La imposición de una religión de estado, una religión oficial, incluso una “religión por defecto”, generalmente se apoya en la (real o supuesta) mayoría numérica de los creyentes de dicha religión. Tal es el caso de Argentina. Pretende seguirse de un criterio democrático, en el cual las mayorías son las que deciden. Pero este privilegio con justificación numérica no es parte de la definición de democracia (y algunos dirían que es un ejemplo de falsa democracia). Los derechos de las minorías no pueden ser pisoteados por las mayorías. Más aún, una democracia debería poner un cuidado extraordinario en la preservación de los derechos de las minorías, precisamente porque son numéricamente débiles, con todo lo que eso suele conllevar. Los ejemplos sobran, pero los más claros (y relevantes al caso) pueden observarse en la actual persecución que experimentan los cristianos en varios países de mayoría religiosa musulmana.
En Argentina, el catolicismo funciona casi como una religión de estado, aunque más por arrastre histórico que otra cosa. Así, por ejemplo, los funcionarios católicos tienen un lugar explícito y privilegiado en el protocolo de las ceremonias oficiales. Estas rémoras coloniales son de relativamente sencilla remoción. Mucho más grave es que se le reconoce a la Iglesia el carácter de persona pública, lo cual legalmente implica ponerla a la misma altura que una institución estatal. El artículo 2° de la Constitución Nacional representa el alejamiento más extremo del ideal de estado laico, incluso aunque los juristas lo consideren limitado al sostenimiento económico de la Iglesia por parte del estado, porque a diferencia de otras leyes y reglamentos, sólo una reforma constitucional podría eliminarlo, lo cual es políticamente inviable en un plazo indefinido.
Continuará…
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