lunes, 30 de diciembre de 2013

Alucinemos: “cristianofobia” en Chile

Hoy les traigo una pieza de sofistería repelente de Raúl Hasbún, sacerdote, publicada en Humanitas, la revista de antropología y cultura cristiana de la Pontificia Universidad Católica de Chile (y luego reimpresa por InfoCatólica, de donde la tomé). Su tema es la “cristianofobia”.

Hasbún comienza con una observación tan carente de caridad como groseramente incorrecta sobre la gente que sufre lo que la psiquiatría define como fobias:
Quienes sufren de estas patologías obsesivas suelen negarlas o justificarlas apelando a coartadas biensonantes, tales como estadísticas (amañadas), experiencias (imaginadas) o citas (extrapoladas). Admitir lo irracional y anormal de sus miedos les significaría quedar mal posicionados antes sus pares y ante sí mismos.
Y luego presenta a su criatura:
Hoy tiende a configurarse, en los mundos que se dicen “desarrollados”, una fobia contra el ejercicio público de la fe cristiana. Lo irracional y anormal de esta fobia radica en que surge precisamente en culturas que tienen, en el cristianismo, su raíz y sustento fundacional.
Se dice en tono ligero que la mayoría siempre es cuerda; que si sólo una persona ve ciertas cosas, es que son una alucinación, pero si la mayoría las ve, entonces son la realidad. En psiquiatría se considera que una creencia (por muy implausible que sea) no es patológica si es común a la comunidad donde habita el individuo. Se trata de una cuestión filosófica largamente debatida. Lo que quiero señalar aquí es que si tantos individuos de los países desarrollados se oponen a lo que Hasbún llama “el ejercicio público de la fe cristiana”, quizá no se trata de una fobia —irracional y anormal— sino de un nuevo consenso de creencias o de una renovada percepción de la realidad.

El primer caso es la hipótesis más fácil de asumir: el Zeitgeist ha cambiado y a la gente le desagrada la exhibición del comportamiento cristiano; en rigor, están en todo su derecho, tal como estuvieron en su derecho los paganos que eligieron convertirse al cristianismo hace dos milenios, rechazando la fe de sus padres, incluso cuando dicha fe fuese “la raíz y sustento fundacional” de la sociedad y el estado en que vivían (a los primeros cristianos del Imperio Romano se les acusó y persiguió no por el contenido de su fe, sino por negarse a reconocer la dignidad divina del César, símbolo de unidad del Imperio).

La segunda hipótesis es la que Hasbún ni siquiera podría pensar en asumir: que no se trata de un mero cambio de ideología (una apostasía masiva, una “desconversión” generalizada) sino que muchas personas han percibido que el cristianismo es factualmente falso y/o que sus doctrinas producen daños concretos. O más bien, el cristianismo organizado, sectario, políticamente influyente, de la Iglesia Católica (para empezar), ya que hay muchos cristianos que practican su religión sin joder al prójimo.

Pero de hecho, toda la argumentación de Hasbún se refiere a un asunto político: la probable pérdida de ciertos privilegios simbólicos, mínimos, que se operarán en Chile una vez que asuma como presidenta, por segunda vez, Michelle Bachelet, en reemplazo del untuosamente católico Sebastián Piñera. Bachelet, en su programa de gobierno, ha prometido una nueva constitución donde se reafirmará la laicidad del estado, lo cual ha hecho poner los pelos de punta a los chupacirios. Para Hasbún, eliminar invocaciones e imágenes religiosas del ámbito formal estatal es expresión de su fobia inventada:
Esta cristianofobia quiere ahora asentarse en Chile como reivindicación e ícono de una “nueva mayoría”. No más juramentos ni Biblia ni crucifijos ni imágenes de María ni invocación del nombre de Dios en los espacios o actuaciones estatales.
¡Qué terrible, no poder presumir de la propia fe en público!
¿Qué teme, la “nueva mayoría”, de la fe cristiana y bíblica profesada por el 90% de la población? ¿Por qué arrinconan y encapsulan esa energía que cautela, como ninguna, la dignidad del ser humano y la paz social?
Quizá habría que devolverle a Hasbún pregunta por pregunta. ¿Qué teme su mayoría del 90% de unas pocas regulaciones estatales que no pasarán de lo simbólico? ¿Su fe es tan débil que requiere que el estado la imponga sobre los demás, sobre esa minoría de creyentes de otras religiones y de ateos, agnósticos e indiferentes?

