Abortofobia y zapatitos de bebé

«Un nuevo “delito” está a punto de ser inventado: la “abortofobia”», leo en un portal de noticias cuyo lema reza “Buscando la Verdad” (así con mayúsculas). La bajada del tremebundo titular se indigna: «Francia condena a un ciudadano de 84 años por dar un par de zapatitos de bebé a una mujer embarazada». El portal se llama Aleteia, es católico y la noticia me llega vía InfoCatólica. Ah, suspira el lector, eso explica todo.

Como los católicos mienten pero no inventan tanto (obispos defensores de pederastas aparte), trato de desentrañar qué hay de cierto. Resulta que un tal Xavier Dor, activista “pro-vida” que a sus 84 años no se ha cansado aún de joder la vida al prójimo, fue declarado culpable de interferir con la decisión de una mujer de interrumpir su embarazo. Dor irrumpió, según parece, en una clínica donde se practican abortos, donde nada tenía que hacer, para “ofrecer” sus ideas sobre el aborto (reforzadas con un par de zapatitos alusivos al ”bebé”, que probablemente no era más que un embrión del tamaño de una castaña de cajú) a quienes se encontraban esperando su turno. La ley que lo condenó castiga precisamente esta clase de presión psicológica sobre mujeres que con frecuencia se encuentran muy vulnerables a la presión en ese preciso momento. Roberta Sciamplicotti, la cronista, lo explica así:

El paladín de los derechos de los abortistas parece ser Francia, donde la ley Weil, de 1975, creó el “delito” de obstrucción del aborto”. Quien comete ese “delito”, el de obstaculizar el aborto, puede ser considerado un “abortofóbico”.

Naturalmente, la última frase es de su cosecha, al igual que las comillas en torno a la palabra “delito”. Lo que la ley penaliza es delito, sin comillas.

Una nueva medida legal propuesta en Francia, contraria a quien está contra el aborto, incluye dos artículos de extraordinaria gravedad: el primero altera la ley actual, que ya permite el aborto para las mujeres “en situación de dificultad”. (…) Aún así, el texto será alterado y la nueva ley dirá que el aborto está permitido para las mujeres “que no desean llevar a cabo el embarazo a término”. (…)

La segunda alteración en la legislación francesa prohíbe obstaculizar el aborto no sólo físicamente, lo que ya estaba en vigor, sino también psicológicamente. La lectura de los trabajos preparatorios revela que la intención del legislador es prohibir que en los hospitales las mujeres sean informadas sobre las alternativas al aborto; prohibir, también, que los voluntarios de los centros de apoyo a la vida circulen por los hospitales; y prohibir, incluso, aun fuera o en la proximidades de los hospitales que haya protestas o divulgación de informaciones pro-vida a las mujeres.

Es seguro que la ley no propone “prohibir que en los hospitales las mujeres sean informadas sobre las alternativas al aborto”. La única alternativa al aborto es el curso natural de la gestación y eventualmente el parto, y las mujeres ya la conocen.

Es debatible si en un estado de derecho se puede prohibir la protesta o la divulgación de “informaciones” (pasemos por alto la exactitud de esa información y el interés detrás de su divulgación) en torno a determinados lugares, sin infringir inadmisiblemente las libertades ciudadanas. Mucho menos debatible es que en el interior de un hospital se prohíba la circulación de personas dedicadas a convencer a las pacientes de que la labor del hospital es inmoral y criminal, proclamando que la intervención que la paciente desea realizarse tiene efectos secundarios terribles o buscando que renuncien a ella con promesas de asistencia material (para dar un ejemplo). Si las “informaciones” que los “pro-vida” reparten en sus giras por hospitales y en sus protestas callejeras es la misma que circula en sus sitios web y en sus materiales para consumo interno, uno debe preguntarse si el legislador no debería ser incluso más duro en la prohibición.

¿Y quién es Xavier Dor, el pobre anciano multado por dar un simple par de zapatitos a una mujer que quería asesinar a su bebé? Dice la Wikipedia en francés que Xavier Dor es uno de los iniciadores de los “comandos anti-aborto” y que al mando de su organización SOS Touts-Petits solía irrumpir, hace años, en hospitales y clínicas (incluyendo áreas restringidas de los mismos), para montar un espectáculo piadoso, rezando en voz alta hasta que la policía se lo llevaba. Los susodichos “comandos” estuvieron muy activos entre 1987 y 1995, y obtuvieron explícito apoyo de la jerarquía de la Iglesia Católica, que se preocupó de remarcar su carácter “no violento”.

Violento o no violento, y aunque sea un ancianito con un par de zapatitos de bebé, Xavier Dor es la clase de persona que la ley debe mantener alejada de decisiones que no le conciernen. Cuando más pronto dejemos de tolerar a los intolerantes como estas pandillas de luchadores contra los derechos de los demás, mejor.

Libertad para impedir

Estoy oficialmente de vacaciones pero no quería dejar olvidada esta noticia. Algunos quizá sepan del gran lío que se le armó a Barack Obama cuando quiso que se aprobara su paquete de salud pública (rápidamente bautizado Obamacare). Una parte de la oposición se centró específicamente en la obligación legal, de parte de todos los empleadores, de ofrecer a sus empleados un seguro que cubriese servicios de salud reproductiva.

Al contrario de lo que sus detractores más alucinados proclaman, Obama no es un criptocomunista decidido a instaurar una dictadura cuasi-soviética en su país, y la ley incluía un compromiso por el cual quedan exentas de esta obligación las organizaciones religiosas en sentido estricto. Vale decir: si un templo de una religión que se opone a la anticoncepción o al aborto tiene empleados, el empleador puede ampararse en este hecho para no ofrecer un plan de salud que incluya esas prácticas.

Manifestantes católicos pidiendo libertad para poder privar de sus derechos a otras personas.

En un mundo donde las religiones se dedicaran a enseñar o predicar doctrinas y servir como puntos de reunión o de ritos compartidos, eso debería haber bastado. Pero ocurre que las grandes religiones nunca son realmente eso; son organizaciones que edifican estructuras de poder muy similares a las corporaciones empresarias. La Iglesia Católica, particularmente, regentea un sinnúmero de escuelas, universidades, institutos de investigación e incluso hospitales, además de muchas ONGs y fachadas varias anotadas como “sin fines de lucro”. Las parroquias en sí son una pequeñísima parte de su estructura; la exención legal no les bastaba. ¿Se imaginan a una escuela católica pagándole a sus maestras un plan de salud con el cual tuvieran acceso a la píldora?

Las ONGs católicas, entonces, solicitaron ser exceptuadas de ese punto del Obamacare. Y lo lograron: en la víspera de Año Nuevo, la jueza de la Corte Suprema Sonia Sotomayor les otorgó una suspensión temporal (hasta que la Corte escuche y decida sobre el caso, lo cual puede tomar tiempo). Lo único que tiene que hacer una ONG religiosa para negarle a sus empleados el acceso a la salud reproductiva a su costa es llenar un formulario. El formulario autoriza a la empresa de seguros de salud a prestar el servicio por su cuenta, sin que el empleador pague ni se entere siquiera.

Hasta aquí, una historia más de la ruindad de la Iglesia Católica. ¡Pero hay más! Enterados de la medida de Sotomayor, unas adorables monjitas han presentado una demanda… contra el llenado del formulario que les permite quedar exentas de la ley. Completar el formulario, dicen, es una violación de su libertad religiosa, porque firmarlo equivale a facilitar que se provean anticonceptivos.

Desde el punto de vista de las monjas, tienen razón, claro, aunque cabe preguntarse por qué no van más lejos: idealmente, deberían dejar de pagar impuestos al gobierno de Obama, o trabajar ellas mismas en vez de tomar empleados formalmente, o tomar sólo empleados y empleadas que no vayan a necesitar jamás servicios de salud reproductiva (mujeres postmenopáusicas y poco más, supongo), o ir a hacer su tarea a un lugar más respetuoso de su “libertad religiosa” (hay muchísimos lugares así, aunque afortunadamente no tantos). Mantener estrictamente la moral católica de todo un grupo de personas mientras se monta una organización legal en un país moderno es, como se dice en Estados Unidos, pretender quedarse con la torta y a la vez comérsela.

En último término, la razón por la cual las ONGs católicas no quieren llenar el dichoso formulario no pasa por su “libertad religiosa”, sino por el objetivo real, que siempre ha sido claro, de quitarle a todas las personas posibles el acceso a la salud reproductiva. Si una organización puede negarse a ofrecer un seguro de salud con cobertura de anticoncepción y aborto y además no tiene que llenar un formulario autorizando a las aseguradoras a ofrecer estos servicios por su cuenta, el resultado es que el empleado no puede acceder a ellos ni como parte del seguro de su empleador ni por fuera de éste: sólo puede hacerlo privadamente, abonando los costos completos, que pueden ser prohibitivos (el costo de la salud en Estados Unidos es el más caro del mundo por lejos).

