lunes, 24 de junio de 2013

Una iglesia donde estén seguros los abusadores

Mientras Francisco atrae multitudes de nuevos adoradores y promete una limpieza en la Iglesia Católica, en la realidad donde importan más los hechos que los mensajes de buena voluntad, la Iglesia lucha para evadir las leyes contra los abusos sexuales cometidos por sus sacerdotes y sistemáticamente ocultados por sus autoridades.

En Estados Unidos se está llevando a cabo el primer juicio criminal contra un funcionario católico acusado de encubrir episodios de abuso sexual infantil. Es un gran suceso y naturalmente toda la atención está puesta allí. Pero entretanto, silenciosamente, la Iglesia viene haciendo lobby contra propuestas legislativas que le causarían problemas mucho más graves que un simple juicio perdido: iniciativas para relajar los llamados estatutos de limitación, regulaciones legales que determinan hasta cuánto tiempo después del hecho hipotético de abuso, y hasta qué edad, pueden denunciarlo las víctimas.

Las víctimas quieren que esos límites sean ampliados o abolidos. La Iglesia estadounidense, que ya lleva pagados dos mil quinientos millones de dólares (¡la Iglesia de los pobres!) en abogados, acuerdos extrajudiciales (mantener calladas a las víctimas) y supuestos programas preventivos, va por ahí diciendo que esas oportunidades de denuncia son injustas y sólo sirven para sacarle dinero a las diócesis católicas; la tarea la completan lobbistas profesionales y relacionistas públicos muy bien pagados.

La religiosa Sally Buttler, fundadora de Catholic Whistleblowers (una organización de denuncia de la corrupción intraeclesial), comentaba no hace mucho en una entrevista que tanto ella como muchos otros sabían lo que estaba ocurriendo pero la Iglesia comenzó a preocuparse recién en 2002, cuando estalló el primer escándalo en Estados Unidos. La preocupación fue en primer lugar por la imagen de la Iglesia y por el dinero. “Lo primero por lo que preguntaban era la edad [del denunciante]”, según Butler. Los encargados de recibir las denuncias en las diócesis católicas querían saber, antes que cualquier otra cosa, si podían aplicar el estatuto de limitación vigente para zafar de un juicio.

Los católicos no están solos en su lucha contra la justicia: el abuso sexual y su encubrimiento parece ser común en varias comunidades de judíos ultraortodoxos, que han sumado su voz para acallar la de las víctimas.

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