Los temores que expresa Hasbún sobre la posible prohibición de las procesiones o de la invocación de Dios en los hospitales son infundados; de hecho, son tan traídos de los pelos que es imposible tomarlos con buena fe. Esto es terrorismo retórico sin más: una especialidad católica dentro del amplio campo de la autovictimización que la Iglesia domina como pocas instituciones. Considerando cómo han hecho creer a casi todo el mundo que fueron perseguidos y martirizados durante siglos, no es extraño que intenten hacer creer a los católicos chilenos que la malvada socialista Bachelet les mandará la policía si se atreven a salir de procesión.

La realidad es que la Iglesia chilena seguirá teniendo todos los privilegios de siempre; las parroquias seguirán difundiendo la sumisión y la obediencia, los obispos seguirán teniendo espacios mediáticos para proclamar el odio a las mujeres y a los homosexuales, los colegios privados católicos seguirán (de)formando alumnos, y sólo —si acaso, si de verdad Bachelet puede cumplir con su programa— se evitará, de vez en cuando, que un político se llene la boca jurando en público por Dios y los Evangelios o que un funcionario invoque a la divinidad en un acto oficial. Sospecho que la mayoría de los católicos de a pie no notará la diferencia.

Quizá sea eso lo que impulsa a Hasbún a exagerar: su conocimiento de que su mentado 90% no es una mayoría de devotos fanáticos y que, a fin de cuentas, a muchos de sus fieles poco les importa que la Iglesia tenga influencia sobre el estado, un asunto que sólo preocupa a los jerarcas que viven de ese poder. En un estado laico, una religión que no se impone por la fuerza tiene poco que temer.

jueves, 26 de diciembre de 2013

Francisco el Salvador

Hace un tiempo decidí dejar de prestar atención a las incesantes alabanzas dirigidas a Francisco por sus fans. Hago una excepción hoy precisamente para mostrarles hasta qué punto hay que hundirse en el barro de la complacencia y el voluntarismo bobo para refutarlas. El siguiente es un ejemplo al azar de la tendencia a ver en Francisco a un líder que sintetiza lo político y lo religioso. Se trata de un artículo de Luis Rosales en Infobae, titulado (prepárense para esto) “El papa Francisco puede salvar a Latinoamérica y reconstruir Occidente”.

Comienza hablando de lo que Francisco está haciendo en la Iglesia:
En estos pocos meses de papado, ha planteado uno a uno los grandes desafíos y problemas que afectaban a la institución espiritual más poderosa y extendida de la tierra. Las finanzas, la pedofilia, los abusos de todo tipo, entre otras incongruencias e incoherencias, enfrascado en un afán imparable de ir enfrentando las amenazas que la habían hecho tambalear en los últimos años y que hasta provocaron la renuncia de Benedicto XVI.
No tengo mucho que decir aquí porque la suerte de la Iglesia Católica y sus manejos internos no podría importarme menos. Lo único que puede destacarse es cómo el periodista coincide con buena parte de sus colegas en hablar de “desafíos”, “problemas” o “amenazas” para la Iglesia al referirse a delitos financieros y a crímenes de alto vuelo que son parte integral (y no fallas ni anomalías) del mecanismo de la institución eclesiástica: la Iglesia Católica nunca habría sobrevivido como foco de poder mundial sin apoyo de políticos inescrupulosos, sin lavado de dinero de mafias actuales y pasadas, sin secretismo y pactos de silencio, sin una autoridad verticalista e implacable, sin una eficaz estructura de ocultamiento de sus propias maldades. En un sistema como el de la Iglesia, al igual que ocurre en los ejércitos y en otras sociedades cerradas, no es una “incongruencia” que existan todo tipo de personalidades patológicas protegidas por el mismo sistema.