Ofrecer una mano y terminar dando hasta el codo: tal es el resultado de conceder a las organizaciones religiosas privilegios que no merecen.

La laicidad del estado vs. las “raíces cristianas”

Algo más sobre aquel tema de la “cristianofobia” que el cura chileno Raúl Hasbún denunciaba, apuntando a ciertas medidas laicistas del plan de gobierno de Michelle Bachelet. Más bien, algo sobre por qué Hasbún arguye (y quizá cree) que la laicidad es irracional.

Hoy tiende a configurarse, en los mundos que se dicen “desarrollados”, una fobia contra el ejercicio público de la fe cristiana. Lo irracional y anormal de esta fobia radica en que surge precisamente en culturas que tienen, en el cristianismo, su raíz y sustento fundacional.

Hasbún ya explicó antes lo que es una fobia de una manera que deja en claro que no entiende, o no quiere entender, lo que es una fobia. La exhibición pública de la religión —como cualquier exhibición pública— puede causar disgusto en algunas personas o puede disparar en ellas ciertos prejuicios, pero es poco probable que sea una verdadera fobia. (En este sentido, claro está, deberíamos moderar severamente el uso de la palabra “homofobia”. Una persona que odia a los homosexuales no tiene una fobia.) Por ejemplo, a mí me provocó cierta vez una gran pena teñida de asco ver niños marchando en una procesión antiabortista con un sacerdote al frente; eso no significa que yo tenga fobia a los curas ni a los católicos antiabortistas, ya que puedo muy bien acercarme a ellos, hablarles y hasta discutir, si viniera al caso.

Pero lo que Hasbún quiere decir es que no tiene sentido (o sea, no tiene razón lógica) que las personas de una cultura con raíces cristianas rechacen la exhibición pública de la fe cristiana. Implícitamente, además, Hasbún proclama que atacar al cristianismo es atacar las mismas bases de la civilización (su “sustento fundacional”). Aquí no puedo dejar de recordar que la palabra “fundamentalismo” significa precisamente aquella actitud que defiende Hasbún, vale decir, la de volver a los valores “básicos”, supuestamente originales, de la religión.

Ahora bien, ¿por qué estamos obligados a conformarnos con nuestras “raíces”? ¿Por qué no —siguiendo la metáfora vegetal— permitir que nuestra cultura eche ramas, florezca, se cruce con otras y fructifique produciendo algo mejor? ¿Por qué es mejor la endogamia cultural, el cierre total a esa hibridación de civilizaciones que ha sido la marca de las naciones y los imperios más prósperos?

Y pasando a las metáforas arquitectónicas ahora: si el cristianismo es de hecho el sustento de nuestra civilización y nuestra identidad, ¿cómo podemos abandonarlo? Y si lo abandonamos, ¿por qué no se desmorona toda nuestra sociedad? Naturalmente, ésta es la advertencia pseudoprofética de todos los conservadores, religiosos o no, de la historia: si dejamos de lado nuestros valores (nuestros prejuicios, nuestro provincianismo, nuestro dogma…) veremos cómo la sociedad se derrumba. Eso decían los paganos que acusaban a los cristianos de “ateísmo” por no adorar a los dioses “correctos”. Y es precisamente la razón por la cual Sócrates, corruptor de los jóvenes atenienses (porque les hacía cuestionar las supersticiones de la ciudad), fue obligado a beber la cicuta.

Mucho más cercanamente, esa misma predicción apocalíptica era emitida por los que favorecían la esclavitud, los privilegios de la nobleza y otras formas de estratificación social, contra un igualitarismo que supuestamente llevaría a una mezcolanza corrosiva del orden; es la misma que vociferaban los que defendían la segregación racial, despertando miedos de cruces entre personas “superiores” e “inferiores”; la misma que hoy mismo se escucha en los países musulmanes contra la igualdad entre hombres y mujeres; la misma que en Argentina oímos cuando el estado tomó el lugar de la Iglesia en la educación, la misma que proclamó que los matrimonios civiles —oficiados por el estado en vez de la Única Iglesia Verdadera— acarrearían la destrucción de la familia, y que repitió lo mismo cuando se abolió la distinción entre hijos legítimos e ilegítimos, cuando se legalizó el divorcio y cuando se eliminó la distinción de sexo de los cónyuges en el matrimonio. (La incapacidad de los conservadores y los fundamentalistas para aprender de sus fallos predictivos es notoria.)

Hasbún pasa revista a los pocos casos de “cristianofobia” que puede encontrar incluso con su definición ad hoc e interesada:

Ya la Unión Europea buscó suprimir de su Constitución toda referencia a su alma cristiana, y su Corte intentó prohibir a Italia el uso del crucifijo en salas de clase. En vano: Italia unánime se irguió, reclamando su derecho a usar libremente aquellos símbolos y tradiciones que pertenecen, sin fronteras, a su patrimonio histórico-cultural. También en EE.UU. surgen o se incrementan restricciones a la libertad religiosa en espacios o acontecimientos públicos, no obstante la expresa referencia de los Padres fundadores al Dios bíblico y cristiano.

Abundan las metonimias y las metáforas fuera de lugar. “La Unión Europea” no buscó de hecho nada; los representantes de los pueblos europeos votaron, en un ejercicio democrático que pudo no conformar a muchos, pero la democracia es así. Europa no tiene alma; si la mitología cristiana fuese cierta, podría decirse que los ciudadanos europeos tienen, cada uno, un alma, cada alma diferente de las demás y libre de elegir. El “alma” de Europa no es en realidad más que el bagaje de siglos de religión única impuesta por la fuerza, a costa de la derrota militar, expulsión, supresión pública o conversión forzada de judíos, musulmanes, cristianos de sectas rivales y “herejes”, más el crecimiento vegetativo de una población cristiana ignorante bajo la férula de papas con ejércitos, obispos-príncipes, reyes por derecho divino y una casta clerical. Todo esto hasta hace relativamente poco: hasta que los estados seculares prevalecieron, la educación fue quitada de las garras de la Iglesia, aumentó el estándar de vida y otras condiciones socioeconómicas fueron, mal que mal y con grandes vaivenes, haciendo visiblemente innecesario, a los ojos de la gente, el someterse a parásitos con mitra o sotana para tener alguna esperanza de vivir mejor. La secularización de Europa es el proceso natural de una civilización que descubrió, tras siglos de tropiezos, que puede tener una religión o varias, y cambiarlas, rechazarlas o reinterpretarlas, sin que el mundo se venga abajo.

El mismo proceso ocurre en casi todas partes; incluso en Estados Unidos, donde el “libre mercado” religioso facilita tanto la aparición de fanatismos religiosos de todo tipo como su desaparición por reciclaje o hibridación. (Sobre los Padres Fundadores, Hasbún recoge la propaganda pseudohistórica de los fundamentalistas evangélicos; la mayoría de los susodichos Padres eran deístas y piadosos de la boca para afuera, como está bien documentado en cartas y documentos privados.)

Esto se ha hecho muy largo y todavía me quedan cosas en el tintero, por lo cual dejo el final de mi comentario para un tercer post.

Rusia contra los homosexuales (una más y van…)

Rusia parece estar haciendo grandes esfuerzos por volver atrás el reloj del progreso y convertirse en uno de los lugares más odiosos del Occidente cristiano. En una de las últimas tentativas en ese sentido, el parlamento, contagiado del beaterío retrógrado de la Iglesia Ortodoxa, hizo ley otra medida destinada a marcar a los homosexuales como indeseables. Así lo anuncia, con rencoroso placer, el sitio de propaganda integrista InfoCatólica:

Las adopciones de niños rusos sólo se permitirán a Italia, que no admite el «matrimonio» gay. Lo ha declarado hoy el representante del Kremlin para los derechos de la Infancia, Pavel Astakhov, como informa la agencia Interfax. «Actualmente Italia es el único país en el que los ciudadanos tiene la posibilidad de adoptar niños rusos», ha explicado Astakhov, «porque este país no reconoce el «matrimonio» homosexual, y, en consecuencia, no debemos cambiar nada en el acuerdo vigente y, además, ellos respetan los términos de este acuerdo».

La ley, aprobada en junio, dictamina que no se pueden dar niños rusos en adopción a gente de ningún país que reconozca el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Rusia sólo tenía acuerdos de adopción con algunos países europeos y con Estados Unidos; estos últimos quedaron invalidados por otra ley, dictada en represalia por Rusia luego de un escándalo internacional que nada tuvo que ver con el asunto, y de los países europeos con los que Rusia tenía acuerdos, sólo Italia permanece a la zaga del resto considerando a las parejas homosexuales como indignas de reconocimiento estatal. Nótese que la ley no prohíbe meramente dar niños en adopción a parejas del mismo sexo de ciertos países, sino que elimina toda posibilidad de acuerdo con esos países, sin más.

