Hace menos de tres meses, a una niña de 12 años en la provincia de Mendoza, Argentina, le ocurrió algo que no olvidará jamás: alguien (presuntamente su padrastro) la violó y la dejó la embarazada. Su madre solicitó que se le realizara un aborto, bajo el artículo del Código Penal que exime de pena a esta operación cuando la vida o la salud de la madre corren riesgo. El hospital que debía realizar el aborto a su vez solicitó autorización de un juez, a pesar de que ésta no es necesaria y en casos similares se ha visto claramente que tiene un fin dilatorio. La justicia le quitó la custodia a la madre de la niña y se la dio a su abuela, una ferviente cristiana evangélica. En medio de esto, un grupo de militantes "pro-vida" irrumpieron en la habitación del hospital donde estaba internada la niña y la aterrorizaron mostrándole imágenes de fetos mutilados y diciéndole que el aborto pondría en peligro su vida.
Todo esto y más se puede leer en el artículo Un debate que quedó interrumpido, publicado por Página/12 el sábado pasado. El caso del pedido de aborto quedó cerrado, ya que el Comité de Bioética que debía aconsejar sobre él (como se hace habitualmente), junto con un grupo de expertos independientes, decidieron que no tenía sentido expedirse ya que el pedido fue retirado. Esta niña de 12 años, por lo tanto, va a intentar llevar a término un embarazo para el cual ni su cuerpo ni su mente están preparados en absoluto, todo porque las creencias dogmáticas de un familiar en segundo grado y de la dirección de un hospital público en un país supuestamente laico pesan más que el sentido común y que el clamor de una madre a la cual le han dicho que no tiene derecho a cuidar de su hija en la peor de sus horas.
No sabemos qué hubiera dicho el Comité de Bioética, pero todo indica que hubieran votado en contra de la realización del aborto. Participando de este grupo hay un sacerdote católico, por razones que desconozco y que sospecho no deben tener en absoluto que ver con sus credenciales académicas o con su capacidad de análisis ético desapasionado. ¿Por qué hay un cura en un comité que debe decidir sobre abortos? Si hay que conformar un grupo de gente que pueda considerar opciones, ¿qué sentido tiene incluir a una persona que tiene un mandato de decir que no automáticamente?
Otra cosa más. Las pericias realizadas a la niña por distintos grupos de profesionales se contradicen. Una dice que la niña está bien. La otra dice que el trauma de la violación y el embarazo, más el "lavado de cerebro" al que fue sometida por los "pro-vida" (además de lo que podamos suponer de parte de su abuela y de los médicos) la ponen en serio riesgo mental y físico. Una de las dos pericias debe estar equivocada, y uno de los dos grupos debe estar, por lo tanto, dando un veredicto que podría arruinar la vida de una niña para siempre. ¿A quién deberán rendirle cuenta por esto? O mejor dicho, a quién hubieran debido. Porque el debate se interrumpió, como dice el artículo, de la peor manera: la voz de una fe ciega, que no conoce sensibilidades ni matices, vino a acallar el debate (sesgado si se quiere, pero debate al fin) y a coronar una cadena de abusos de autoridad.