El artículo continúa con lo que quiere ser un análisis sociopolítico cuya tesis es que existe una amenaza al occidente cristiano por parte del Peligro Amarillo. Caída la Unión Soviética comunista, la hegemonía liberal/capitalista de Estados Unidos y Europa se encuentra frente a potencias emergentes, la principal de las cuales es China.
Por eso, todo hace suponer que en un proceso lento y gradual, la preponderancia de nuestra civilización y sus valores, la libertad individual, los derechos humanos, la trascendencia de destino, el progreso constante, pueden quedar subsumidos por un nuevo orden que poco a poco vaya imponiendo otros, más propios de otras civilizaciones. (…) Orden absoluto en lugar de libertad individual, Estado y autoridad omnipresente, muy poco lugar a la religión y a la trascendencia espiritual.
El autor de la nota pertenece a esa derecha conservadora que en Argentina gusta de autonombrarse “liberal”, por lo cual quizá prefiera ignorar que los valores de la libertad individual y los derechos humanos fueron anatema para la Iglesia Católica hasta hace muy poco en términos históricos. La Iglesia y el Papa que según su tesis podría liderar la defensa de nuestra civilización se oponen a la libertad más básica del ser humano, que es la de disponer de su propio cuerpo: nos prohíben el placer del sexo por sí mismo, tanto en pareja como en solitario; consideran a las mujeres embarazadas como meros contenedores de una persona humana con más derechos que ellas mismas; nos vedan incluso decidir cuándo queremos dejar de vivir. La Iglesia aboga incesantemente por limitaciones a la libertad de expresión y de prensa; se opone a la despenalización del consumo de ciertas drogas por parte de adultos libres y responsables; en Argentina, además, su jerarquía (con escasísimas excepciones) ha estado siempre del lado de quienes violaban los derechos humanos, antes del de quienes los defendían.

Con respecto a la religión, está claro que los valores del Occidente cristiano son mucho más tolerantes que los de la dictadura comunista China. Incluso lo son ante religiones distintas del cristianismo mayoritario, aunque esto es reciente y no precisamente debido al cristianismo sino más bien a sus detractores. En lo que se refiere a la “trascendencia espiritual”, el término es tan ambiguo como para resultar inútil; su uso habitual, en la práctica, refiere a la imposición de bendiciones y juramentos en reparticiones del estado, a catecismos forzados en las escuelas públicas y una veda de facto, para influyentes políticos o mediáticos, de toda crítica radical contra la superstición y las creencias irracionales que pueda ofender las sensibilidades “espirituales” de los ciudadanos.

Un Estado omnipresente y autoritario no es antitético a la existencia de la Iglesia Católica o del ejercicio de la religión (de la única religión verdadera, ¡obviamente!); en tanto Estado e Iglesia coordinen esfuerzos para someter a la población, su sociedad puede prosperar. El caso particular de China ejemplifica la memorable sentencia de Bertrand Russell en el sentido de que el comunismo y el cristianismo no son incompatibles por sus diferencias sino por sus similitudes. Por lo demás, la economía cuasi-capitalista intervenida y corporativista que está dando un impulso a las regiones más prósperas de China es un modelo mucho más cercano a la doctrina de la Iglesia que una economía capitalista liberal. La doctrina social católica sólo requiere que se respete hasta cierto punto la propiedad privada. En otros puntos, las diferencias no son esenciales. Por ejemplo, si China estuviese subpoblada en vez de superpoblada, y el estado chino prohibiera la anticoncepción y el aborto de la misma manera que ahora prohíbe tener más de uno o dos hijos, la Iglesia Católica con seguridad apoyaría esta restricción gravísima a la libertad con todas sus fuerzas y quizá hasta estaría dispuesta a dejar pasar otras intromisiones del estado.

El resto del artículo de Rosales es más de lo mismo. Hay que notar que el hombre no es un novato: escribió un libro sobre “Argentina en un mundo bipolar” y es co-autor de una biografía de Francisco. A juzgar por su manifiesta incomprensión de la ideología económica de Francisco (que es un populismo voluntarista de libro de texto), su investigación ha sido floja en este punto. O quizá sea que, simplemente, haya encontrado como tantos otros a un personaje que es, como anhelaba San Pablo, “todo para todos los hombres”: un papa carismático que sirve de espejo a las expectativas de católicos de nombre y de fanáticos, de cristianos de base y de alcurnia, de liberales, conservadores, socialdemócratas e izquierdistas, de empresarios piadosos y venales y de millones de pobres. Hasta ahora el espejo no ha sido más que eso, y a juzgar por quienes lo admiran desde sus posiciones de poder, más allá de todas las vagas expresiones de deseo, nadie espera que Francisco sirva más que para gestionar el statu quo.

jueves, 12 de diciembre de 2013

Rusia contra los homosexuales (una más y van…)