A diferencia de la mayoría de los países civilizados, en los últimos años en Rusia la homofobia ha aumentado en vez de disminuir. Los legisladores rusos no hacen sino responder a esa tendencia, quizá por su propio odio, quizá afectando lo que creen que les traerá adhesiones. Los homosexuales son el chivo expiatorio de un gobierno en decadencia, blanco de violencia entre cuyos autores se mezclan seguidores de la Iglesia Ortodoxa y grupos neonazis. Putin ha llegado a decir que los gays están despoblando Europa, idea que nos resulta familiar a los que prestamos atención a las divagaciones de los “pro vidas” católicos y de los papas; para el patriarca ruso Kiril, reconocer los matrimonios homosexuales es un signo del apocalipsis. Todo el asunto es una mezcolanza tóxica entre un nacionalismo exacerbado con una identidad vinculada patológicamente al cristianismo y una confluencia de intereses entre el autoritarismo de Putin y el fanatismo medieval de los ortodoxos.

(Vale la pena leer los tres o cuatro comentarios en la nota de InfoCatólica que cité al comienzo. Le dan a uno escalofríos pensar en lo que haría esta gente con aquéllos que les caen mal si tuvieran detrás el poder de un gobierno para hacerlo.)

Una mujer contra los obispos

Por primera vez una mujer demandó judicialmente a la Conferencia de Obispos de Estados Unidos por su imposición del dogma antiabortista por sobre la salud de los pacientes.

La mujer, Tamesha Means, estaba embarazada de 18 semanas cuando sufrió una ruptura prematura de membranas y recurrió de urgencia a Mercy Health Partners, un establecimiento sanitario que se identifica como católico. El embarazo estaba virtualmente perdido y Means sufría un terrible dolor, pero los médicos, en cumplimiento de las directivas de la Iglesia, se negaron a provocarle un aborto. Volvió más tarde y fue rechazada nuevamente. La tercera vez, ya con una infección y mientras en el hospital se preparaban para enviarla a su casa nuevamente, Means abortó espontáneamente; sólo entonces le dieron la atención debida. El hospital no se negó a realizar un aborto: ni siquiera se lo mencionaron.

No se trató de un caso de objeción de conciencia. Si la legislación lo permite (puesto que no es un derecho sino una excepción) un profesional médico puede negarse a realizar un aborto, pero debe informar a la paciente para permitirle que busque a otro profesional que sí lo haga. En el contexto de una institución de salud, la misma es responsable de contar con un profesional que esté dispuesto a hacerlo, o de derivar a la paciente a otro hospital.

Pero aquí no se ofreció información ni alternativas. El hospital Mercy Health Partners es católico, frase un poco absurda (¿cómo puede tener fe religiosa una institución, cuando la fe es un asunto personal?) que se resume en que las leyes y la ética normales no se aplican, sino las directivas de un grupo de hombres célibes sin conocimiento alguno del tema, elegidos a dedo por un monarca absolutista extranjero. Las Directivas Éticas y Religiosas para los Servicios Católicos de Cuidado de la Salud, documento de los obispos estadounidenses que “sus” hospitales deben respetar, prohíben el aborto bajo cualquier circunstancia. Esto incluye, aunque no lo dice específicamente, el riesgo de vida de la mujer embarazada.

Una vez más queda probado que los hospitales católicos no son seguros para las mujeres, y que permitir que las leyes cedan lugar a la doctrina religiosa en la vida pública es una claudicación inadmisible por parte de los legisladores.

El Código Civil, la moneda papal y el cura antidrogas

El Senado argentino dio finalmente media sanción al proyecto de ley de Código Civil con las concesiones que la Iglesia Católica había pedido. El “nuevo” Código, que ahora tendrá que pasar por la Cámara de Diputados, sigue siendo un producto cabal del siglo XIX. O quizá no: los legisladores decimonónicos que promovieron la educación laica y legalizaron el matrimonio civil —medidas, ambas, que la Iglesia anatematizó y condenó como seguras destructoras de la sociedad— se habrían asombrado bastante.

Imagino que nuestros liberales de 1880 también se habrían sorprendido por la reciente aprobación casi unánime de un proyecto de ley para acuñar una moneda conmemorativa del ascenso al trono del Papa Francisco. Se dice que la Cámara de Diputados es tradicionalmente menos conservadora que el Senado, lo cual se explica por su diferente proporción de legisladores de las provincias pequeñas y alejadas del cosmopolitismo porteño. Si es así, no se notó para nada esta vez. Es probable que no se trate de conservadurismo sino de mero oportunismo, farandulismo o indiferencia.

A favor de la moneda del autócrata vaticano votaron 177 diputados, incluidos peronistas “de izquierda”, “progresistas” y “socialistas”; hubo tres votos negativos, uno de ellos del socialista mudado al kirchnerismo Jorge Rivas, y una abstención. La composición de la Cámara es algo diferente de la que en 2010 votó a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo, pero con seguridad hay unos cuantos legisladores que en ese momento fueron parte del “plan del Padre de la Mentira” (palabras de Jorge Mario Bergoglio) y que ahora son favorables a la monedita.

La diputada Marcela Rodríguez fue, hasta donde sé, la única que explicó en detalle su voto en contra, explayándose sobre la laicidad estatal con un escrito dirigido al presidente de la Cámara, que entre muchos otros puntos se adelanta a las previsibles excusas de que la moneda franciscana representa un homenaje a valores o ideas compartidas, prescindiendo de la religión. Lo hace a través de una cita de Roberto Saba, que se refiere a los símbolos religiosos, pero que se puede extrapolar fácilmente al asunto de la moneda. El Papa Francisco no es sólo un argentino notable que exalta la humildad y la compasión; como papa, es un símbolo del poder de la Iglesia Católica, de absolutismo político y moral, y sus valores son valores católicos, que como todos sabemos permanecen dentro de muy estrictos límites dogmáticos.

Lo de la moneda fue el broche de oro de una semana de acelerado retroceso hacia el chupacirismo estatal que incluyó no sólo el asunto del Código Civil sino el nombramiento de un Jefe de Gabinete genuflexo y miembro del Opus Dei, la confirmación (poco comentada) de un Ministro de Salud también vinculado a la secta católica, y el inédito nombramiento de un sacerdote “progre”, amigo de la familia presidencial y del susodicho Jefe de Gabinete, al frente del SEDRONAR, la agencia estatal de lucha contra la drogadicción y el narcotráfico.

Juan Carlos Molina, el sacerdote en cuestión, no tiene otra calificación profesional que la de dirigir un par de ONGs subsidiadas de manera discrecional y bastante turbia por sus referentes políticos, cuya labor sin duda meritoria representa un ejemplo más de la privatización y el consiguiente abandono de la responsabilidad del estado sobre la prevención y el control de la adicción a drogas, comparable a la de la tercerización del cuidado de los presos a manos de pastores evangélicos que ocurre en pabellones enteros de varias cárceles argentinas con total anuencia de las autoridades.

Por lo demás, la forma de expresarse de Molina (al menos en Twitter) es casi una caricatura del cura voluntarista, siempre alegre y propenso al uso de citas bíblicas bobas. Esperemos que Fabio Alberti esté prestando atención. En el clima de babosidad pro-sotana que se vive hoy en Argentina, me consuelo recordando que alguna vez pudimos ver en nuestra TV esta magistral síntesis de la superficialidad clerical.

Dar derechos al embrión es quitárselos a la mujer

En mi artículo anterior escribí sobre lo que implica definir por ley que la existencia de la persona humana comienza con la concepción. Lo hice motivado por el reciente éxito del lobby antimujeres católico en su interferencia con el proyecto de ley del nuevo Código Civil argentino, mediante la cual lograron reafirmar la cláusula de “persona desde la concepción”, desechar una modificación que habría permitido la fecundación asistida e imponer al Congreso el dictado de una ley de protección del embrión no implantado. (El Código no ha sido aprobado aún y no lo será hasta el año que viene al menos, pero las posibilidades de que se modifiquen estos puntos son remotas, dada la beatería de los líderes parlamentarios y el unánime terror de gobierno y oposición a molestar al Papa.)

El artículo 19 del Código Civil argentino ya hablaba de “persona desde la concepción”, pero era un punto poco recordado, perdido entre miles de otras disposiciones legales igualmente arcaicas y obsoletas. Dejarlo como está en una reforma, sin embargo, implica una reafirmación y una demostración de fuerza de los católicos. Ya hablé de algunas de las consecuencias que podrían derivarse de transformar en ley la noción metafísica, espiritualista, de que con la unión de un óvulo y un espermatozoide aparece automáticamente una entidad llamada “persona humana” que tiene todos los derechos de una persona de verdad.

