No a la indoctrinación católica en Salta (parte 4)

Continúan las reacciones al fallo judicial que prohibió la imposición de prácticas religiosas en las escuelas primarias públicas de la provincia de Salta. La agencia de “noticias” católica ACI Prensa titula “Exigen respetar derecho a enseñanza católica en escuelas públicas”, lo cual si es engañoso por un lado (los que “exigen” son una persona: el Vicario General de la Arquidiócesis de Salta, Dante Bernacki), es también refrescantemente frontal y falto de hipocresía: no es del interés de la Iglesia que los niños reciban instrucción religiosa para ayudarles a tener valores o a buscar la trascendencia o nada de eso, sino específicamente que sean indoctrinados en catolicismo. (La agencia COPENOA se hace eco de las mismas declaraciones de Bernacki.)

El detalle del singular transformado en plural es significativo porque hasta ahora no ha habido manifestaciones públicas de descontento ni grupos de padres organizados para reclamar que sus hijos sean católicamente educados. Eso quizá ocurra pronto, pero por ahora está por verse.

Las razones de Bernacki son hilarantes.

“El juez que realiza el fallo tiene en cuenta los supuestos derechos de una minoría desconociendo los de la mayoría, especialmente los pobres que no pueden tener acceso a colegios confesionales pagos.”

Al hablar de “supuestos derechos” Bernacki muestra que en realidad no cree que la minoría no católica tenga derechos, excepto el de quedarse callada y abstenerse de participar en el culto oficial. La democracia es el gobierno de las mayorías, pero no es un sistema para dar más derechos a las mayorías que a las minorías.

Lo gracioso del asunto es cómo Bernacki asume que tener acceso a un colegio confesional es un derecho. Eso no está dicho en ninguna ley. Los padres sí tienen derecho a que se eduque a sus hijos según sus convicciones (derecho que, creo yo, debería estar acotado en proporción directa a la incapacidad del niño de razonar, filtrar y elegir qué creer o no, puesto que los niños, siendo personas, también tienen un derecho, y de mayor jerarquía, a la libertad de conciencia). Pero los padres no tienen derecho a pedir que las escuelas enseñen religión a costa de todos, de la misma manera que mi derecho a la libre expresión no implica que el estado deba proveerme de una emisora de radio. Si los pobres no pueden acceder a colegios confesionales pagos, la Iglesia debería permitirles cursar sin cobrarles, o cobrándoles una cuota simbólica. El Estado gasta varios miles de millones de pesos cada año de los impuestos de todos los argentinos en subsidiar colegios confesionales, que incluso con esa ayuda suelen cobrar cifras considerables. Y si el colegio no puede acoger a esos alumnos hambrientos de religión, sus padres deberían mandarlos a una iglesia, de las cuales hay en abundancia en Salta, y pedirles que el parásito que allí se aloja comparta con ellos su conocimiento de Dios y de la moral católica, o les contrate un catequista. La sociedad en su conjunto, aun si es mayoritariamente católica, no tiene por qué financiar esa catequesis.