Rusia parece estar haciendo grandes esfuerzos por volver atrás el reloj del progreso y convertirse en uno de los lugares más odiosos del Occidente cristiano. En una de las últimas tentativas en ese sentido, el parlamento, contagiado del beaterío retrógrado de la Iglesia Ortodoxa, hizo ley otra medida destinada a marcar a los homosexuales como indeseables. Así lo anuncia, con rencoroso placer, el sitio de propaganda integrista InfoCatólica:
Las adopciones de niños rusos sólo se permitirán a Italia, que no admite el «matrimonio» gay. Lo ha declarado hoy el representante del Kremlin para los derechos de la Infancia, Pavel Astakhov, como informa la agencia Interfax. «Actualmente Italia es el único país en el que los ciudadanos tiene la posibilidad de adoptar niños rusos», ha explicado Astakhov, «porque este país no reconoce el «matrimonio» homosexual, y, en consecuencia, no debemos cambiar nada en el acuerdo vigente y, además, ellos respetan los términos de este acuerdo».
La ley, aprobada en junio, dictamina que no se pueden dar niños rusos en adopción a gente de ningún país que reconozca el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Rusia sólo tenía acuerdos de adopción con algunos países europeos y con Estados Unidos; estos últimos quedaron invalidados por otra ley, dictada en represalia por Rusia luego de un escándalo internacional que nada tuvo que ver con el asunto, y de los países europeos con los que Rusia tenía acuerdos, sólo Italia permanece a la zaga del resto considerando a las parejas homosexuales como indignas de reconocimiento estatal. Nótese que la ley no prohíbe meramente dar niños en adopción a parejas del mismo sexo de ciertos países, sino que elimina toda posibilidad de acuerdo con esos países, sin más.

A diferencia de la mayoría de los países civilizados, en los últimos años en Rusia la homofobia ha aumentado en vez de disminuir. Los legisladores rusos no hacen sino responder a esa tendencia, quizá por su propio odio, quizá afectando lo que creen que les traerá adhesiones. Los homosexuales son el chivo expiatorio de un gobierno en decadencia, blanco de violencia entre cuyos autores se mezclan seguidores de la Iglesia Ortodoxa y grupos neonazis. Putin ha llegado a decir que los gays están despoblando Europa, idea que nos resulta familiar a los que prestamos atención a las divagaciones de los “pro vidas” católicos y de los papas; para el patriarca ruso Kiril, reconocer los matrimonios homosexuales es un signo del apocalipsis. Todo el asunto es una mezcolanza tóxica entre un nacionalismo exacerbado con una identidad vinculada patológicamente al cristianismo y una confluencia de intereses entre el autoritarismo de Putin y el fanatismo medieval de los ortodoxos.

(Vale la pena leer los tres o cuatro comentarios en la nota de InfoCatólica que cité al comienzo. Le dan a uno escalofríos pensar en lo que haría esta gente con aquéllos que les caen mal si tuvieran detrás el poder de un gobierno para hacerlo.)

lunes, 9 de diciembre de 2013

Una mujer contra los obispos

Por primera vez una mujer demandó judicialmente a la Conferencia de Obispos de Estados Unidos por su imposición del dogma antiabortista por sobre la salud de los pacientes.

La mujer, Tamesha Means, estaba embarazada de 18 semanas cuando sufrió una ruptura prematura de membranas y recurrió de urgencia a Mercy Health Partners, un establecimiento sanitario que se identifica como católico. El embarazo estaba virtualmente perdido y Means sufría un terrible dolor, pero los médicos, en cumplimiento de las directivas de la Iglesia, se negaron a provocarle un aborto. Volvió más tarde y fue rechazada nuevamente. La tercera vez, ya con una infección y mientras en el hospital se preparaban para enviarla a su casa nuevamente, Means abortó espontáneamente; sólo entonces le dieron la atención debida. El hospital no se negó a realizar un aborto: ni siquiera se lo mencionaron.


No se trató de un caso de objeción de conciencia. Si la legislación lo permite (puesto que no es un derecho sino una excepción) un profesional médico puede negarse a realizar un aborto, pero debe informar a la paciente para permitirle que busque a otro profesional que sí lo haga. En el contexto de una institución de salud, la misma es responsable de contar con un profesional que esté dispuesto a hacerlo, o de derivar a la paciente a otro hospital.