Algún lector quizá crea que con algunos ejemplos (mujer embarazada condenada por perder un embarazo al chocar el auto que conduce, etc.) no intenté más que una reducción al absurdo. El propósito de este artículo es demostrar que no fue así.

Hay varios estados de Estados Unidos donde los conservadores religiosos, con más poder que en Argentina y con una estructura legal diferente (más poder local, menor injerencia federal), han logrado imponer leyes de protección de los embriones e incluso leyes que dictaminan que existe una persona humana desde la concepción. (La jurisprudencia que permite el aborto en Estados Unidos no lo expresa como un derecho; expresa que el estado sólo puede intervenir en el primer trimestre de la gestación para proteger la salud de la mujer, y luego de este plazo, sólo puede regular la interrupción del embarazo si admite expeciones para preservar la salud de la mujer. Esto deja la puerta abierta a leyes que, sin prohibir el aborto, lo limitan severamente por otros medios.) Hace unos días, coincidentemente con los entretelones del Código Civil argentino, me encontré leyendo un reporte sobre las consecuencias de esas leyes sobre la libertad de las mujeres.

Se trata de un trabajo de National Advocates for Pregnant Women (NAACP), una organización estadounidense que “busca proteger los derechos y la dignidad humana de todas las mujeres, particularmente las embarazadas y las madres y aquéllas que son más vulnerables”. El estudio

identifica cientos de casos criminales y civiles involucrando los arrestos, detenciones y privaciones equivalentes de libertad física de mujeres embarazadas que ocurrieron entre 1973 y 2005, luego de producida la decisión Roe vs. Wade.

Roe vs. Wade fue el caso que, tras un fallo de la Corte Suprema, permitió que las mujeres abortaran sin ser perseguidas penalmente.

En cada uno de los 413 casos, el embarazo fue un elemento necesario y las consecuencias incluyeron: arrestos; encarcelamiento; prolongación de sentencias de prisión o detención; detenciones en hospitales, instituciones psiquiátricas y programas de tratamiento de la drogadicción; intervenciones médicas forzadas, incluyendo cirugías. Los datos mostraron que las autoridades estatales han usado medidas legales post-Roe incluyendo leyes de feticidio y leyes antiabortistas que reconocen derechos particulares a los cigotos, embriones y fetos como base para privar a mujeres embarazadas (sea que buscasen interrumpir el embarazo o llevarlo a término) de su libertad física. Estos hallazgos marcan claramente que si se ponen en efecto lo que se llama medidas de “personería”, no sólo serán arrestadas más mujeres que abortan, sino que tales medidas crearían las bases legales para privar a todas las mujeres embarazadas de su status de personas de pleno derecho.

El estudio documenta 413 casos distribuidos en casi todo Estados Unidos a lo largo de 32 años, advirtiendo que seguramente sean muchos más, y sin incluir otros 250 casos documentados desde 2005 a la fecha de publicación (enero de 2013). Algunos ejemplos:

• Una mujer embarazada se cayó por una escalera. Fue arrestada acusada de intentar matar al feto.
• Una adicta a los opiáceos fue a un hospital a pedir ayuda para tratarse de su adicción. Al descubrir que estaba embarazada, se la forzó a internarse en una clínica psiquiátrica.
• Hay varios casos de mujeres forzadas a someterse a exámenes ginecológicos invasivos o incluso a una cesárea, en teoría para proteger al feto.

Las mujeres más propensas a sufrir estos ataques a su libertad son las más pobres; en buena parte de los casos las denuncias provienen de personal sanitario en violación de su deber de confidencialidad.

Esto no puede dejar de sonar conocido a los argentinos. En nuestro país es sabido que con dinero se puede abortar con seguridad y sin consecuencias penales, y que las mujeres pobres son las que menores chances tienen de ejercer sus derechos reproductivos. También sabemos que en cualquier hospital uno puede encontrarse con médicos o enfermeros devotos que consideran que su religión está por encima de la ley y que, ante una mujer que busca ejercer sus derechos, correrán a denunciarlo para entorpecerlo. Peor aún, los hospitales públicos están infestados de monjas y curas, incluso como personal pago (capellanes), que meten la nariz donde nadie los llama. Hay, en resumen, una gran cantidad de personajes dedicados con pasión a vigilar que las mujeres gesten y den a luz sus hijos cuando y como ellos desean.

Un embrión no es una persona de ninguna manera que nuestro sentido común pueda reconocer, y no debe serlo según la ley, por más que se apele a los tratados internacionales que Argentina ha suscripto y que parecieran obligarla a ello. Esto dice el comunicado de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) sobre el tema:

Respecto del comienzo de la existencia de la persona humana “desde la concepción”, resulta alarmante que se mantenga una disposición obsoleta redactada en el siglo pasado y que incluye un término (“concepción”) sumamente vago que carece de un significado biológico preciso. Esta norma no recepta los avances científicos en la materia ni la jurisprudencia más reciente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Artavia Murillo”. Allí, la Corte Interamericana concluyó que el embrión no puede ser entendido como persona a los efectos del artículo 4.1 (derechos a la vida) de la Convención Americana de Derechos Humanos y que la protección del derecho a la vida no es absoluta, sino que es gradual e incremental según su desarrollo.

¿Le importará algo de todo esto a nuestros políticos? La mayoría de ellos no parecen muy inteligentes, ni educados, ni interesados en estar al día con la jurisprudencia relativa a lo que deben votar como legisladores.

Lo que implica la “persona humana desde la concepción”

Hace unos días, la mayoría legislativa kirchnerista entregó la cabeza del nuevo Código Civil argentino en una bandeja a la Iglesia Católica, en la persona de su campeona “pro vida” la senadora Liliana Negre de Alonso, como expliqué en mi artículo anterior.

Comencé entonces diciendo que el proyecto de ley de Código Civil implicaba un retroceso específicamente en los derechos de las mujeres, aunque no me explayé demasiado sobre el tema. Debería ser obvio que reafirmar que “la persona humana existe desde la concepción” es un ataque contra las mujeres, pero quizá no lo sea para todos o no se comprendan en plenitud los efectos de una declaración legal de esa naturaleza.

La postura cristiana conservadora frente al aborto siempre me ha parecido un fingimiento. Oponerse al aborto, como oponerse a la homosexualidad o a los anticonceptivos, puede transformarse fácilmente en una consigna, una bandera ideológica y una marca identitaria: el santo y seña por el cual los conservadores se reconocen y el grito con el cual marchan juntos a la batalla más allá de (y sin tener que pensar en) diferencias de detalle que los separen. Pero imaginemos, por un momento, que hay personas que realmente creen que “la persona humana comienza con la concepción”, que esa “persona” recién concebida es tan persona como ella misma y que están dispuestos a seguir esa idea hasta sus últimas consecuencias.

Y ahora imaginemos que la persona-desde-la-concepción es ley, y que uno de esos creyentes consecuentes es el encargado de hacer cumplir la ley.

De pronto, cada cosa que pueda poner en peligro a un óvulo fecundado es una amenaza contra una persona. Un cigoto es una cosa muy frágil; de hecho, diferentes estimaciones dicen que entre un 30% y un 70% de los cigotos son abortados espontáneamente, muchos antes de implantarse en el útero y casi siempre sin que la mujer siquiera lo note, por cosas tan sencillas como un cachito de cromosoma de más o de menos. Pero eso es “natural”, así que no cuenta, nos dicen los “pro vidas”. Tal criterio es ilógico, como el lector podrá comprobar si reflexiona unos segundos: en nuestra sociedad no sólo hay leyes contra el asesinato sino también leyes que obligan a colocar pararrayos en los edificios altos, leyes que nos fuerzan a vacunar a nuestros hijos y campañas para incentivarnos a comer comida sana; presiones e influencias, en fin, que buscan protegernos de la “naturaleza”. Si la naturaleza aborta a la mitad de los embriones, estamos ante un nivel de letalidad que deja chiquitas a la viruela, la polio, el sarampión, la difteria y el tétanos; y sin embargo, no vemos a ningún “pro vida” haciendo campaña desesperadamente en favor de la investigación científica que permita salvar a esas millones de personas. Si un cigoto es una persona, en el tiempo que te llevó leer este párrafo han muerto miles de personas indefensas y a nadie le importa.

En el anteproyecto de Código Civil había una previsión específica para la fecundación asistida. Esa previsión se quitó a instancias de la Iglesia, incorporándose en cambio una promesa de reglamentar la “protección del embrión no implantado” por medio de una ley especial. Este cambio, aplicado como un parche entre gallos y medianoche, motivó la indignación de más de uno:

“Es gravísimo —alertó el jefe del bloque de diputados radicales Ricardo Gil Lavedra—. ¿Qué significa esto? ¿Que al que se le cae por error una probeta incurre en aborto? No tenemos sancionado nada serio sobre preservación de los embriones y estamos diciendo que son personas”, exclamó.

