
El obispo de San Justo, Monseñor Baldomero Martini, denunció este martes al Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) por haber aceptado la queja de un particular contra sus dichos en desmedro del matrimonio gay y acusó a la institución de coartar la libertad de predicar la doctrina cristiana.(Los links son míos.) El asunto del derecho a discriminar, insultar y vilipendiar a todos aquellos considerados inmorales es un tópico de todas las religiones. En general lo incluyen en algo que llaman “libertad religiosa”, y curiosamente, siempre se refiere a las mismas cosas: la libertad de ridiculizar, criticar y descalificar a los que creen en ideas distintas o no cumplen con las normas doctrinarias de la religión en cuestión, y el reclamo al Estado de prohibir que otros les hagan eso mismo a ellos.
El INADI es “un organismo de tercera o cuarta categoría”, manifestó el prelado a través de la agencia de noticias católica AICA.
El problema aquí es la asimetría. Y es que no hay nada de malo en la crítica. A muchos nos les gustará, pero la crítica, el rídiculo, el ataque verbal, no pueden ser erradicados en una sociedad libre. El respeto es una convención útil y un objetivo deseable, pero no un mandato. Lo que sí es deseable en una sociedad libre y democrática es que no haya voces privilegiadas. El obispo de San Justo lo es, para empezar porque cobra un sueldo del estado, pero sobre todo porque cuando un obispo o arzobispo dice algo, cualquier cosa, por muy tonta que sea, tiene micrófono asegurado; y cuando un obispo escribe al Presidente de la Cámara de Diputados, sus argumentos pueriles y gastados contra el matrimonio gay son leídos con atención.
Yo tengo sentimientos encontrados con respecto al papel del INADI: por un lado, no estoy de acuerdo con que una persona pueda ser denunciada por lo que dice, incluso (y especialmente) si lo que dice suena extremista o es impopular; por el otro lado, cuando el que habla es una persona influyente y lo que dice es potencialmente inflamatorio, creo que se deberían marcar límites. El problema es que yo no me siento calificado para marcar esos límites y no creo que nadie más lo esté. Quis custodiet custodes?
(Por si alguien quiere saberlo, estas dudas me surgieron, y esta postura se consolidó, luego de ver una interesante charla de Christopher Hitchens sobre el tema de las leyes contra los “discursos de odio” y cosas como la negación del Holocausto. En un caso extremo, un historiador negacionista fue arrestado en Austria por planear dictar una conferencia donde proponía su versión revisada —y absolutamente falsa, claro está— de la historia. Yo creo que estaba en su derecho de mentir y de distorsionar los hechos, al igual que cualquiera de los asistentes a la malograda conferencia hubiera estado igualmente en su derecho de pararse, interrumpirlo y cantarle cuatro verdades sobre la realidad del Holocausto.)
Claro está que el obispo de San Justo no recurre al argumento de la libertad de expresión, porque incluso para un obispo, funcionario por fuerza entrenado para la sofistería desvergonzada, hablar de libertad de expresión desde una cátedra de la Iglesia Católica, baluarte de la represión y la supresión del disenso, no podría sino provocar risotadas. Pero es casi lo mismo. Martini habla de “la libertad de predicar la doctrina cristiana”, amparándose en un tratado entre la Argentina y la Santa Sede que tiene rango constitucional. Y en este sentido, probablemente tenga razón. La doctrina cristiana sobre el sexo —toda sexualidad que no sea la de un hombre más una mujer unidos en matrimonio con el propósito de tener hijos al ritmo que Dios mande— es que es inmoral o enfermo o ambas cosas.
No me parece bien que el INADI reprima al señor obispo. Creo que la doctrina cristiana (o más bien católica, que no todas las iglesias cristianas son así), la doctrina a la que deberían adherir los millones de católicos argentinos que quieran merecer ese nombre (o bien renegar de ambas cosas) debería ser difundida. Las partes de la Biblia donde se condena a casi todo el mundo al infierno por su expresión de la sexualidad deberían ser propaladas y explicitadas, para que no quedaran dudas de lo represiva, enfermiza, profundamente inhumana que es la visión bíblica sobre el tema, desde la condena a muerte prevista para los homosexuales en el Antiguo Testamento hasta la idea de San Pablo de que casarse para poder tener sexo como Dios manda es el mal menor para los que no aguanten ser célibes, pasando por la advertencia de Jesús de que pensar en una mujer ya es pecar de adulterio.
No deseo que el INADI le dé al obispo Martini la oportunidad de mostrarse como víctima de una persecución antirreligiosa, papel que la Iglesia adopta cada vez que puede. Me gustaría, sí, que este caso o algún otro, algún día, terminen de poner en blanco sobre negro los dilemas que resultan, para un país democrático y soberano, de firmar tratados con pseudo-estados como el Vaticano.