El Código Civil argentino, entregado a la Iglesia Católica

Argentina tendrá pronto un nuevo Código Civil y todo indica que, en varios sentidos, el mismo implicará un retroceso, específicamente en los derechos de las mujeres.

El Código Civil que tenemos data de fines del siglo XIX y ha tenido modificaciones pero no, hasta ahora, de manera integral. El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, propuso hace años hacerla, y desde entonces el gobierno, la oposición, los jueces, expertos independientes y muchas organizaciones no gubernamentales han estado debatiendo. El proyecto de Lorenzetti enriquecido con estas deliberaciones incluía legislar sobre fertilización asistida y maternidad subrogada (“alquiler de vientres”), entre otros temas que encendieron las alertas de ciertos entrometidos profesionales cuya ocupación habitual es decirle a los demás cómo su dios quiere que nos reproduzcamos.

Aunque nunca se habló del derecho al aborto como algo que podría incluirse en el nuevo Código (al menos, nunca pasó de un reclamo de algunas organizaciones), la Iglesia Católica hizo un gran escándalo con lo demás, intentando mostrarlo como un primer paso en esa nefanda dirección. En realidad no fue más que un marcado de territorio, habitual en estos casos.

La senadora Liliana Negre de Alonso y el presidente
de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez

El artículo 19 del viejo Código Civil ya consideraba que la persona humana comenzaba su existencia “con la concepción en el seno materno”. El kirchnerismo (mayoría absoluta en el Congreso) quería darle lugar al reclamo de cierta minoría intensa a favor de la fecundación asistida, que tiene el inconveniente (técnico) de que produce embriones de sobra, que luego hay que desechar o bien conservar sine die. La lógica y la jurisprudencia dictaban que había que eliminar la arcaica e inutilizable definición de “persona desde la concepción”; la política cortoplacista, acomodaticia y chapucera determinó que se quitara lo del “seno materno” y se agregara una frase a los efectos de que, sólo en el caso de tratarse de un embrión producido por fertilización asistida, la existencia de la persona comenzaría no con la concepción sino con la implantación en el útero. Este artículo esquizofrénico, conteniendo dos definiciones mutuamente contradictorias de “persona”, hubiera terminado infamando el nuevo Código Civil si no hubiera sido porque la Iglesia Católica redobló la apuesta y, a través de uno de sus legisladores a control remoto más confiables (la senadora Liliana Negre de Alonso), interpuso una queja en favor de los pobres e indefensos embriones, condenados a vivir en peligro hasta haber logrado parasitar exitosamente a un contenedor femenino.

Negre de Alonso pertenece al sector habitualmente caracterizado como de derecha o conservador dentro del peronismo. El kirchnerismo está mayormente formado, en teoría, por el ala opuesta. Sin embargo, como bien sabemos los argentinos e infructuosamente hemos tratado de explicar durante décadas, el peronismo es una religión plagada de misterios, a los cuales habrá que sumar, en los libros de historia del futuro, el que el kirchnerista presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, acordase con Negre de Alonso (en representación del fascismo católico) modificar nuevamente el artículo 19 de manera de quitar la definición de “persona desde la implantación” y asegurar la “protección del embrión no implantado”.

Si el artículo 19 original, como otras disposiciones arcaicas del Código, no se cumplía en la práctica excepto en lo que se refiere a la prohibición del aborto, este nuevo énfasis parece orientado a que sí se cumpla, con lo cual podría ocurrir, como planteó el diputado radical Ricardo Gil Lavedra, que dejar caer una probeta con un embrión sea penado como un aborto provocado. (No es absurdo que esto pueda ocurrir, como mostraré en un artículo por venir.)

Mientras se realizaban estas componendas, la sanción del Código seguía en sus idas y vueltas. El Frente para la Victoria (kirchnerismo) decidió primero y de pronto que el Código debía estar aprobado antes de la renovación parlamentaria del 10 de diciembre, le gustase o no a la oposición; luego de la concesión a la Iglesia, de manera igualmente sorpresiva se comunicó que buscarían darle media sanción en el Senado pero dejar el resto del trámite para el año que viene. Negre de Alonso volvió sobre sus pasos y dijo que el proyecto “no conforma a ninguno”, cosa que probablemente es cierta; el kirchnerismo cuenta con un elemento progresista (con puntos de contacto con feministas y anticlericales) que no está muy feliz con lo ocurrido, y a la oposición —dejando de lado a los chupacirios y empleados del episcopado— le molestan otros elementos preocupantes, aunque no, desgraciadamente, la permanencia sin cambios de los artículos que dan a la Iglesia privilegios como el de ser considerada “persona jurídica pública”, es decir, una institución a la par de organismos estatales y de los países extranjeros, condición que no comparte con ninguna otra religión.

Los ciudadanos seguimos esperando que nuestros representantes, o al menos la mayoría de ellos, encuentren la independencia mental y la valentía necesaria para volverse hacia los lobbistas de Dios y comunicarles que sus reclamos y opiniones ya no van a ser considerados.