Píldora del día después, suspendida en Perú (A149)

Los pomposamente autotitulados “pro-vida” están felices porque en Perú una corte de justicia, a instancias de una asociación civil católica, ha cercenado uno más de los derechos reproductivos de las mujeres: el derecho a evitar un embarazo luego de una relación sexual no protegida, por medio de la droga levonorgestrel, componente de la mal llamada “píldora del día después” (PDS). O mejor dicho, el derecho de las mujeres pobres, que no pueden comprar la droga, ya que el fallo judicial sólo impide la distribución gratuita de la PDS por el estado; quienes tengan dinero podrán adquirirla en las farmacias como de costumbre.

Poco puedo agregar a lo que ya escribí hace más de un año, cuando una corte argentina de la provincia de Córdoba suspendió la distribución de la PDS en los centros de salud estatales. Científicamente, la posibilidad de que el levonorgestrel impida la implantación de un óvulo fecundado existe, aunque no está probada. El embarazo, por definición médica, comienza cuando el óvulo fecundado se implanta en la pared del útero (o en otro lugar, en el peligroso caso de un embarazo ectópico), de manera que incluso esta pequeña posibilidad de que se pierda un óvulo fecundado no constituye un aborto.

No obstante, la influencia cultural y política del catolicismo ha conseguido introducir en las legislaciones de muchos países (e instalar en las esferas de poder) la idea de que la vida humana comienza con la concepción, es decir, el momento en que el óvulo es fecundado por el espermatozoide. Lo cierto es que “vida humana” es un término muy vago, y peor es “persona” como sujeto de derecho. Si bien el cigoto tiene indudablemente ADN humano, eso es prácticamente lo único humano en él: no sólo es microscópico, sin órganos, sin sistema nervioso y por supuesto sin sensaciones ni consciencia, sino que además tiene bastantes probabilidades de ser expulsado espontáneamente por el organismo de la mujer, sin que ésta llegue a enterarse.

Es desgraciadamente muy sencillo, para los integristas católicos, imponer sus doctrinas a los demás en América Latina: basta con hacer una campaña de desinformación, encontrar políticos temerosos de ser tildados de abortistas o “anti-vida”, y apelar a cortes judiciales de orientación conservadora utilizando evidencia científica defectuosa o distorsionada. La pelea contra los derechos no termina jamás.