Pero aquí no se ofreció información ni alternativas. El hospital Mercy Health Partners es católico, frase un poco absurda (¿cómo puede tener fe religiosa una institución, cuando la fe es un asunto personal?) que se resume en que las leyes y la ética normales no se aplican, sino las directivas de un grupo de hombres célibes sin conocimiento alguno del tema, elegidos a dedo por un monarca absolutista extranjero. Las Directivas Éticas y Religiosas para los Servicios Católicos de Cuidado de la Salud, documento de los obispos estadounidenses que “sus” hospitales deben respetar, prohíben el aborto bajo cualquier circunstancia. Esto incluye, aunque no lo dice específicamente, el riesgo de vida de la mujer embarazada.

Una vez más queda probado que los hospitales católicos no son seguros para las mujeres, y que permitir que las leyes cedan lugar a la doctrina religiosa en la vida pública es una claudicación inadmisible por parte de los legisladores.

sábado, 30 de noviembre de 2013

El Código Civil, la moneda papal y el cura antidrogas

El Senado argentino dio finalmente media sanción al proyecto de ley de Código Civil con las concesiones que la Iglesia Católica había pedido. El “nuevo” Código, que ahora tendrá que pasar por la Cámara de Diputados, sigue siendo un producto cabal del siglo XIX. O quizá no: los legisladores decimonónicos que promovieron la educación laica y legalizaron el matrimonio civil —medidas, ambas, que la Iglesia anatematizó y condenó como seguras destructoras de la sociedad— se habrían asombrado bastante.

Imagino que nuestros liberales de 1880 también se habrían sorprendido por la reciente aprobación casi unánime de un proyecto de ley para acuñar una moneda conmemorativa del ascenso al trono del Papa Francisco. Se dice que la Cámara de Diputados es tradicionalmente menos conservadora que el Senado, lo cual se explica por su diferente proporción de legisladores de las provincias pequeñas y alejadas del cosmopolitismo porteño. Si es así, no se notó para nada esta vez. Es probable que no se trate de conservadurismo sino de mero oportunismo, farandulismo o indiferencia.

A favor de la moneda del autócrata vaticano votaron 177 diputados, incluidos peronistas “de izquierda”, “progresistas” y “socialistas”; hubo tres votos negativos, uno de ellos del socialista mudado al kirchnerismo Jorge Rivas, y una abstención. La composición de la Cámara es algo diferente de la que en 2010 votó a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo, pero con seguridad hay unos cuantos legisladores que en ese momento fueron parte del “plan del Padre de la Mentira” (palabras de Jorge Mario Bergoglio) y que ahora son favorables a la monedita.

La diputada Marcela Rodríguez fue, hasta donde sé, la única que explicó en detalle su voto en contra, explayándose sobre la laicidad estatal con un escrito dirigido al presidente de la Cámara, que entre muchos otros puntos se adelanta a las previsibles excusas de que la moneda franciscana representa un homenaje a valores o ideas compartidas, prescindiendo de la religión. Lo hace a través de una cita de Roberto Saba, que se refiere a los símbolos religiosos, pero que se puede extrapolar fácilmente al asunto de la moneda. El Papa Francisco no es sólo un argentino notable que exalta la humildad y la compasión; como papa, es un símbolo del poder de la Iglesia Católica, de absolutismo político y moral, y sus valores son valores católicos, que como todos sabemos permanecen dentro de muy estrictos límites dogmáticos.

Lo de la moneda fue el broche de oro de una semana de acelerado retroceso hacia el chupacirismo estatal que incluyó no sólo el asunto del Código Civil sino el nombramiento de un Jefe de Gabinete genuflexo y miembro del Opus Dei, la confirmación (poco comentada) de un Ministro de Salud también vinculado a la secta católica, y el inédito nombramiento de un sacerdote “progre”, amigo de la familia presidencial y del susodicho Jefe de Gabinete, al frente del SEDRONAR, la agencia estatal de lucha contra la drogadicción y el narcotráfico.

Juan Carlos Molina, el sacerdote en cuestión, no tiene otra calificación profesional que la de dirigir un par de ONGs subsidiadas de manera discrecional y bastante turbia por sus referentes políticos, cuya labor sin duda meritoria representa un ejemplo más de la privatización y el consiguiente abandono de la responsabilidad del estado sobre la prevención y el control de la adicción a drogas, comparable a la de la tercerización del cuidado de los presos a manos de pastores evangélicos que ocurre en pabellones enteros de varias cárceles argentinas con total anuencia de las autoridades.

