La ONG “20 de septiembre”, asociación civil de Mendoza, ha enviado cartas a varias dependencias del estado provincial para que informen “cuál es el marco legal en que se sustentan a los fines de introducir símbolos religiosos en los edificios públicos”.En Mendoza, como en toda Argentina, se encuentran crucifijos cristianos (con o sin sus correspondientes crucificados) en escuelas y hospitales públicos, juzgados, legislaturas y otras oficinas de los distintos niveles de gobierno. En general se trata de símbolos que la tradición puso y que nadie se anima a sacar, o más posiblemente, que casi nadie se ha planteado sacar, por falta de razones. Mendoza, por añadidura, es una provincia poco proclive a la laicidad; gobernada en la actualidad por un cristiano evangélico conservador, y con la bien ganada reputación de ser un semillero de integristas católicos, es ahora una sorpresa (¿o será una reacción lógica?) que surja allí una iniciativa que sólo se ha planteado con éxito en la mucho más secularizada Europa.
La nota es bastante extensa y no voy a repetir todo lo que dice. Cabe sólo aclarar que la asociación “20 de septiembre” se define como librepensadora, no atea o antirreligiosa, y que no ha pedido todavía la retirada de los símbolos religiosos, sino solamente la justificación legal de las instituciones estatales para su colocación y mantenimiento; y que declaran que están dispuestos a llevar el asunto hasta el nivel nacional.
Los comentarios a la nota son, si se quiere, más interesantes, ya que trasuntan una variedad de posiciones, con una mayoría de opiniones contrarias sin demasiados argumentos, unas cuantas abiertamente intolerantes, y unas pocas, pero significativas, de creyentes que apoyan la idea porque entienden que su fe es algo personal y no necesita de símbolos en las paredes.
Todavía es pronto para adivinar cómo seguirá el asunto, pero desde aquí estaremos atentos.
[Gracias a Facundo Fernández por ponerme sobre aviso de esta noticia.]