Gil Lavedra no se equivoca, aunque tampoco lo ve muy claro. En la práctica, cumplir el Código Civil tal como se lo propone implica el fin de la fecundación asistida legal, ya que incluso las técnicas más modernas implican la producción y manipulación de embriones.

En nuestro ordenamiento legal, si uno causa daño a otra persona por negligencia, le caben penas menores que si lo hace buscando causar daño adrede, pero penas al fin. Una mujer embarazada que no busca abortar pero que se comporta de manera que podría dañar al nascituro, ¿no entra en la misma categoría?

De pronto, una mujer que pierde su embarazo en un accidente automovilístico causado por su mala conducción es penada de la misma manera que si en ese accidente hubiese muerto su hijo de cinco años sentado en el asiento del acompañante sin arnés ni cinturón de seguridad (y es penada incluso aunque ella misma no supiese aún que estaba embarazada). Una mujer que llega a la guardia de un hospital con un aborto espontáneo en curso es acusada de haber intentado un aborto provocado. Una mujer que fuma o bebe alcohol queda embarazada y su esposo o un juez la hace internar en una clínica de rehabilitación hasta el final de la gestión, para que no consuma drogas que pueden dañar al nascituro (con el mismo criterio con que la justicia le impide a los padres darle drogas adictivas a sus hijos menores de edad).

¡Y hay más! Un trabajador en una clínica de fertilidad, como imaginaba el diputado, deja caer una probeta con un embrión que iba a ser implantado, y la receptora frustrada lo acusa de homicidio. En esa misma clínica de fertilidad, un corte de energía generalizado y prolongado hace que se descongelen y malogren miles de embriones preservados en frío: ¡una masacre causada por no contar con generadores de energía autónomos y redundantes!

Estos casos no son totalmente hipotéticos. Ya existe en Argentina un precedente de acusación de “doble homicidio” por el asesinato de una mujer embarazada. Si parece que nadie presta atención al Código Civil es porque de hecho en Argentina son muy pocas las leyes que verdaderamente se cumplen (aunque en este caso deberíamos dar gracias). En un próximo artículo les voy a contar sobre lo que ocurre en Estados Unidos, donde hace tiempo que, siendo legal el aborto, existen sin embargo muchos casos donde las leyes impulsadas por conservadores religiosos, y hechas cumplir al pie de la letra, han quitado derechos a las mujeres para concedérselos a los nascituros.

El Código Civil argentino, entregado a la Iglesia Católica

Argentina tendrá pronto un nuevo Código Civil y todo indica que, en varios sentidos, el mismo implicará un retroceso, específicamente en los derechos de las mujeres.

El Código Civil que tenemos data de fines del siglo XIX y ha tenido modificaciones pero no, hasta ahora, de manera integral. El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, propuso hace años hacerla, y desde entonces el gobierno, la oposición, los jueces, expertos independientes y muchas organizaciones no gubernamentales han estado debatiendo. El proyecto de Lorenzetti enriquecido con estas deliberaciones incluía legislar sobre fertilización asistida y maternidad subrogada (“alquiler de vientres”), entre otros temas que encendieron las alertas de ciertos entrometidos profesionales cuya ocupación habitual es decirle a los demás cómo su dios quiere que nos reproduzcamos.

Aunque nunca se habló del derecho al aborto como algo que podría incluirse en el nuevo Código (al menos, nunca pasó de un reclamo de algunas organizaciones), la Iglesia Católica hizo un gran escándalo con lo demás, intentando mostrarlo como un primer paso en esa nefanda dirección. En realidad no fue más que un marcado de territorio, habitual en estos casos.

La senadora Liliana Negre de Alonso y el presidente
de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez

El artículo 19 del viejo Código Civil ya consideraba que la persona humana comenzaba su existencia “con la concepción en el seno materno”. El kirchnerismo (mayoría absoluta en el Congreso) quería darle lugar al reclamo de cierta minoría intensa a favor de la fecundación asistida, que tiene el inconveniente (técnico) de que produce embriones de sobra, que luego hay que desechar o bien conservar sine die. La lógica y la jurisprudencia dictaban que había que eliminar la arcaica e inutilizable definición de “persona desde la concepción”; la política cortoplacista, acomodaticia y chapucera determinó que se quitara lo del “seno materno” y se agregara una frase a los efectos de que, sólo en el caso de tratarse de un embrión producido por fertilización asistida, la existencia de la persona comenzaría no con la concepción sino con la implantación en el útero. Este artículo esquizofrénico, conteniendo dos definiciones mutuamente contradictorias de “persona”, hubiera terminado infamando el nuevo Código Civil si no hubiera sido porque la Iglesia Católica redobló la apuesta y, a través de uno de sus legisladores a control remoto más confiables (la senadora Liliana Negre de Alonso), interpuso una queja en favor de los pobres e indefensos embriones, condenados a vivir en peligro hasta haber logrado parasitar exitosamente a un contenedor femenino.

Negre de Alonso pertenece al sector habitualmente caracterizado como de derecha o conservador dentro del peronismo. El kirchnerismo está mayormente formado, en teoría, por el ala opuesta. Sin embargo, como bien sabemos los argentinos e infructuosamente hemos tratado de explicar durante décadas, el peronismo es una religión plagada de misterios, a los cuales habrá que sumar, en los libros de historia del futuro, el que el kirchnerista presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, acordase con Negre de Alonso (en representación del fascismo católico) modificar nuevamente el artículo 19 de manera de quitar la definición de “persona desde la implantación” y asegurar la “protección del embrión no implantado”.

Si el artículo 19 original, como otras disposiciones arcaicas del Código, no se cumplía en la práctica excepto en lo que se refiere a la prohibición del aborto, este nuevo énfasis parece orientado a que sí se cumpla, con lo cual podría ocurrir, como planteó el diputado radical Ricardo Gil Lavedra, que dejar caer una probeta con un embrión sea penado como un aborto provocado. (No es absurdo que esto pueda ocurrir, como mostraré en un artículo por venir.)

Mientras se realizaban estas componendas, la sanción del Código seguía en sus idas y vueltas. El Frente para la Victoria (kirchnerismo) decidió primero y de pronto que el Código debía estar aprobado antes de la renovación parlamentaria del 10 de diciembre, le gustase o no a la oposición; luego de la concesión a la Iglesia, de manera igualmente sorpresiva se comunicó que buscarían darle media sanción en el Senado pero dejar el resto del trámite para el año que viene. Negre de Alonso volvió sobre sus pasos y dijo que el proyecto “no conforma a ninguno”, cosa que probablemente es cierta; el kirchnerismo cuenta con un elemento progresista (con puntos de contacto con feministas y anticlericales) que no está muy feliz con lo ocurrido, y a la oposición —dejando de lado a los chupacirios y empleados del episcopado— le molestan otros elementos preocupantes, aunque no, desgraciadamente, la permanencia sin cambios de los artículos que dan a la Iglesia privilegios como el de ser considerada “persona jurídica pública”, es decir, una institución a la par de organismos estatales y de los países extranjeros, condición que no comparte con ninguna otra religión.

Los ciudadanos seguimos esperando que nuestros representantes, o al menos la mayoría de ellos, encuentren la independencia mental y la valentía necesaria para volverse hacia los lobbistas de Dios y comunicarles que sus reclamos y opiniones ya no van a ser considerados.

Brasil: homofóbicos y racistas al frente de la política de derechos humanos

Bruno Bimbi, en Tod@s, denuncia desde Rio de Janeiro que “aliados homofóbicos de Dilma ahora también quieren legalizar el racismo en Brasil”. Los susodichos son miembros de lo que informalmente se conoce como el “partido evangélico”, con el cual se alió el Partido de los Trabajadores para poder llevar a Dilma Rousseff a la presidencia. Y lo que han hecho para continuar demostrando poder y acumulando privilegios ante la ley es de una caradurez suprema.

La Comisión de Derechos Humanos y Minorías, secuestrada desde marzo de este año por los fundamentalistas, que por un acuerdo con la coalición gobernante consiguieron colocar en su presidencia al pastor racista y homofóbico Marco Feliciano, aprobó un proyecto de ley que exime a las “organizaciones religiosas” del cumplimiento de la Ley contra el Racismo, por lo que podrían, por ejemplo, expulsar de sus cultos o negarse a celebrar casamientos entre personas negras, indios o inmigrantes. (…)

Su autor es el diputado Washington Reis, del PMDB, el principal partido aliado al gobierno, donde militan el vicepresidente Michel Temer y los presidentes de ambas cámaras del Congreso, y el relator del proyecto es el diputado Jair Bolsonaro (…), militar retirado acusado de violaciones a los derechos humanos, que reivindica la dictadura, defiende públicamente la tortura y tiene como principal obsesión política la persecución contra gays y lesbianas.