Por lo demás, la forma de expresarse de Molina (al menos en Twitter) es casi una caricatura del cura voluntarista, siempre alegre y propenso al uso de citas bíblicas bobas. Esperemos que Fabio Alberti esté prestando atención. En el clima de babosidad pro-sotana que se vive hoy en Argentina, me consuelo recordando que alguna vez pudimos ver en nuestra TV esta magistral síntesis de la superficialidad clerical.

miércoles, 27 de noviembre de 2013

Dar derechos al embrión es quitárselos a la mujer


En mi artículo anterior escribí sobre lo que implica definir por ley que la existencia de la persona humana comienza con la concepción. Lo hice motivado por el reciente éxito del lobby antimujeres católico en su interferencia con el proyecto de ley del nuevo Código Civil argentino, mediante la cual lograron reafirmar la cláusula de “persona desde la concepción”, desechar una modificación que habría permitido la fecundación asistida e imponer al Congreso el dictado de una ley de protección del embrión no implantado. (El Código no ha sido aprobado aún y no lo será hasta el año que viene al menos, pero las posibilidades de que se modifiquen estos puntos son remotas, dada la beatería de los líderes parlamentarios y el unánime terror de gobierno y oposición a molestar al Papa.)

El artículo 19 del Código Civil argentino ya hablaba de “persona desde la concepción”, pero era un punto poco recordado, perdido entre miles de otras disposiciones legales igualmente arcaicas y obsoletas. Dejarlo como está en una reforma, sin embargo, implica una reafirmación y una demostración de fuerza de los católicos. Ya hablé de algunas de las consecuencias que podrían derivarse de transformar en ley la noción metafísica, espiritualista, de que con la unión de un óvulo y un espermatozoide aparece automáticamente una entidad llamada “persona humana” que tiene todos los derechos de una persona de verdad.

Algún lector quizá crea que con algunos ejemplos (mujer embarazada condenada por perder un embarazo al chocar el auto que conduce, etc.) no intenté más que una reducción al absurdo. El propósito de este artículo es demostrar que no fue así.

Hay varios estados de Estados Unidos donde los conservadores religiosos, con más poder que en Argentina y con una estructura legal diferente (más poder local, menor injerencia federal), han logrado imponer leyes de protección de los embriones e incluso leyes que dictaminan que existe una persona humana desde la concepción. (La jurisprudencia que permite el aborto en Estados Unidos no lo expresa como un derecho; expresa que el estado sólo puede intervenir en el primer trimestre de la gestación para proteger la salud de la mujer, y luego de este plazo, sólo puede regular la interrupción del embarazo si admite expeciones para preservar la salud de la mujer. Esto deja la puerta abierta a leyes que, sin prohibir el aborto, lo limitan severamente por otros medios.) Hace unos días, coincidentemente con los entretelones del Código Civil argentino, me encontré leyendo un reporte sobre las consecuencias de esas leyes sobre la libertad de las mujeres.

Se trata de un trabajo de National Advocates for Pregnant Women (NAACP), una organización estadounidense que “busca proteger los derechos y la dignidad humana de todas las mujeres, particularmente las embarazadas y las madres y aquéllas que son más vulnerables”. El estudio
identifica cientos de casos criminales y civiles involucrando los arrestos, detenciones y privaciones equivalentes de libertad física de mujeres embarazadas que ocurrieron entre 1973 y 2005, luego de producida la decisión Roe vs. Wade.
Roe vs. Wade fue el caso que, tras un fallo de la Corte Suprema, permitió que las mujeres abortaran sin ser perseguidas penalmente.
En cada uno de los 413 casos, el embarazo fue un elemento necesario y las consecuencias incluyeron: arrestos; encarcelamiento; prolongación de sentencias de prisión o detención; detenciones en hospitales, instituciones psiquiátricas y programas de tratamiento de la drogadicción; intervenciones médicas forzadas, incluyendo cirugías. Los datos mostraron que las autoridades estatales han usado medidas legales post-Roe incluyendo leyes de feticidio y leyes antiabortistas que reconocen derechos particulares a los cigotos, embriones y fetos como base para privar a mujeres embarazadas (sea que buscasen interrumpir el embarazo o llevarlo a término) de su libertad física. Estos hallazgos marcan claramente que si se ponen en efecto lo que se llama medidas de “personería”, no sólo serán arrestadas más mujeres que abortan, sino que tales medidas crearían las bases legales para privar a todas las mujeres embarazadas de su status de personas de pleno derecho.
El estudio documenta 413 casos distribuidos en casi todo Estados Unidos a lo largo de 32 años, advirtiendo que seguramente sean muchos más, y sin incluir otros 250 casos documentados desde 2005 a la fecha de publicación (enero de 2013). Algunos ejemplos:
  • Una mujer embarazada se cayó por una escalera. Fue arrestada acusada de intentar matar al feto.
  • Una adicta a los opiáceos fue a un hospital a pedir ayuda para tratarse de su adicción. Al descubrir que estaba embarazada, se la forzó a internarse en una clínica psiquiátrica.
  • Hay varios casos de mujeres forzadas a someterse a exámenes ginecológicos invasivos o incluso a una cesárea, en teoría para proteger al feto.
Las mujeres más propensas a sufrir estos ataques a su libertad son las más pobres; en buena parte de los casos las denuncias provienen de personal sanitario en violación de su deber de confidencialidad.

