¿Asignación por hijo no nacido? (A227)

Guillermo Cartasso

Me llaman la atención sobre una “libre interpretación” del importante anuncio realizado por la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner en su discurso de apertura de las sesiones legislativas de este año: la llamada “Asignación Universal por Hijo”, subsidio estatal que cobran muchos padres o tutores de menores de 18 años, será extendida a partir de mayo a las mujeres embarazadas desde el segundo trimestre. Para Guillermo Cartasso (profesor de la Universidad Católica Argentina y asesor de la Conferencia Episcopal), esto significa un “no al aborto”, según publica la agencia AICA.

Escuchando la parte relevante del video del discurso, no parece que Cartasso pueda honestamente decir que “la Presidenta de la Nación [extiende] la asignación universal por hijo a las embarazadas […] porque reconoce que la vida humana empieza desde la concepción”, ni mucho menos que con el anuncio “se da por tierra la pretensión de aprobar el aborto”. (De Cartasso, por otra parte, no vamos a esperar honestidad ni coherencia. Es el mismo que hace unos meses dijo que los católicos son una minoría discriminada… porque no les dejan negarse a reconocer el derecho legal de dos personas del mismo sexo a casarse.)

Cristina Fernández de Kirchner

El problema aquí es que Cristina Fernández de Kirchner ha dicho más de una vez que, aunque no considera que los promotores del derecho al aborto seguro y legal estén “a favor del aborto”, ella misma está enfáticamente “en contra del aborto”. Si nadie está a favor del aborto, ¿por qué marca esa oposición? ¿Quiere decir que está en contra del derecho al aborto? ¿Quiere decir que argumentaría en contra, o pediría a los legisladores de su partido que argumentaran y votaran en contra de un proyecto de ley para legalizar el aborto, si llegara el caso? ¿O significa —como interpretan todos— que como presidenta vetaría una ley de esa clase si llegara a aprobarse?

Cristina de Kirchner es bien conocida por citar cifras y estadísticas profusas y contundentes en sus discursos. Aquí sin embargo habla de las cifras de mortalidad materna en forma confusa y contradice las estimaciones que hablan de las complicaciones de abortos inseguros como la mayor causa de muerte materna. Estas estimaciones han sido utilizadas frecuentemente, no sólo por activistas en favor del derecho al aborto, sino por legisladores del mismo partido oficialista y por el mismo Ministerio de Salud, aunque no tanto desde que Cristina nombró ministro a Juan Luis Manzur, un médico conservador y según parece miembro del Opus Dei (el mismo que en julio de 2010 protagonizó el fiasco de la Guía de Abortos No Punibles).

Hay otro tramo del discurso que Cartasso no mencionó y que resulta (a mí y a otros) bastante significativo. La presidenta habla de la necesidad de una nueva ley de adopción:

[N]ecesitamos un instrumento que proteja el interés de los menores y que evite que las familias desesperadas por tener un hijo terminen cometiendo actos ilegales y beneficiando maniobras ilegales porque no pueden acceder al derecho de la maternidad o de la paternidad.

Aquí el tema del aborto brilla, justamente, por su ausencia en un punto donde debería estar. Las compraventas de niños y las adopciones ilegales son un problema grave, pero si tenemos que pensar en mujeres o familias impulsadas a la ilegalidad por culpa de una ley restrictiva, el primerísimo tema es el del aborto, no el de la adopción ilegal. Por lo demás, el pedido de una ley de adopción más ágil fue una de las iniciativas con que la derecha intentó, durante el debate por el matrimonio igualitario, desviar la atención: se decía que, antes que las parejas homosexuales, había muchas parejas heterosexuales (normales) que podrían y querrían adoptar niños, si la ley no fuera tan burocrática, y que la ley actual daba privilegios a las parejas homosexuales porque no tenían que demostrar su infertilidad.

El asunto de facilitar la adopción también surge, aquí y en otras partes del mundo, cada vez que se intenta hablar de aborto: la idea es que el Estado debe fomentar que las mujeres embarazadas no aborten sino que lleven su embarazo a término (aunque eso les ocasione graves problemas físicos, psíquicos o económicos) y luego den su hijo en adopción. Y que la presidenta de un gobierno que ha hecho mucho para que se juzgue la apropiación y adopción ilegal de bebés durante la última dictadura ignore ligeramente todo esto es llamativo, más cuando pareciera que está justificando los “actos ilegales”. El tráfico de bebés (que, dicho sea de paso, sigue vivo y bien en las provincias más pobres de Argentina) no es causado ni puede ser justificado por una ley de adopción burocrática, sino que surge de personas inmorales sin escrúpulos, sean traficantes, políticos, policías y jueces corruptos, o personas “desesperadas” por ejercer su “derecho a la paternidad”.

Las distorsiones y exageraciones de parásitos clericales como Cartasso pueden existir debido a la ambigüedad sobre el tema del aborto de muchos políticos que están en el poder, de los cuales la presidenta es la más importante en este momento, aunque no la única. Está muy por debajo de la investidura presidencial molestarse en aclararle a un ciudadano que la presidenta no dijo lo que obviamente no dijo, y en todo caso no cabe esperar de ningún político, en un año electoral, definiciones tajantes sobre ningún tema controvertido que pueda quitarle votos. Pero en algún momento esas definiciones deben llegar. Seguimos a la espera.

P.D.: este artículo continúa en Qué hacer por las mujeres argentinas.