El proyecto no ha sido aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados. Según Bimbi, el destino de la mayoría de los proyectos contra los derechos humanos y las minorías aprobados por la Comisión de Derechos Humanos y Minorías es el olvido o la derrota, pero su sola discusión es propaganda gratuita para los intolerantes y para los que se fingen intolerantes con el objetivo de ganarse a una clientela fanática.

Los obispos estadounidenses y el shutdown

Una semana antes del cierre (shutdown) del gobierno estadounidense, la Conferencia Episcopal, es decir los obispos católicos de dicho país, hacían lobby para promover el cierre.

¿Por qué les podía interesar a los obispos que el gobierno tuviera que parar todo menos sus funciones básicas? Resulta que los obispos católicos están mal con Obama, porque el presidente promulgó una regulación que obliga a todas las instituciones a ofrecer, como parte de su seguro médico para empleados, la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva. El último acto del lobby católico fue presionar a legisladores republicanos ultraconservadores para exigir que incluyeran, dentro de las medidas a tomar por el gobierno para evitar el shutdown, un proyecto redactado a instancias de la Conferencia Episcopal, que les daría el derecho a las instituciones católicas de ser eximidas del deber de ofrecer anticonceptivos (entre otras cosas) a sus empleados.

Que la Iglesia Católica haga lobby es habitual y no está mal. Lo que sale de lo habitual es que la Iglesia ofrezca al ala más dura de los conservadores un argumento más para negarse a aprobar el presupuesto, a sabiendas de que un shutdown impactaría de lleno en la salud pública y la asistencia social. Estos legisladores no son sólo conservadores en cuanto a su oposición al aborto o la anticoncepción; son también fanáticos promotores de la destrucción del estado como proveedor de salud y asistencia económica para los que menos tienen.

Como dice un comentarista:

Una cosa es pedir ser exceptuado de una ley que uno no quiere seguir, mientras el resto de la nación continúa funcionando. Otra cosa totalmente distinta es exigir que el gobierno deje de funcionar porque a uno le disgusta cómo funciona la ley. En este sentido, la táctica de los obispos es idéntica a la del senador Ted Cruz (…). Excepto que, a diferencia de Ted Cruz, los obispos hablan de parte de una iglesia que proclama que el gobierno tiene la responsabilidad de “proteger la vida y la dignidad humana, ocuparse de la gente pobre y vulnerable en el país y el extranjero y promover el bien común universal”. A causa del cierre del gobierno, madres y niños corren riesgo de perder sus franquicias del WIC (programa de nutrición para mujeres, bebés y niños). Muchos de los programas Head Start han cortado sus servicios educativos para niños de bajos ingresos, y se ha cortado el flujo de fondos federales a muchos programas contra la violencia doméstica.

La Iglesia Católica, en otras palabras, prefiere que el gobierno cierre y millones de personas que dependen de la asistencia del mismo pasen hambre o pierdan su acceso a la salud, con tal de que Obama se vea obligado a retirar las leyes que les molestan a los obispos.

Y eso no es todo. Si el gobierno de Estados Unidos no sale del shutdown pronto, arriesga caer en default de su deuda, lo cual traería una recesión severísima. Los obispos no se han preocupado por esto: sólo le han dado a los promotores del shutdown un argumento más para mantener cerrado el gobierno.

La Iglesia de Mendoza, sorprendida porque se aplica la ley

La semana pasada escribí bastante sobre la laicidad educativa y sobre la decisión de una jueza de Mendoza de prohibir las celebraciones católicas en las escuelas públicas de esa provincia. Sobre este último tema, como imaginará el lector, se discutió bastante, dado que muchos creyentes no están acostumbrados a que se desafíe el privilegio cultural del que han disfrutado desde siempre. De hecho, ni siquiera lo registran como un privilegio.

Claramente esta ceguera no es exclusiva de los devotos ignorantes que comentan airadamente en los diarios con el Bloq Mayús activado. Sus líderes oficiales parecen creer que el estado debe consultarlos antes de tomar decisiones y quedan –o se fingen— perplejos cuando esto no ocurre.

Como una “medida sorpresiva” y “contraria a los valores más trascendentes del hombre, de la cultura y de la historia” calificó la Iglesia en San Rafael la medida de la jueza María Eugenia Ibaceta…

El hermano marista Eugenio Magdaleno, recientemente designado Delegado Episcopal de Educación Católica de la diócesis de San Rafael, fue el vocero que eligió monseñor Eduardo María Taussig, Obispo de San Rafael, para fijar la posición de la Iglesia local en relación con la medida judicial.

“Esta medida nos sorprendió, porque se anunció de un día para otro. Es un tema que no puede resolverse entre gallos y medianoche; merece, realmente, un estudio de nivel y jerarquía…”

Consultado respecto de la posibilidad de que el obispado sanrafaelino apele la orden de la jueza, Magdaleno respondió: “Esa es una instancia superior que debe resolver monseñor Taussig con el arzobispo de Mendoza y otras organizaciones que se hayan sentido afectadas. Esto debe resolverse tras un análisis y un diálogo profundo en el que se discuta qué modelo de país queremos, sin sorprender a nadie”.

Dado que es inconstitucional incluir fiestas católicas en el calendario escolar oficial de una provincia cuya constitución es explícitamente laica, difícilmente se puede justificar la sorpresa de la Iglesia. Uno adivina, más bien, que lo sorpresivo fue el hecho de que una jueza se atreviera a hacer cumplir la ley, a contramano del poder eclesiástico local y de las presiones y críticas que sufriría.

La prohibición de adoctrinar religiosamente a los alumnos de las escuelas públicas, de obligarlos a rezar a la Virgen María o a los santos (o a excusarse de hacerlo), de participar en rituales religiosos de consagración u homenaje a figuras de la mitología católica, ¿realmente puede decirse que se decidió “entre gallos y medianoche”? La constitución provincial de Mendoza fue reformada por última vez en 1916; su artículo n° 212, inciso 1, dice:

La educación será laica, gratuita y obligatoria, en las condiciones y bajo las penas que la ley establezca.

Quizá los constituyentes de 1916 no realizaron un “estudio de nivel y jerarquía”, pero sin duda deben haber debatido bastante antes de incluir una declaración de laicidad educativa en la ley fundamental de la provincia hace casi un siglo. ¿Cuál es la sorpresa aquí?

Y en todo caso, ¿por qué no puede resolverse con una simple decisión judicial algo que es sencillísimo de entender e implementar? No es como si se estuviera rediseñando toda la educación estatal. La medida tomada es administrativa, objetivamente insignificante. ¿Insinúa el vocero del arzobispado que las decisiones del poder judicial deben someterse a debate previo con la Iglesia Católica?

Ni qué decir tiene que el estado no es un poder sin límites y que las decisiones complejas y controvertidas deben ser tomadas con precaución y previa información al público. Pero aquí se trató de una acción de amparo, es decir, una medida judicial de excepción: la jueza Ibaceta, a pedido de un grupo de ciudadanos afectados, hizo cumplir un derecho cuyo garante natural se rehusaba distraídamente a cumplir.

Desde luego que debería haber un “diálogo profundo”, pero el mismo debe darse una vez que la ley se esté cumpliendo, no como condición para que la ley se cumpla.

Católicos inventan apoyo internacional a la ley anti-gay rusa

Leo en InfoCatólica y ACI Prensa que se está difundiendo “una declaración de apoyo a la ley rusa de protección del menor frente al adoctrinamiento de género”, firmada por “numerosas entidades y ONGs” a nivel “internacional”, y que en España adhiere y difunde la organización Profesionales por la Ética.

La susodicha ley, como quizá ya sepa el lector, es una ley que, con la familiar excusa simpsoniana de “¿¡Alguien por favor quiere pensar en los niños!?”, prohíbe y penaliza cualquier cosa que pueda ser tomada como apoyo a la idea de que la homosexualidad es normal o que los homosexuales no son seres repugnantes, enfermos, perversos e inmorales. Poniendo como excusa la protección de los niños ante los embates del “lobby gay” que quiere convencerlos —¡y quizá convertirlos!— a todos a su condenable estilo de vida, la ley en la práctica declara que cualquier conducta que se desvíe de la norma heterosexual es inmencionable.

Las encuestas realizadas a lo largo del tiempo muestran que Rusia no sólo no ha seguido la trayectoria habitual de la mayoría de los países del mundo en cuanto a la aceptación de las orientaciones sexuales minoritarias, sino que de hecho ha empeorado. En esto tiene que ver el resurgimiento de la Iglesia Ortodoxa Rusa luego del largo período de ateísmo de estado (durante el cual sobrevivió a la persecución, durante ciertos períodos, gracias a componendas de sus jerarcas con los líderes soviéticos), y la virtual alianza política del Patriarca de Moscú con el gobierno de Putin, aunque es evidente que el sustrato cultural es el factor más importante: los rusos no están muy felices con Putin y sus políticas, pero apoyan la ley anti-gay, y todos los legisladores (oficialismo y oposición) votaron por ella, con una sola abstención.

