Revisionismo histórico vaticano (por Thomas P. Doyle)

Thomas P. Doyle

El sacerdote católico Thomas P. Doyle es uno de los primeros, dentro de la Iglesia, que denunciaron la práctica habitual de abusos sexuales a menores seguidos por su encubrimiento. Despedido de su puesto como capellán de la Fuerza Aérea estadounidense en 2004, siguió sirviendo a las víctimas y sus familias, dándoles apoyo moral y profesional como terapista, además de consejo legal como abogado canónico. Fue uno de los protagonistas del documental Deliver Us From Evil. Lo que sigue es traducción de un artículo escrito por él con el título Revising history Vatican style (“Revisando la historia al estilo del Vaticano”) para el National Catholic Reporter, un periódico católico progresista independiente de la jerarquía eclesiástica.

El último intento vaticano de “control de daños” es realmente un ejemplo de revisionismo histórico. El Vaticano ha subido a su sitio web una corta explicación del motu proprio de 2001 Sacramentorum sancitatis tutela. Este decreto no estaba oculto por el secreto oficial y es bastante conocido en todo el mundo. El corto artículo brinda un resumen de los principales pasos a tomar en casos de abuso sexual de menores por parte de clérigos. Esto no es nada nuevo. La sorpresa, no obstante, se encuentra en una oración: “La ley civil concerniente a la denuncia de crímenes a las autoridades apropiadas debe seguirse siempre.”

Ésta es la primera vez que el Vaticano ha acordado públicamente que el abuso sexual de menores no es sólo un crimen en el mundo secular, sino además un crimen que debería ser reportado a las autoridades civiles.

El escándalo que ha estado dando vueltas en torno a la iglesia institucional durante décadas ha sido causado por el hecho de que regularmente los obispos hicieron precisamente lo contrario de lo que el Vaticano ahora presenta como procedimiento operativo estándar. Pese a los esfuerzos de la jerarquía por controlar, primero, y luego —al fallar eso— contener el problema, éste ha alcanzado finalmente al Vaticano. Esto ha hecho olas en las filas de los creyentes, incluyendo los más cerrados defensores de la jerarquía. Están molestos y aun furiosos, no por la evidencia que se está revelando de que el papa y los burócratas vaticanos han tenido conexión directa con la horrenda plaga de abuso infantil, sino porque las víctimas y sus partidarios, asistidos por los “medios anticatólicos”, han tenido la audacia de atacar al Santo Padre.

Los habitantes del Vaticano, los burócratas de la Curia que realmente manejan la iglesia institucional, están comprensiblemente a la defensiva, y no están haciendo un muy buen trabajo. Si hubieran dejado en paz la frase sobre reportar los casos a las autoridades civiles y ningún vocero del Vaticano hubiera hecho comentarios sobre ella, el daño causado por el documento hubiera sido mínimo. Pero en vez de quedarse callados, salieron a la defensa del papa usando la bien probada pero no muy útil táctica del revisionismo histórico.

Nicole Winfield de The Associated Press reportó que “el Vaticano insiste en que por largo tiempo ha sido política de la Iglesia Católica que los obispos, como todo ciudadano, obedezcan las leyes civiles.” Jeff Lena, el abogado del Vaticano en los Estados Unidos, “argumentó que no había nada en la ley canónica que… prohibiera reportar [los casos de abuso].” También se refirió vagamente al documento del Concilio Vaticano II Gaudium et Spes, que —afirmó— contiene un “entendimiento implícito de la necesidad de seguir las leyes civiles.” Un vocero vaticano, el P. Ciro Benedettini, dijo que un requerimiento de denuncia de casos de abuso había sido parte de la política interna de la Congregación para la Doctrina de la Fe desde 2003, un hecho que hubiera sido mejor que se guardara para sí. Si esta política ha estado enterrada en un profundo secreto, ¿de qué sirve?

El Vaticano y sus defensores tienen la memoria corta. Luego del tsunami que golpeó [la diócesis de] Boston en enero de 2002, el asunto de las denuncias de abusadores a las autoridades civiles se transformó en un tema saliente. La comunidad secular no lograba entender por qué no se entregaba a la policía a los sospechosos de delitos ni se los reportaba a los servicios de Bienestar Infantil. Algunos miembros de la jerarquía, por otro lado, no lograban comprender por qué la gente tenía la osadía de reclamar que fueran entregados a las autoridades. Esta resistencia encontró apoyo en varios eclesiásticos muy notables, que pontificaron ante los medios de todo el mundo. Aparentemente no les había llegado la noticia de que había una política de larga data que los urgía a reportar casos de abuso.

El Cardenal Óscar Maradiaga, de Honduras, que acusó a los abogados estadounidenses que derrocaron al Cardenal Bernard Law de utilizar tácticas “estalinistas”, dijo que los clérigos que han cometido graves errores deberían ser llevados ante la justicia en tribunales eclesiásticos. Revisionismo histórico, punto uno: violar niños es un error, no un crimen, y los tribunales eclesiásticos, tradicionalmente conocidos por su lentitud y no funcionalidad en lo que se refiere al debido proceso, son la vía hacia la justicia. El Padre Gianfranco Ghirlanda, un influyente abogado canónico de la Universidad Gregoriana en Roma, publicó un artículo en 2002 repleto de sabiduría convencional vaticana. Dijo que las autoridades civiles deberían involucrarse sólo luego de que todos los procedimientos eclesiásticos se hayan probado inútiles. Continuó diciendo que los obispos no son moral ni judicialmente responsables por los actos de los clérigos a su cargo. Y siguió con la ultrajante afirmación de que los actos pasados de abuso de un sacerdote no deben ser revelados a su congregación porque eso “lo desacreditaría totalmente frente a su comunidad parroquial.”

El Cardenal Julian Herrenz, líder (retirado) del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, expresó algunas opiniones igualmente sorprendentes en un artículo publicado por John Allen en 2002. Asumiendo conocimiento experto de las ciencias de la conducta, afirmó que la pedofilia es una forma de homosexualidad. Y volviendo a su papel de experto legal de nivel mundial, rechazó la idea de que a las autoridades eclesiásticas deba solicitárseles, mucho menos requerírseles, que reporten los casos de abuso a las autoridades de la ley civil. Su justificación parece ser la salvaguarda del “acuerdo mutuo de confianza y secreto” entre obispo y sacerdote.

El Cardenal Tarcisio Bertone, quien es ahora el Secretario de Estado del Vaticano, era secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe en 2002 cuando John Allen lo citó diciendo: “En mi opinión, el reclamo de que un obispo está obligado a contactar a la policía para denunciar a un sacerdote que ha admitido el delito de pedofilia no tiene fundamento.” También dijo que “… la sociedad civil debe además respetar el secreto profesional de los sacerdotes, como respeta el secreto profesional de otras categorías.” En ningún lugar de la tradición, el dogma o la ley canónica católica puede uno encontrar justificación alguna para estas opiniones.

En la práctica, la política ha sido tratar de evitar el contacto con las autoridades civiles y encubrir los crímenes y a los criminales. La tradición canónica de reciente creación que impone la denuncia a las autoridades civiles es resultado de una sola cosa: el escándalo público, la exposición mediática y la presión para que los clérigos estén sujetos a rendir cuentas en las cortes civiles. La apariencia de la “Guía para comprender los procedimientos…” es un intento fallido de control de daños a través del revisionismo histórico. No funcionará. El Vaticano nunca podrá “arreglar” el problema de los abusos sexuales en el clero porque el abuso no es el problema esencial que requiere ser arreglado. Es la cultura clerical completa la que necesita ser renovada de adentro hacia afuera.