Los especialistas de Naciones Unidas preguntan para iniciar la lista de interrogantes si la «Iglesia católica reconoce estos casos de violencia sexual contra menores por parte de miembros del clero, sacerdotes y monjas de varios países» y les interroga sobre «informaciones detalladas en todos los casos».Casi al mismo tiempo nos encontramos con la noticia de que el Papa Francisco acaba de aprobar una importante reforma de las leyes penales de la Santa Sede, poniéndolas a tono con la legislación europea e internacional, y en particular agravando las penas para los abusadores y violadores de menores.
El CDN ha preguntado, por ejemplo, cómo estaba asegurándose el Vaticano de que los curas abusadores no tuvieran más contacto con niños y qué instrucciones había emitido la Santa Sede para asegurar que los casos conocidos por la Iglesia sean reportados a la policía.
Los expertos también investigan si la Iglesia ha silenciado a algunos niños víctimas de abusos sexuales y preguntan sobre la veracidad de las denuncias a la Iglesia en varios países, entre ellos Estados Unidos e Irlanda, donde ha sido acusada de trasladar a curas sospechosos de una diócesis a otra y de manejar el tema de manera secreta.
En su investigación también cuestionan las medidas adoptadas para prevenir y condenar los castigos corporales en algunas escuelas católicas y para evitar una educación de género discriminatoria en estos centros.
El comité también preguntó si la Iglesia había investigado el Asilo de las Magdalenas por las denuncias de tortura y tratos degradantes ocurridos en Irlanda entre 1922 y 1996 a miles de mujeres explotadas en las lavanderías de la congregación católica.
En una nota para la Rationalist Association (la Asociación Racionalista del Reino Unido), Anna Vesterinen se pregunta, más bien retóricamente: “¿Está el Vaticano poniendo sus cosas en orden o encargándose de su imagen?”. Es que la coincidencia en el tiempo entre la convocatoria de las Naciones Unidas y este cambio legal no es —casi con seguridad— una verdadera coincidencia.
«El endurecimiento del trato a los sacerdotes pedófilos por parte del Vaticano no tiene precedentes, dado que lo más cercano al abuso sexual que la legislación del estado incluía previamente era una nebulosa idea de crímenes contra las “buenas costumbres”. Pero el hecho de que el anuncio se haya hecho apenas dos días después de que saliera a la luz la lista de la CDN pone en duda la motivación real que hay detrás de las reformas. El director de [la organización de víctimas de sacerdotes abusadores] SNAP, David Clohessy, comentó sobre la nueva prohibición de abusos sexuales a niños: “En el mundo real, esto no cambia prácticamente nada. Es precisamente la clase de gesto de ‘buena onda’ en el que se especializan desde hace tiempo los funcionarios vaticanos: retocar protocolos eclesiásticos contra el abuso, insignificantes y frecuentemente ignorados, para generar titulares positivos, pero nada más.” Añadió: “La jerarquía de la Iglesia no necesita nuevas reglas sobre el abuso. Lo que necesita es seguir leyes seculares que hace tiempo que están vigentes.”Los gestos simbólicos y las grandes reformas en papel son inútiles; peor que inútiles: meras distracciones. El hecho de que la Santa Sede sea un estado ya es una burla. Sin la inmunidad diplomática que esto le confiere al Papa, el predecesor de Francisco ya habría tenido que responder a muchas preguntas, y Francisco mismo habría tenido que pasar sus primeros días de pontificado desfilando por cortes judiciales. El Vaticano es una caricatura de estado soberano que nunca debió existir ni tener derecho a imponer leyes dentro de su minúsculo territorio, que ha servido (y sirve todavía) de refugio a criminales. La única reforma satisfactoria es la disolución del estado vaticano como tal y la adopción por parte de la Iglesia Católica de las leyes de los países donde está presente, que en su inmensa mayoría no esperaron hasta la segunda década del Tercer Milenio para decidir que violar niños es ilegal.
»El hecho de que la pena por filtrar documentos internos sea más severa que la que les cabe a quienes cometan abuso infantil (a los filtradores les pueden caber ocho años en prisión si el material concierne a los “intereses fundamentales” de la Santa Sede o sus relaciones diplomáticas) debería decirnos algo sobre las verdaderas prioridades de las autoridades católicas.»
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