El debate de la educación laica (parte 2)

Hablaba hace un par de días del debate sobre la laicidad de la educación que se desarrolló en Mendoza y en las páginas del diario MDZ entre dos militantes laicistas y el obispo auxiliar de la capital provincial, Sergio Buenanueva. El mismo fue previo a la noticia, que publiqué, sobre la prohibición (por causa de inconstitucionalidad) de la introducción de fiestas católicas en el calendario educativo mendocino.

El planteo del obispo es desgraciadamente típico: proclama que apoya la laicidad, pero redefine el concepto a su conveniencia, básicamente como todo lo contrario de lo que quiere decir realmente. Laicidad “a la católica” es que el estado se ponga a la misma altura que la Iglesia, y que mutua y graciosamente se reconozcan como partícipes de la sociedad civil (mientras la Iglesia discretamente sigue predicando que sus leyes son superiores a las del estado).

Esta clase de “laicidad” es libertad religiosa, entendida como apertura a toda expresión religiosa en el espacio público, pero ignora (y esto se lo dicen los laicistas) que en la práctica, cuando hay una sola religión mayoritaria y culturalmente dominante que además tiene privilegios legales, esa expresión religiosa “abierta” es única, se transforma en coercitiva y estigmatiza a las minorías que se ven obligadas a desmarcarse de ella. El obispo intenta que esto no se note hablando de “laicidad positiva”, de diálogo, pluralismo, la riqueza de la diversidad, etc. Para respetar las creencias distintas propone lo que en último término devendría una escuela pluriconfesional, donde todo tenga cabida y los chicos tengan que ser separados según las actividades religiosas que sus padres aprueben.

La laicidad de verdad (y esto es mi opinión) es “negativa”, en el sentido no emocional de la palabra: es quitar las manos y rehusarse, desde el estado, a intervenir a favor o en contra de una religión. Ocurre que este aspecto negativo-pasivo debe ir acompañado, en la práctica, de un aspecto negativo-activo: retirar privilegios, bloquear la intromisión religiosa oficial (sin afectar las libertades individuales), vigilar y castigar los intentos de violar la neutralidad religiosa. Esto es así porque ninguna religión organizada funciona a su gusto sin algún grado de coerción estatal o de los privados sobre el estado, y la quita de privilegios no le cae bien a quien se ha acostumbrado a ellos.

El debate sobre la definición de laicidad no se daba cuando la religión católica tenía fuerzas para imponerse; si se da ahora, si tenemos a un obispo proclamando su supuesta defensa de la separación entre Iglesia y estado, es porque las cosas han cambiado y la Iglesia no tiene más ese poder omnímodo.

Continuará…