Esto no puede dejar de sonar conocido a los argentinos. En nuestro país es sabido que con dinero se puede abortar con seguridad y sin consecuencias penales, y que las mujeres pobres son las que menores chances tienen de ejercer sus derechos reproductivos. También sabemos que en cualquier hospital uno puede encontrarse con médicos o enfermeros devotos que consideran que su religión está por encima de la ley y que, ante una mujer que busca ejercer sus derechos, correrán a denunciarlo para entorpecerlo. Peor aún, los hospitales públicos están infestados de monjas y curas, incluso como personal pago (capellanes), que meten la nariz donde nadie los llama. Hay, en resumen, una gran cantidad de personajes dedicados con pasión a vigilar que las mujeres gesten y den a luz sus hijos cuando y como ellos desean.

Un embrión no es una persona de ninguna manera que nuestro sentido común pueda reconocer, y no debe serlo según la ley, por más que se apele a los tratados internacionales que Argentina ha suscripto y que parecieran obligarla a ello. Esto dice el comunicado de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) sobre el tema:
Respecto del comienzo de la existencia de la persona humana “desde la concepción”, resulta alarmante que se mantenga una disposición obsoleta redactada en el siglo pasado y que incluye un término (“concepción”) sumamente vago que carece de un significado biológico preciso. Esta norma no recepta los avances científicos en la materia ni la jurisprudencia más reciente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Artavia Murillo”. Allí, la Corte Interamericana concluyó que el embrión no puede ser entendido como persona a los efectos del artículo 4.1 (derechos a la vida) de la Convención Americana de Derechos Humanos y que la protección del derecho a la vida no es absoluta, sino que es gradual e incremental según su desarrollo.
¿Le importará algo de todo esto a nuestros políticos? La mayoría de ellos no parecen muy inteligentes, ni educados, ni interesados en estar al día con la jurisprudencia relativa a lo que deben votar como legisladores.

lunes, 25 de noviembre de 2013

Lo que implica la “persona humana desde la concepción”

Hace unos días, la mayoría legislativa kirchnerista entregó la cabeza del nuevo Código Civil argentino en una bandeja a la Iglesia Católica, en la persona de su campeona “pro vida” la senadora Liliana Negre de Alonso, como expliqué en mi artículo anterior.

Comencé entonces diciendo que el proyecto de ley de Código Civil implicaba un retroceso específicamente en los derechos de las mujeres, aunque no me explayé demasiado sobre el tema. Debería ser obvio que reafirmar que “la persona humana existe desde la concepción” es un ataque contra las mujeres, pero quizá no lo sea para todos o no se comprendan en plenitud los efectos de una declaración legal de esa naturaleza.

La postura cristiana conservadora frente al aborto siempre me ha parecido un fingimiento. Oponerse al aborto, como oponerse a la homosexualidad o a los anticonceptivos, puede transformarse fácilmente en una consigna, una bandera ideológica y una marca identitaria: el santo y seña por el cual los conservadores se reconocen y el grito con el cual marchan juntos a la batalla más allá de (y sin tener que pensar en) diferencias de detalle que los separen. Pero imaginemos, por un momento, que hay personas que realmente creen que “la persona humana comienza con la concepción”, que esa “persona” recién concebida es tan persona como ella misma y que están dispuestos a seguir esa idea hasta sus últimas consecuencias.

Y ahora imaginemos que la persona-desde-la-concepción es ley, y que uno de esos creyentes consecuentes es el encargado de hacer cumplir la ley.


