Educación: derecho de los padres o de los hijos (A221a)

Iba a escribir otra vez sobre el Día de los Inocentes, pero el día pasó y como el asunto no es más que un mito casi olvidado, lo dejo estar y les traigo una de cal y una de arena, como se suele decir, que coincidentemente tienen que ver con niños y jóvenes inocentes, cuyas mentes están siempre amenazadas por los Herodes del dogma. El tema es la educación de los menores de edad, y cuánto (si acaso) pueden o deben influir en ella las creencias de los padres.

Es un principio admitido casi universalmente que los padres tienen derecho a educar a sus hijos como les parezca (en tanto esa educación no le ocasionen un daño psíquico severo) y, como corolario, que un estado democrático debería garantizar ese derecho. Dejo un espacio libre en ese “casi” para aquellos lugares del mundo donde se considera en cambio que sólo es válida la ideología o religión oficial del estado y los padres tienen la obligación de educar a sus hijos en ella, o al menos dejar que la escuela lo haga.

Resulta que el asunto es difícil porque en un estado liberal democrático se debe mantener un equilibrio inestable entre el derecho de los padres a enseñarles a sus hijos su religión y sus tradiciones, por un lado, y el deber del estado de velar por la integridad de todos los ciudadanos, especialmente los niños y jóvenes menores de edad.

La Iglesia Católica nunca ha creído en la libertad de pensamiento o en la libertad religiosa, pero con el avance de la modernidad no tuvo más remedio que tolerarlas. La caradurez intrínseca a la profesión clerical ha hecho que incluso busquen utilizar esos odiados conceptos en su provecho. Cuando los países reemplazan contenidos curriculares groseramente sectarios por otros más abiertos, diversos y de inspiración laica, la Iglesia y la derecha católica reaccionan como lo hicieron en España cuando el gobierno instauró la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC): quejarse (y mandar a los padres católicos a quejarse) de que se trata de la imposición de una ideología estatal sobre el derecho inconculcable de los padres a controlar lo que entra al cerebro de sus hijos. La neutralidad ideológica no existe, dicen (y es cierto), y no van a tolerar que se eduque a sus hijos con valores distintos de los suyos.

La Abogacía del Estado, en España, acaba de rechazar un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por los padres para que sus hijos no cursen EpC basándose en la figura de la objeción de conciencia. Esta figura es una admisión excepcional, explica el representante del Estado, y después, lanza estos dos bombazos de sensatez:

La libertad de creencias asiste a los menores de edad en su derecho a no compartir las convicciones de los padres o a no sufrir sus actos de proselitismo, de manera que la libertad ideológica del menor no puede quedar abandonada lo que puedan decidir quiénes tiene atribuida su guarda y custodia o su patria potestad.

Frente a los recurrentes, que sostienen que la asignatura se asienta en el "relativismo moral", el representante del Estado afirma que "la democracia no tiene que pedir perdón por ser un régimen esencialmente relativista, sanamente relativista". "La concepción filosófica que presupone la democracia es el relativismo", dice el abogado del Estado, "que no es más que el otro nombre de su connatural pluralismo ideológico".

(El comic es de La Cueva de Daimao.)

Vale decir: antes que el derecho de los padres a indoctrinar a sus hijos está el derecho de los hijos a tener sus propias ideas. Los padres no pierden su derecho, pero no pueden ejercerlo con exclusividad porque eso limitaría la libertad de sus hijos. En una democracia el estado no puede sino permitir esta libertad, esta variedad. Con lo cual vamos al meollo del asunto, que no pueden aceptar los católicos —ni ninguna religión dogmática en general—: la libertad para elegir una ideología o religión “incorrectas” no es (según ellos) verdadera libertad, es una perversión de la libertad; somos libres solamente cuando seguimos a Dios, porque si no somos esclavos del mal. (Algo de esto escribí, con el título de La libertad es esclavitud, hace seis meses.) El estado que no obliga a sus ciudadanos a seguir la vía “correcta” es un estado maligno. Eso dicen, y a eso les han contestado: bueno, pues qué lástima.

Ésa era la buena noticia. La mala se las cuento en unos días. Continuará…