martes, 10 de septiembre de 2013

Por qué es importante reclamar por un estado laico (parte 2)

Como les contaba en un post anterior, el sábado 14 se realizará en la ciudad de Mar del Plata la primera Marcha Nacional por un Estado Laico. Les decía que el mayor obstáculo para lograr ese ideal es terminar con los privilegios legales de la Iglesia Católica, en particular el de “sostenimiento” de la misma mencionado en el artículo 2° de nuestra Constitución Nacional.

Económicamente, el sostenimiento de la Iglesia Católica implica el pago por parte del estado de estipendios a los obispos en actividad y eméritos, como así también a los capellanes, y asignaciones monetarias a los seminarios (según leyes y decretos sancionados por gobiernos ilegales de facto). El impacto fiscal es insignificante, no así el simbólico, dado que no sólo el estado subsidia a una religión, sino que además trata a los funcionarios eclesiásticos con un rango equivalente al de funcionarios del estado, lo cual resulta bastante irónico, considerando que técnicamente los obispos responden políticamente a un estado extranjero. Esta dudosa doble lealtad, que se manifiesta con toda claridad en la presencia de banderas vaticanas a la misma altura que las argentinas en iglesias y catedrales, no parece molestar a la muy patriótica y nacionalista derecha pro-Iglesia.

Si de dinero se trata, mucho mayor e inadmisible en un estado laico es el subsidio estatal a las escuelas confesionales. Hay que aclarar aquí que los estados nacionales y provinciales subsidian a las escuelas privadas, tanto las no confesionales como las de ideario religioso, sin distinción: es decir, no se trata de un privilegio de la Iglesia Católica ni de un subsidio a la religión en sí. De hecho, los subsidios son entregados en concepto de un porcentaje (que puede ser del 100%) de los salarios de los maestros. Es dudoso que muchas escuelas confesionales pudieran funcionar, de todas maneras, si no estuviera cubierto ese componente (el principal) de su gasto total. Dado el pésimo estado de la enseñanza pública (estatal), cabe pensar en mejores destinos para esa cantidad de dinero —ésta sí considerable— que financiar indirectamente clases de catequesis.

Con respecto a la escuela estatal encontramos también la necesidad de laicidad en varias provincias de nuestro país, donde, a contramano del espíritu de las leyes nacionales, se dictan clases de religión católica, además de realizarse ritos de esa religión, o se introducen materiales de estudio católicos. El que este adoctrinamiento sea optativo (como lo es en teoría) no aminora la gravedad del asunto. Los alumnos no tienen por qué enfrentarse a la disyuntiva entre asistir a una clase de catecismo y permanecer, como parias o anomalías, en un salón apartado, perdiendo el tiempo u ocupándolo con una asignatura alternativa (en el mejor de los casos). Que la escuela pública sea aconfesional no coarta la libertad de los niños ni de los padres, que pueden a discreción enviar a sus hijos a estudiar catecismo fuera del horario lectivo en una iglesia u escuela parroquial cercana sin costo alguno, si es que ellos mismos no son capaces de explicarles a sus hijos lo que creen.

Continuará…

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