De pronto, cada cosa que pueda poner en peligro a un óvulo fecundado es una amenaza contra una persona. Un cigoto es una cosa muy frágil; de hecho, diferentes estimaciones dicen que entre un 30% y un 70% de los cigotos son abortados espontáneamente, muchos antes de implantarse en el útero y casi siempre sin que la mujer siquiera lo note, por cosas tan sencillas como un cachito de cromosoma de más o de menos. Pero eso es “natural”, así que no cuenta, nos dicen los “pro vidas”. Tal criterio es ilógico, como el lector podrá comprobar si reflexiona unos segundos: en nuestra sociedad no sólo hay leyes contra el asesinato sino también leyes que obligan a colocar pararrayos en los edificios altos, leyes que nos fuerzan a vacunar a nuestros hijos y campañas para incentivarnos a comer comida sana; presiones e influencias, en fin, que buscan protegernos de la “naturaleza”. Si la naturaleza aborta a la mitad de los embriones, estamos ante un nivel de letalidad que deja chiquitas a la viruela, la polio, el sarampión, la difteria y el tétanos; y sin embargo, no vemos a ningún “pro vida” haciendo campaña desesperadamente en favor de la investigación científica que permita salvar a esas millones de personas. Si un cigoto es una persona, en el tiempo que te llevó leer este párrafo han muerto miles de personas indefensas y a nadie le importa.

En el anteproyecto de Código Civil había una previsión específica para la fecundación asistida. Esa previsión se quitó a instancias de la Iglesia, incorporándose en cambio una promesa de reglamentar la “protección del embrión no implantado” por medio de una ley especial. Este cambio, aplicado como un parche entre gallos y medianoche, motivó la indignación de más de uno:
“Es gravísimo —alertó el jefe del bloque de diputados radicales Ricardo Gil Lavedra—. ¿Qué significa esto? ¿Que al que se le cae por error una probeta incurre en aborto? No tenemos sancionado nada serio sobre preservación de los embriones y estamos diciendo que son personas”, exclamó.
Gil Lavedra no se equivoca, aunque tampoco lo ve muy claro. En la práctica, cumplir el Código Civil tal como se lo propone implica el fin de la fecundación asistida legal, ya que incluso las técnicas más modernas implican la producción y manipulación de embriones.

En nuestro ordenamiento legal, si uno causa daño a otra persona por negligencia, le caben penas menores que si lo hace buscando causar daño adrede, pero penas al fin. Una mujer embarazada que no busca abortar pero que se comporta de manera que podría dañar al nascituro, ¿no entra en la misma categoría?

De pronto, una mujer que pierde su embarazo en un accidente automovilístico causado por su mala conducción es penada de la misma manera que si en ese accidente hubiese muerto su hijo de cinco años sentado en el asiento del acompañante sin arnés ni cinturón de seguridad (y es penada incluso aunque ella misma no supiese aún que estaba embarazada). Una mujer que llega a la guardia de un hospital con un aborto espontáneo en curso es acusada de haber intentado un aborto provocado. Una mujer que fuma o bebe alcohol queda embarazada y su esposo o un juez la hace internar en una clínica de rehabilitación hasta el final de la gestión, para que no consuma drogas que pueden dañar al nascituro (con el mismo criterio con que la justicia le impide a los padres darle drogas adictivas a sus hijos menores de edad).

¡Y hay más! Un trabajador en una clínica de fertilidad, como imaginaba el diputado, deja caer una probeta con un embrión que iba a ser implantado, y la receptora frustrada lo acusa de homicidio. En esa misma clínica de fertilidad, un corte de energía generalizado y prolongado hace que se descongelen y malogren miles de embriones preservados en frío: ¡una masacre causada por no contar con generadores de energía autónomos y redundantes!

Estos casos no son totalmente hipotéticos. Ya existe en Argentina un precedente de acusación de “doble homicidio” por el asesinato de una mujer embarazada. Si parece que nadie presta atención al Código Civil es porque de hecho en Argentina son muy pocas las leyes que verdaderamente se cumplen (aunque en este caso deberíamos dar gracias). En un próximo artículo les voy a contar sobre lo que ocurre en Estados Unidos, donde hace tiempo que, siendo legal el aborto, existen sin embargo muchos casos donde las leyes impulsadas por conservadores religiosos, y hechas cumplir al pie de la letra, han quitado derechos a las mujeres para concedérselos a los nascituros.