El paladín de los derechos de los abortistas parece ser Francia, donde la ley Weil, de 1975, creó el “delito” de obstrucción del aborto”. Quien comete ese “delito”, el de obstaculizar el aborto, puede ser considerado un “abortofóbico”.Naturalmente, la última frase es de su cosecha, al igual que las comillas en torno a la palabra “delito”. Lo que la ley penaliza es delito, sin comillas.
Una nueva medida legal propuesta en Francia, contraria a quien está contra el aborto, incluye dos artículos de extraordinaria gravedad: el primero altera la ley actual, que ya permite el aborto para las mujeres “en situación de dificultad”. (…) Aún así, el texto será alterado y la nueva ley dirá que el aborto está permitido para las mujeres “que no desean llevar a cabo el embarazo a término”. (…)Es seguro que la ley no propone “prohibir que en los hospitales las mujeres sean informadas sobre las alternativas al aborto”. La única alternativa al aborto es el curso natural de la gestación y eventualmente el parto, y las mujeres ya la conocen.
La segunda alteración en la legislación francesa prohíbe obstaculizar el aborto no sólo físicamente, lo que ya estaba en vigor, sino también psicológicamente. La lectura de los trabajos preparatorios revela que la intención del legislador es prohibir que en los hospitales las mujeres sean informadas sobre las alternativas al aborto; prohibir, también, que los voluntarios de los centros de apoyo a la vida circulen por los hospitales; y prohibir, incluso, aun fuera o en la proximidades de los hospitales que haya protestas o divulgación de informaciones pro-vida a las mujeres.
Es debatible si en un estado de derecho se puede prohibir la protesta o la divulgación de “informaciones” (pasemos por alto la exactitud de esa información y el interés detrás de su divulgación) en torno a determinados lugares, sin infringir inadmisiblemente las libertades ciudadanas. Mucho menos debatible es que en el interior de un hospital se prohíba la circulación de personas dedicadas a convencer a las pacientes de que la labor del hospital es inmoral y criminal, proclamando que la intervención que la paciente desea realizarse tiene efectos secundarios terribles o buscando que renuncien a ella con promesas de asistencia material (para dar un ejemplo). Si las “informaciones” que los “pro-vida” reparten en sus giras por hospitales y en sus protestas callejeras es la misma que circula en sus sitios web y en sus materiales para consumo interno, uno debe preguntarse si el legislador no debería ser incluso más duro en la prohibición.
¿Y quién es Xavier Dor, el pobre anciano multado por dar un simple par de zapatitos a una mujer que quería asesinar a su bebé? Dice la Wikipedia en francés que Xavier Dor es uno de los iniciadores de los “comandos anti-aborto” y que al mando de su organización SOS Touts-Petits solía irrumpir, hace años, en hospitales y clínicas (incluyendo áreas restringidas de los mismos), para montar un espectáculo piadoso, rezando en voz alta hasta que la policía se lo llevaba. Los susodichos “comandos” estuvieron muy activos entre 1987 y 1995, y obtuvieron explícito apoyo de la jerarquía de la Iglesia Católica, que se preocupó de remarcar su carácter “no violento”.
Violento o no violento, y aunque sea un ancianito con un par de zapatitos de bebé, Xavier Dor es la clase de persona que la ley debe mantener alejada de decisiones que no le conciernen. Cuando más pronto dejemos de tolerar a los intolerantes como estas pandillas de luchadores contra los derechos de los demás, mejor.
