ley que contemple el aborto terapéutico. La Unión Europea también lo está pidiendo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos solicitó una aclaración de la ley vigente (que es muy imprecisa y abierta a interpretación) en 2010, y el gobierno irlandés dijo que cambiaría la ley. Pero hasta ahora, nada. Sólo otro país europeo prohíbe el aborto: Malta, un enclave de catolicismo fanático.

Se consultó a los médicos irlandeses sobre su opinión. La respuesta fue no. La Conferencia de la Organización Médica Irlandesa ratificó lo que en los hechos equivale a que una mujer vale menos que un embrión y decidió que no apoyarán ninguna ley que permita a una mujer abortar, excepto, como hasta ahora, si corre peligro su vida… peligro que ellos mismos, los médicos, son los únicos autorizados para determinar que existe. Así ocurrió con Savita Halappanavar, que agonizó durante tres días mientras una infección invadía su cuerpo, mientras los médicos esperaban religiosamente que el corazón de su feto —ya condenado— dejara de latir. Cuando esto ocurrió, Savita estaba perdida; hipócritamente acudieron a darle el tratamiento que le habían negado antes. Lo monstruoso del asunto se les escapa; los católicos hablan de que los medios y el lobby abortista manipularon el caso.

Lo más exasperante es, quizás, la manera en que los profesionales logran borrar su entrenamiento, suprimir su conocimiento y su sentido crítico, y dar por ciertas historias sobre el inexistente “síndrome post-aborto”. Es habitual escucharlos pontificar sobre casos horribles como si una regla fuera aplicable a todos y ellos tuvieran derecho a aplicarla sin consentimiento de la paciente:

“Escuchamos de delegados que conocieron mujeres que murieron por suicidio después de un aborto. Escuchamos sobre familias que han recibido apoyo al pasar tiempo precioso con niños que fueron diagnosticados con anormalidades fatales. Y escuchamos de médicos cuya experiencia les decía que nunca necesitamos finalizar deliberadamente con la vida de un bebé para salvar a una madre.”

¿Es posible que una madre que desea mucho tener un bebé se deprima al abortarlo, hasta desear ella misma terminar con su vida? Claro que sí. Pero en estos desdichados casos la depresión suele ser previa, y la decisión de abortar sigue siendo suya; a los demás sólo nos cabe aconsejarla con datos fehacientes, en vez de espantarla con anécdotas tremebundas, cuando no inventadas. Al hablar del tema de las anormalidades fetales, nuevamente aparece la superioridad de quien presume que puede obligarle a una mujer a parir un hijo horriblemente deforme condenado a morir a los pocos días, sólo porque considera que toda mujer puede y debe tener la oportunidad de pasar “un tiempo precioso” en medio de ese sufrimiento. Nada extraño dado cómo el catolicismo valora y atesora el sufrimiento extremo.

Con respecto a lo último, se trata lisa y llanamente de una mentira, como cualquier médico con experiencia y no cegado por el odio religioso a la mujer aceptará. Hay una gran inhumanidad en quien considera siquiera posible poner en la balanza la vida de una mujer contra la de un ser con menor organización que un renacuajo, o incluso un feto desarrollado. Si una mujer tiene cáncer y debe abortar para poder aplicarse quimioterapia, ¿de qué manera puede salvarse a la madre y al bebé? La solución, para los católicos, es dejar morir a la madre sin tratamiento, si pueden salirse con la suya; de lo contrario, convencer a la madre de que no puede “matar a su niño no nacido” y que debe soportar el dolor y la progresión de su enfermedad y ponerse en grave peligro. Si gracias a estas piadosas exhortaciones la mujer muere, su figura será tomada por la prensa católica como la de una mártir pro-vida y un ejemplo para todas las mujeres.