Escuela de discriminación (A138)

Los obispos uruguayos han pedido a las escuelas católicas que no contraten maestros homosexuales o divorciados, por medio de un documento de la Conferencia Episcopal titulado “Criterios orientadores para la pastoral educativa en Uruguay”. O al menos, eso ha interpretado la Asociación Uruguaya de Educación Católica (Audec), cuyo presidente ha dicho que “No sería saludable y además no es lo que los padres buscan” el tener a esta clase de parias personas al frente de una clase.

El presidente de la Conferencia Episcopal, Carlos Colazzi, apuntó que el documento no hace mención específica a la homosexualidad, si bien en ningún momento corrigió la interpretación hecha por la Audec y aclaró que los colegios tienen que hacer las contrataciones convenientes dentro de su dimensión evangelizadora.

No he podido acceder en ninguna parte a los susodichos criterios orientadores, por lo cual deberé confiar en la palabra de los obispos.

Como en otros casos similares, lejos de mí estaría pedir un cambio de políticas a las escuelas católicas. En virtud de las leyes que permiten la creación de escuelas privadas confesionales, y sobre todo, del trasfondo cultural que sustenta su existencia, esta discriminación no me parece incorrecta. Vale decir, una sociedad que acepta la existencia de instituciones donde un dogma religioso tiene precedencia sobre las normas éticas comunes (tales como la tolerancia de la diversidad), y que acepta además que existe un derecho a pagarle a los maestros para que no expongan a sus alumnos a visiones del mundo diferentes a las preferidas por los padres, no puede negarse por principio a la discriminación por orientación sexual o por condición civil. Una sociedad que no se rebela ante la existencia de escuelas privadas confesionales no puede quejarse por las reglas absurdas y arbitrarias que esas instituciones impongan.

Pienso que toda educación debería ser pública, gratuita y laica. Aquí reconozco que no estoy siendo pragmático, que estoy siendo extremo e idealista. Pero es que no veo otra forma. Si uno acepta que la Iglesia Católica (o quien sea) tiene una moral superior que enseñar, esa moral no tiene por qué respetar mi sentido de justicia meramente humano. Si deseo un trato justo, según mis parámetros, para todos los que la Iglesia discrimina, entonces debo quitarle a la Iglesia la posibilidad de sustraerse a esos parámetros. No hay una solución de compromiso aceptable.

Como ejercicio especulativo, me gustaría saber hasta dónde se pueden llevar estos criterios. Los homosexuales y los divorciados son blancos notorios de la discriminación eclesiástica, pero ¿y los maestros que usan preservativos regularmente? ¿Y las maestras que toman anticonceptivos orales? ¿Y los que están en pareja y no están casados? Todos ellos están en pecado mortal y recurrente. Los maestros que no van a misa todos los domingos, igual; ¿se les tomará asistencia en las parroquias?

Y lo más importante: ¿cuántos maestros y profesores verdaderamente católicos quedarán en las escuelas cuando termine la limpieza moral de los obispos?

Si todo esto parece un poco ridículo, recordemos que existe porque le hemos dado a una institución medieval un sitio de privilegio como custodio de la moral pública. Es ridículo porque la mayoría de nosotros sabemos que todas esas personas que la Iglesia Católica ha designado como inmorales, pecadoras contumaces, apartadas del Bien, son en su mayoría gente común y corriente, con las mismas fallas que cualquiera... y sin embargo seguimos tolerando que los príncipes mitrados hablen como desde un pedestal.