Dar derechos al embrión es quitárselos a la mujer

En mi artículo anterior escribí sobre lo que implica definir por ley que la existencia de la persona humana comienza con la concepción. Lo hice motivado por el reciente éxito del lobby antimujeres católico en su interferencia con el proyecto de ley del nuevo Código Civil argentino, mediante la cual lograron reafirmar la cláusula de “persona desde la concepción”, desechar una modificación que habría permitido la fecundación asistida e imponer al Congreso el dictado de una ley de protección del embrión no implantado. (El Código no ha sido aprobado aún y no lo será hasta el año que viene al menos, pero las posibilidades de que se modifiquen estos puntos son remotas, dada la beatería de los líderes parlamentarios y el unánime terror de gobierno y oposición a molestar al Papa.)

El artículo 19 del Código Civil argentino ya hablaba de “persona desde la concepción”, pero era un punto poco recordado, perdido entre miles de otras disposiciones legales igualmente arcaicas y obsoletas. Dejarlo como está en una reforma, sin embargo, implica una reafirmación y una demostración de fuerza de los católicos. Ya hablé de algunas de las consecuencias que podrían derivarse de transformar en ley la noción metafísica, espiritualista, de que con la unión de un óvulo y un espermatozoide aparece automáticamente una entidad llamada “persona humana” que tiene todos los derechos de una persona de verdad.

Algún lector quizá crea que con algunos ejemplos (mujer embarazada condenada por perder un embarazo al chocar el auto que conduce, etc.) no intenté más que una reducción al absurdo. El propósito de este artículo es demostrar que no fue así.

Hay varios estados de Estados Unidos donde los conservadores religiosos, con más poder que en Argentina y con una estructura legal diferente (más poder local, menor injerencia federal), han logrado imponer leyes de protección de los embriones e incluso leyes que dictaminan que existe una persona humana desde la concepción. (La jurisprudencia que permite el aborto en Estados Unidos no lo expresa como un derecho; expresa que el estado sólo puede intervenir en el primer trimestre de la gestación para proteger la salud de la mujer, y luego de este plazo, sólo puede regular la interrupción del embarazo si admite expeciones para preservar la salud de la mujer. Esto deja la puerta abierta a leyes que, sin prohibir el aborto, lo limitan severamente por otros medios.) Hace unos días, coincidentemente con los entretelones del Código Civil argentino, me encontré leyendo un reporte sobre las consecuencias de esas leyes sobre la libertad de las mujeres.

Se trata de un trabajo de National Advocates for Pregnant Women (NAACP), una organización estadounidense que “busca proteger los derechos y la dignidad humana de todas las mujeres, particularmente las embarazadas y las madres y aquéllas que son más vulnerables”. El estudio

identifica cientos de casos criminales y civiles involucrando los arrestos, detenciones y privaciones equivalentes de libertad física de mujeres embarazadas que ocurrieron entre 1973 y 2005, luego de producida la decisión Roe vs. Wade.

Roe vs. Wade fue el caso que, tras un fallo de la Corte Suprema, permitió que las mujeres abortaran sin ser perseguidas penalmente.

En cada uno de los 413 casos, el embarazo fue un elemento necesario y las consecuencias incluyeron: arrestos; encarcelamiento; prolongación de sentencias de prisión o detención; detenciones en hospitales, instituciones psiquiátricas y programas de tratamiento de la drogadicción; intervenciones médicas forzadas, incluyendo cirugías. Los datos mostraron que las autoridades estatales han usado medidas legales post-Roe incluyendo leyes de feticidio y leyes antiabortistas que reconocen derechos particulares a los cigotos, embriones y fetos como base para privar a mujeres embarazadas (sea que buscasen interrumpir el embarazo o llevarlo a término) de su libertad física. Estos hallazgos marcan claramente que si se ponen en efecto lo que se llama medidas de “personería”, no sólo serán arrestadas más mujeres que abortan, sino que tales medidas crearían las bases legales para privar a todas las mujeres embarazadas de su status de personas de pleno derecho.

El estudio documenta 413 casos distribuidos en casi todo Estados Unidos a lo largo de 32 años, advirtiendo que seguramente sean muchos más, y sin incluir otros 250 casos documentados desde 2005 a la fecha de publicación (enero de 2013). Algunos ejemplos:

• Una mujer embarazada se cayó por una escalera. Fue arrestada acusada de intentar matar al feto.
• Una adicta a los opiáceos fue a un hospital a pedir ayuda para tratarse de su adicción. Al descubrir que estaba embarazada, se la forzó a internarse en una clínica psiquiátrica.
• Hay varios casos de mujeres forzadas a someterse a exámenes ginecológicos invasivos o incluso a una cesárea, en teoría para proteger al feto.

Las mujeres más propensas a sufrir estos ataques a su libertad son las más pobres; en buena parte de los casos las denuncias provienen de personal sanitario en violación de su deber de confidencialidad.

Esto no puede dejar de sonar conocido a los argentinos. En nuestro país es sabido que con dinero se puede abortar con seguridad y sin consecuencias penales, y que las mujeres pobres son las que menores chances tienen de ejercer sus derechos reproductivos. También sabemos que en cualquier hospital uno puede encontrarse con médicos o enfermeros devotos que consideran que su religión está por encima de la ley y que, ante una mujer que busca ejercer sus derechos, correrán a denunciarlo para entorpecerlo. Peor aún, los hospitales públicos están infestados de monjas y curas, incluso como personal pago (capellanes), que meten la nariz donde nadie los llama. Hay, en resumen, una gran cantidad de personajes dedicados con pasión a vigilar que las mujeres gesten y den a luz sus hijos cuando y como ellos desean.

Un embrión no es una persona de ninguna manera que nuestro sentido común pueda reconocer, y no debe serlo según la ley, por más que se apele a los tratados internacionales que Argentina ha suscripto y que parecieran obligarla a ello. Esto dice el comunicado de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) sobre el tema:

Respecto del comienzo de la existencia de la persona humana “desde la concepción”, resulta alarmante que se mantenga una disposición obsoleta redactada en el siglo pasado y que incluye un término (“concepción”) sumamente vago que carece de un significado biológico preciso. Esta norma no recepta los avances científicos en la materia ni la jurisprudencia más reciente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Artavia Murillo”. Allí, la Corte Interamericana concluyó que el embrión no puede ser entendido como persona a los efectos del artículo 4.1 (derechos a la vida) de la Convención Americana de Derechos Humanos y que la protección del derecho a la vida no es absoluta, sino que es gradual e incremental según su desarrollo.

¿Le importará algo de todo esto a nuestros políticos? La mayoría de ellos no parecen muy inteligentes, ni educados, ni interesados en estar al día con la jurisprudencia relativa a lo que deben votar como legisladores.