(Si recordamos, hace tres años se había aprobado un proyecto similar, pero el presidente Tabaré Vázquez lo vetó.) Ante la posibilidad de este terrible retroceso en el status tradicional de las mujeres como obedientes incubadoras ambulantes, la Iglesia ya ha comenzado a dar señales de incomodidad y a lanzar advertencias, como la que la semana pasada comunicaron dos miembros laicos de la Conferencia Episcopal Uruguaya a la Comisión de Salud Pública del Senado:
“Ahora le tocó el turno a Uruguay. Lamentablemente este tipo de proyectos no son una iniciativa local de algunos legisladores sino una de las estrategias internacionalmente promovidas por instituciones que pretenden engañar a los pueblos y a los legisladores, y hacerlos aprobar una cosa pensando que aprueban otra.”El tema del conspiracionismo cristiano no me es ajeno: lo mencioné cuando en octubre de 2010 Héctor Aguer, el arzobispo de La Plata (Argentina), advirtió que “Hay una conspiración tendiente a homogeneizar el pensamiento y la conducta en el mundo entero y esto procede de los centros de poder mundial.” (En este caso se trata de católicos, pero digo “cristiano” porque muchos evangélicos tienen lo suyo.) Lo levemente curioso del caso uruguayo es que la advertencia no proviene un lunático antimodernista, ultraconservador y paranoico antimarxista como Aguer en su papel de defensor de la cultura occidental y cristiana contra la globalización compulsiva impulsada por las Naciones Unidas, sino de personas a primera vista preocupadas por una especie de colonialismo encubierto efectuado a través de un lavado de cerebro a los legisladores pagado por empresas multinacionales basadas en los países centrales. El discurso casi podría venir de una facción particularmente idiota de la izquierda (el de Aguer provendría del extremo opuesto), pero no hay tanta diferencia: donde estos lacayos de los obispos temen que el derecho al aborto logre “debilitar la propia base popular”, Aguer teme por el debilitamiento y degeneración de la Nación. En el fondo todos esos términos significan lo mismo: un pueblo cuyas mujeres pueden decidir sobre su reproducción sin intervención de los hombres y sin referencia a las tradiciones cristianas podría terminar perdiendo el respeto a sus líderes espirituales no electos y progresar. ¡El horror!
Estas ideas alucinadas e insultantes para la inteligencia no merecen más comentario, salvo el que sigue. Tan naturalizada está la presencia de la Iglesia Católica como actor supra-político que a casi nadie se le ocurre bajarla del pedestal y plantearle por qué, si la influencia de las Naciones Unidas o de los programas auspiciados por la Fundación Rockefeller es inadmisible y atenta contra los pueblos de los países en vías de desarrollo, la influencia del Vaticano (el único estado absolutista y teocrático del Primer Mundo) no puede ser considerada igualmente indeseable. A fin de cuentas, ¿qué son los obispos sino agentes de un gobierno extranjero, con políticas en muchos casos diametralmente opuestas a los derechos humanos y al bienestar general tal como lo entendemos hoy, incluso en nuestra pobre y postergada Latinoamérica?