Como decía, entonces, InfoCatólica y ACI Prensa reproducen el texto de la declaración internacional de apoyo a la ley, mencionando la existencia de muchas organizaciones que adhieren a la misma y que, uno podría creer si fuese ingenuo, deben tratarse de organizaciones dedicadas a los derechos del niño o a la protección contra los abusos sexuales, por ejemplo. Sin embargo, sólo aparece como difusora Profesionales por la Ética.

Una mirada al sitio web de PpE basta para constatar que se trata de una más de la miríada de fachadas de la Iglesia Católica que se promocionan como ONGs de la sociedad civil y que la Iglesia utiliza como proxies o títeres de trapo en los debates mediáticos, presentaciones de “expertos” o peritos ante las cortes, etc. La declaración está ahí pero sigue sin haber rastro de esa multitud de entidades adherentes. La búsqueda de la declaración no arroja ningún resultado excepto copias textuales del parte de prensa de PpE, donde hay un link para descargar una traducción al inglés de la declaración, pero al final de la misma, donde deberían estar los signatarios, no hay nada.

Quizá me equivoque, quizá esas organizaciones existan y estén dispuestas a adherir. De hecho, estoy seguro de que hay muchas organizaciones religiosas dispuestas a adherir a cualquier ley que permita acosar y dañar a la gente que tiene sexo de una manera distinta a la que ellas aprueban. Pero si la idea es difundir una declaración internacional de apoyo a algo, lo mínimo que debe hacerse es conseguir que gentes de distintos países la firmen y luego poner esas firmas en la declaración y subirla a Internet. De lo contrario el resultado es una especie de masturbación ideológica mutua en la cual un montón de gente que odia a los gays se envía a sí misma un texto a favor de ese odio imaginando que muchas otras personas han puesto la firma en el texto y están de acuerdo con quienes lo escribieron. La verdad, aunque debe sentirse muy bien, no se ve muy auténtico que digamos.

Irlanda permite el aborto en caso de riesgo de vida para la mujer

Luego de años de reclamos y de muchas muertes evitables, como la de Savita Halappanavar, la Dáil Éireann (cámara baja del parlamento irlandés) aprobó el 11 de julio una nueva ley que permite explícitamente el aborto en los casos en que la vida de la mujer corra peligro, incluyendo la amenaza cierta de suicidio por parte de la misma en caso de no poder interrumpir el embarazo.

La ley es sumamente restrictiva (de hecho, se llama “Ley de Protección de la Vida Durante el Embarazo”) y en absoluto satisfactoria para las miles de mujeres que cada año se encuentran con un embarazo no deseado pero no corren riesgo de vida, pero representa un adelanto importantísimo en un país donde la Iglesia Católica sigue fuerte en su imposición del odio a las mujeres y el rechazo total a los derechos reproductivos. (En su cobertura de la noticia, Ophelia Benson comenta irónicamente que el legislador laborista Aodhán Ó Ríordáin “agradece a los que apoyaron el proyecto y expresa su alegría de que Irlanda haya entrado en la década de 1950”.) El debate sobre si es permisible salvar la vida de una mujer por medio de un aborto fue resuelto afirmativamente hace tiempo incluso en los países musulmanes, donde los obstáculos al aborto son socioculturales y logísticos más que legales.

Naturalmente, los amantes de los fetos están enojadísimos. ¿Cómo se atreve el parlamento de un país que les pertenece a legislar en favor de los contenedores que Dios creó para que gestaran a Sus bebés? La falta de empatía de los “pro-vida” roza lo psicopático.

La portavoz del grupo pro-vida Youth Defence, Clare Molloy, calificó de "barbárica" la ley del aborto aprobada el 11 de julio por el Parlamento de Irlanda, que permitirá a mujeres acabar con la vida de su bebé si presentan un supuesto riesgo de suicidio.

Youth Defence es un conglomerado de fanáticos católicos con vínculos con la extrema derecha, incluyendo el grupo neofascista Irlanda Nacionalista (cuyos miembros estuvieron tomando nombres y publicando fotos de manifestantes pro-derechos, o como ellos les llaman, la “basura de izquierda”) y fachadas neonazis como el Movimiento Derecha Democrática irlandés y el Partido Nacional Democrático alemán. Es esta clase de gente la que minimiza como “supuesto riesgo de suicidio” el horror de una mujer embarazada luego de una violación o que es psicológicamente incapaz de lidiar con un embarazo inesperado.

La vocera de Youth Defence denunció que esta ley "permite el asesinato directo de un bebé físicamente saludable, llevado por una madre físicamente saludable, y lo permite durante los nueve meses de embarazo".

Es posible mentir más que esto, pero realmente no se me ocurre cómo. La ley sencillamente no permite eso. En general, si la vida de la mujer corre riesgo debido al embarazo y el feto es potencialmente viable fuera del útero, se induce el parto y se intenta que el bebé sobreviva. No se “aborta” a un feto a los nueve meses. Existe una zona gris, en torno al comienzo del tercer trimestre, en que algunas legislaciones permiten el aborto aun cuando el feto sea potencialmente viable. Tales casos son rarísimos pero, como en todos los casos, los profesionales médicos y la paciente deben entenderse entre sí a la luz de la ley. La “ventaja” de contar con una doctrina religiosa inflexible es que no es necesario pensar, ponderar alternativas, interpretar la ley o interrogar las propias convicciones morales: basta con negarse automáticamente, sin compasión, a lo que el dogma prohíbe.

Que hoy se siga hablando de una intención suicida como algo que no es parte de la salud física de una persona es simplemente resultado de la ignorancia y del dualismo mente-cuerpo que impregna nuestra cultura. Los estados psicológicos tienen su sustento en el cuerpo. Si una mujer embarazada amenaza con suicidarse y los psiquiatras determinan que la amenaza es cierta, estamos ante una persona con un problema de salud que pone en riesgo su vida tanto como cualquier enfermedad orgánica.

Al menos en Irlanda esta clase de trámite legislativo tiene un efecto saludable: los promotores del odio han salido todos de abajo de las piedras. El arzobispo Eamon Martin advirtió a los parlamentarios que apoyar la ley era votar “en cooperación con el demonio”. El primer ministro Enda Kenny recibió por correo cartas escritas en sangre y fetos de plástico. Durante el debate, varios miembros del partido conservador irlandés Fine Gael prefirieron renunciar antes que votar, junto con los laboristas, a favor de no dejar morir a las mujeres. Y como era de esperarse, el cardenal Sean Brady habló de una amenaza a la “libertad de expresión del pensamiento religioso”.

Que le digan eso a Savita Halappanavar, que murió mientras sus médicos, en completa libertad para hacer lo que debían hacer, le negaban asistencia porque Irlanda “es un país católico”.

ONU llamando al Vaticano

Como probablemente sepa el lector, el Vaticano ha sido llamado por la ONU a responder sobre una lista de puntos relacionados con los abusos sexuales a menores cometidos por sacerdotes, religiosas e instituciones de la Iglesia Católica. El Vaticano es miembro observador de la ONU y ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), por lo cual está obligado a responder. Hace 15 años que no lo hace y esta vez las preguntas son mucho más incisivas y detalladas que nunca. En 2011, presionado, el Vaticano amenazó con retirarse de la CDN, como indica EuroXpress:

Los especialistas de Naciones Unidas preguntan para iniciar la lista de interrogantes si la «Iglesia católica reconoce estos casos de violencia sexual contra menores por parte de miembros del clero, sacerdotes y monjas de varios países» y les interroga sobre «informaciones detalladas en todos los casos».

El CDN ha preguntado, por ejemplo, cómo estaba asegurándose el Vaticano de que los curas abusadores no tuvieran más contacto con niños y qué instrucciones había emitido la Santa Sede para asegurar que los casos conocidos por la Iglesia sean reportados a la policía.

Los expertos también investigan si la Iglesia ha silenciado a algunos niños víctimas de abusos sexuales y preguntan sobre la veracidad de las denuncias a la Iglesia en varios países, entre ellos Estados Unidos e Irlanda, donde ha sido acusada de trasladar a curas sospechosos de una diócesis a otra y de manejar el tema de manera secreta.

En su investigación también cuestionan las medidas adoptadas para prevenir y condenar los castigos corporales en algunas escuelas católicas y para evitar una educación de género discriminatoria en estos centros.

El comité también preguntó si la Iglesia había investigado el Asilo de las Magdalenas por las denuncias de tortura y tratos degradantes ocurridos en Irlanda entre 1922 y 1996 a miles de mujeres explotadas en las lavanderías de la congregación católica.

