Educación religiosa en las escuelas públicas de Córdoba (A219)

Nos desayunamos con la noticia de que la legislatura de la provincia de Córdoba aprobó ayer un proyecto de Ley de Educación Provincial (LEP) que permite el dictado de clases de religión en las escuelas públicas y propone una formación destinada a promover “el derecho a la vida y su preservación”.

A todos nos gusta mucho el derecho a la vida, claro está, pero como una de las defensoras de la ley (muy resistida por las agrupaciones estudiantiles) fue la Iglesia Católica, no nos queda más remedio que interpretar la frasecita como un eufemismo muy transparente puesto allí en lugar de “oposición total y dogmática al aborto y la eutanasia”. Especialmente cuando vemos que el inciso en cuestión sigue inmediatamente a uno que, en el anteproyecto, ponía como objetivos “Brindar conocimientos y promover valores que fortalezcan la formación integral de una sexualidad responsable”, que fue suprimido, no sabemos por qué. La palabra “integral” es como “natural” en los avisos de alimentos o medicamentos: todos la quieren usar, porque suena bien, pero no significa nada o significa lo que cada uno le quiere hacer significar; puede ser un latiguillo católico o no.

Pero lo de “sexualidad responsable” no podía sentarle bien a la Iglesia, ya que según la doctrina católica el sexo no es una actividad de elección sino un mandato divino, y el único deber de quienes lo practican es hacerlo sin pensar en las consecuencias, confiando en que Dios mandará o no, según lo desee en Su infinita sabiduría, un bebé o una enfermedad de transmisión sexual. “Responsabilidad” implica libertad y una cierta amplitud que son incompatibles con el rígido orden católico en el cual el sexo, si no ocurre entre un hombre y una mujer unidos en matrimonio religioso y con el fin de procrear, está prohibido. (El hombre y la mujer no se pertenecen a sí mismos ni al otro, sino que pertenecen a Dios. Quien actúa bajo órdenes no tiene, no le interesa tener, responsabilidad.)

La educación religiosa será dictada en forma opcional, extracurricular, por profesores pertenecientes al culto en cuestión, y sin comprometer fondos estatales. Según entiendo, todas estas aclaraciones tuvieron que ser introducidas al proyecto, y no están tan mal, excepto que son un compromiso. El resumen de todo esto es que la Iglesia tiene un pie atravesado en el umbral de las escuelas públicas y esa puerta no podrá cerrarse fácilmente. Cuando el concepto de escuela laica se borronea de esta manera, no hace falta mucho para que la presión haga efecto; la misma ley reconoce (con más eufemismos) el “derecho” de los padres a obligar a las escuelas a —como mínimo— no criticar su religión ni intentar siquiera enseñarles a los niños algo que pudiera llevarles a abandonar las creencias de sus padres. Basta con que un grupo de padres bien colocados, con dinero y asesoramiento eclesiástico, reclamen que sus hijos no tienen en la escuela el catecismo que se merecen porque el estado no le paga al catequista, para que la maquinaria se ponga en marcha.

Para quienes todavía se interesen por afiliaciones políticas, notaremos para terminar que la ley fue aprobada por el Partido Justicialista (el peronismo antikirchnerista conservador) y por el Frente para la Victoria (el peronismo kirchnerista progresista), aliados contra todo el resto de los partidos.