- En septiembre la ministra de la Corte Suprema Carmen Argibay, atea confesa y militante, dijo que le gustaría que se retiraran los símbolos religiosos de las salas de audiencias de los tribunales y que las creencias religiosas deberían quedar fuera del ámbito público.
- Poco después el defensor general Gabriel Ganón solicitó lo mismo a las autoridades del departamento judicial de San Nicolás, con abundantes fundamentos.
- El fiscal Félix Crous, titular de la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos, pidió también que se le retire a los altos dignatarios de la Iglesia Católica el privilegio de poder declarar en audiencia judicial en sus propios despachos y no en el juzgado como los ciudadanos comunes.
- La diputada provincial Alicia Gutiérrez, presentó un proyecto de ley para prohibir la exhibición de símbolos religiosos en todos los ámbitos estatales de Santa Fe (lo que ya provocó un par de ilustres críticas).
- Y lo mismo había pedido la diputada porteña María José Lubertino para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Lubertino solía dirigir el INADI, una maligna institución estatal que pretende cercenar el derecho de los católicos a discriminar a los homosexuales y otros perversos).
Los signos de los tiempos son clarísimos. El laicismo agresivo ha sacado las garras, y mirando a nuestro pobre país uno no puede sino recordar aquel triste día de 1955 en que los grupos de choque laico-progres y zurdo-secularistas, siguiendo la infame bandera del totalitarismo relativista, hicieron lo mismo que estos leguleyos quieren hacerle ahora a nuestra Santa Madre.
