He tenido la suerte de poder tomarme unas cortas vacaciones de verano. Las pasé en Montevideo, Uruguay, donde por pura casualidad me crucé con un recordatorio de la lucha por el derecho al aborto, aunque por el lado de la negativa. Un inmenso cartel en un edificio céntrico proclamaba ABORTO = MUERTE y NO AL ASESINATO, consignas que resumen la posición de la Iglesia Católica y de los sectores políticos conservadores.
El 27 de diciembre de 2011, el Senado uruguayo dio media sanción al proyecto de ley que legaliza el aborto sin restricciones hasta la 12ª semana de gestación. A diferencia de lo que ocurrió en 2008, cuando el entonces presidente Tabaré Vázquez vetó un proyecto similar, el presidente José “Pepe” Mujica ha afirmado que promulgará la ley si la Cámara de Diputados la aprueba. La Iglesia Católica uruguaya está movilizada, como en todas partes, contra el derecho de las mujeres a decidir; también como en otras ocasiones, los obispos han empleado el recurso emotivo de comparar el aborto con la matanza de los Santos Inocentes: el mito de la masacre de niños supuestamente ordenada por el rey Herodes en Belén. No hay el menor indicio de que tal cosa haya ocurrido, pero la verdad histórica jamás ha detenido a ningún líder religioso.
Contra el aborto los voceros de Dios en la Tierra también han esgrimido la idea conspirativa de que hay presiones externas para aprobarlo como sea, que es todo una operación de las multinacionales abortistas y feministas, y que Uruguay “no necesita” el aborto sino “que se haga respetar las leyes que ya existen”: vale decir, que ante una mujer pobre y desesperada que llega a un hospital con un aborto provocado en condiciones inseguras y antisépticas se la trate como a una criminal y se la condene hasta a tres años y medio de cárcel.