Casi al mismo tiempo nos encontramos con la noticia de que el Papa Francisco acaba de aprobar una importante reforma de las leyes penales de la Santa Sede, poniéndolas a tono con la legislación europea e internacional, y en particular agravando las penas para los abusadores y violadores de menores.

En una nota para la Rationalist Association (la Asociación Racionalista del Reino Unido), Anna Vesterinen se pregunta, más bien retóricamente: “¿Está el Vaticano poniendo sus cosas en orden o encargándose de su imagen?”. Es que la coincidencia en el tiempo entre la convocatoria de las Naciones Unidas y este cambio legal no es —casi con seguridad— una verdadera coincidencia.

«El endurecimiento del trato a los sacerdotes pedófilos por parte del Vaticano no tiene precedentes, dado que lo más cercano al abuso sexual que la legislación del estado incluía previamente era una nebulosa idea de crímenes contra las “buenas costumbres”. Pero el hecho de que el anuncio se haya hecho apenas dos días después de que saliera a la luz la lista de la CDN pone en duda la motivación real que hay detrás de las reformas. El director de [la organización de víctimas de sacerdotes abusadores] SNAP, David Clohessy, comentó sobre la nueva prohibición de abusos sexuales a niños: “En el mundo real, esto no cambia prácticamente nada. Es precisamente la clase de gesto de ‘buena onda’ en el que se especializan desde hace tiempo los funcionarios vaticanos: retocar protocolos eclesiásticos contra el abuso, insignificantes y frecuentemente ignorados, para generar titulares positivos, pero nada más.” Añadió: “La jerarquía de la Iglesia no necesita nuevas reglas sobre el abuso. Lo que necesita es seguir leyes seculares que hace tiempo que están vigentes.”

»El hecho de que la pena por filtrar documentos internos sea más severa que la que les cabe a quienes cometan abuso infantil (a los filtradores les pueden caber ocho años en prisión si el material concierne a los “intereses fundamentales” de la Santa Sede o sus relaciones diplomáticas) debería decirnos algo sobre las verdaderas prioridades de las autoridades católicas.»

Los gestos simbólicos y las grandes reformas en papel son inútiles; peor que inútiles: meras distracciones. El hecho de que la Santa Sede sea un estado ya es una burla. Sin la inmunidad diplomática que esto le confiere al Papa, el predecesor de Francisco ya habría tenido que responder a muchas preguntas, y Francisco mismo habría tenido que pasar sus primeros días de pontificado desfilando por cortes judiciales. El Vaticano es una caricatura de estado soberano que nunca debió existir ni tener derecho a imponer leyes dentro de su minúsculo territorio, que ha servido (y sirve todavía) de refugio a criminales. La única reforma satisfactoria es la disolución del estado vaticano como tal y la adopción por parte de la Iglesia Católica de las leyes de los países donde está presente, que en su inmensa mayoría no esperaron hasta la segunda década del Tercer Milenio para decidir que violar niños es ilegal.

Una iglesia donde estén seguros los abusadores

Mientras Francisco atrae multitudes de nuevos adoradores y promete una limpieza en la Iglesia Católica, en la realidad donde importan más los hechos que los mensajes de buena voluntad, la Iglesia lucha para evadir las leyes contra los abusos sexuales cometidos por sus sacerdotes y sistemáticamente ocultados por sus autoridades.

En Estados Unidos se está llevando a cabo el primer juicio criminal contra un funcionario católico acusado de encubrir episodios de abuso sexual infantil. Es un gran suceso y naturalmente toda la atención está puesta allí. Pero entretanto, silenciosamente, la Iglesia viene haciendo lobby contra propuestas legislativas que le causarían problemas mucho más graves que un simple juicio perdido: iniciativas para relajar los llamados estatutos de limitación, regulaciones legales que determinan hasta cuánto tiempo después del hecho hipotético de abuso, y hasta qué edad, pueden denunciarlo las víctimas.

Las víctimas quieren que esos límites sean ampliados o abolidos. La Iglesia estadounidense, que ya lleva pagados dos mil quinientos millones de dólares (¡la Iglesia de los pobres!) en abogados, acuerdos extrajudiciales (mantener calladas a las víctimas) y supuestos programas preventivos, va por ahí diciendo que esas oportunidades de denuncia son injustas y sólo sirven para sacarle dinero a las diócesis católicas; la tarea la completan lobbistas profesionales y relacionistas públicos muy bien pagados.

La religiosa Sally Buttler, fundadora de Catholic Whistleblowers (una organización de denuncia de la corrupción intraeclesial), comentaba no hace mucho en una entrevista que tanto ella como muchos otros sabían lo que estaba ocurriendo pero la Iglesia comenzó a preocuparse recién en 2002, cuando estalló el primer escándalo en Estados Unidos. La preocupación fue en primer lugar por la imagen de la Iglesia y por el dinero. “Lo primero por lo que preguntaban era la edad [del denunciante]”, según Butler. Los encargados de recibir las denuncias en las diócesis católicas querían saber, antes que cualquier otra cosa, si podían aplicar el estatuto de limitación vigente para zafar de un juicio.

Los católicos no están solos en su lucha contra la justicia: el abuso sexual y su encubrimiento parece ser común en varias comunidades de judíos ultraortodoxos, que han sumado su voz para acallar la de las víctimas.

Rusia no sale de las sombras

Aunque la libertad de pensamiento y expresión es una idea moderna y no ha dejado de sufrir ataques en ninguna nación del planeta, Rusia puede confiadamente plantarse en el podio de los peores lugares del planeta para ejercer esa libertad desde hace largo, largo tiempo. La monarquía rusa seguía considerándose de derecho divino cuando casi todas las demás monarquías europeas se habían bajado de ese pedestal. El rol de la Iglesia Ortodoxa Rusa en el mantenimiento de este orden feudal, centrado en la figura paternal y cuasi-sobrehumana del zar, no puede subestimarse.

La abrupta interrupción de este régimen sólo movió el blanco de la represión hacia disidentes de otra clase. El comunismo, como famosamente observó Bertrand Russell, es incompatible con el cristianismo no por sus diferencias, sino por sus similitudes: se trata de creencias que reclaman a la persona entera y que no toleran la competencia.

Cuando el régimen soviético cayó a su vez, de manera más prolongada y con mucho menor estruendo, dejó libre y sin instituciones firmes a un pueblo que no sabía muy bien qué hacer con la libertad y que estaba acostumbrado a instituciones ineficientes y corruptas pero más o menos firmes a fuerza de anquilosamiento. Como no podía ser de extrañar, dado que la política aborrece el vacío, el hueco fue llenado por mafias de toda clase y con alianzas tan siniestras y poco probables como ex-oficiales de la KGB y jerarcas cristianos.

Flash forward al presente: el poder legislativo y el gobierno de Vladimir Putin, con presión y entusiasta apoyo de la Iglesia Ortodoxa Rusa, acaba de transformar en delito la ofensa a los sentimientos religiosos. O mejor dicho: de crear una herramienta legal para la supresión de todo discurso y toda acción de protesta que pueda desagradar a la Iglesia Ortodoxa Rusa; una ley que además permita, luego de alguna operación de transformación ideológica que pasablemente (y con asentimiento del Patriarca ortodoxo) haga ver un ataque a la religión mayoritaria como un ataque al gobierno, castigar a cualquier disidente de la virtual dictadura de Putin.

Si esta segunda parte de mi caracterización parece especulativa, considérese la manera en que el régimen iraní se libra de sus enemigos políticos encontrándoles ofensas reales o imaginarias al Profeta y declarándolos “enemigos de Dios”. El caso de las Pussy Riot no está tan lejos: se las condenó tanto o más por insultar a Putin y hablar de su alianza con la Iglesia Ortodoxa que por el cargo oficial de vandalismo… cuya pena fue, no obstante, explícitamente agravada por supuesta incitación al “odio religioso”.

El Patriarca de Moscú, Cirilo I, ha pedido que no se abuse de la ley ni se la use improvisadamente para limitar derechos, cosa poco sincera de parte de un hombre que se manifestó en contra de penas de prisión cortas para las Pussy Riot y que en una feroz homilía las incluyó implícitamente dentro de un nebuloso colectivo de enemigos que “nos invitan a burlarnos de nuestros santuarios, rechazar nuestra fe y, si fuera posible, destruir nuestras iglesias”. En Rusia, como en cualquier lugar del mundo afligido por la religión, tales pronunciamientos épicos pueden tener, y han tenido, consecuencias desagradables, como la formación de milicias de fanáticos ortodoxos autonombrados “vigilantes” de sitios sagrados como iglesias y cementerios, que se dedicaron a acosar a defensores de las Pussy Riot y que, sin duda, estarán disponibles y dispuestos cuando sea necesario desalojar o silenciar a otros enemigos de Dios, del Patriarca o del gobierno con que su iglesia se ha metido en la cama.